Opinión Internacional

60 años de la OEA, entre democracias, dictaduras y autoritarismos

En abril de 1948 en un Bogotá convulsionado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, nació la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos se había propuesto valerse de su indiscutible liderazgo como potencia vencedora, para acudir a la probada solidaridad americana demostrada durante el conflicto bélico, esta vez en búsqueda del apoyo para la reconstrucción europea, continente en el cual se jugaba la guerra fría que recién se iniciaba, lo que requería una nueva posposición de los países latinoamericanos en sus expectativas de cooperación.

De las resoluciones aprobadas en la IX Conferencia, la que mejor expresaba esta prioridad era la de la “Preservación y Defensa de la Democracia en América”; que a pesar de que declaraba la incompatibilidad con cualquier tipo de totalitarismo con la concepción de la libertad americana, se orientaba fundamentalmente a frenar el peligro del comunismo.

Rómulo Betancourt, quien presidía la delegación venezolana, fue exponente de la corriente democrática que aspiraba tanto para Venezuela como para la región; misión que contaba con pocas simpatías en una organización mayoritariamente representada por dictaduras avaladas por la potencia continental, que las consideraba más incondicionales aliadas.

La posición de Betancourt, que combinaba su respaldo a la orientación anticomunista aspirada por los Estados Unidos con sus expectativas democráticas, se resume en su intervención del 6 de abril cuando afirmó: “La evidencia del peligro extracontinental no podría conducirnos al error de olvidar estas lacerantes realidades americanas… Democratizado el Continente, sí podrá contraponerse eficazmente un modo de vida americano, armonioso y libre, a la brutal concepción del Estado-Policía que hoy se enseñorea en extensa porción de Europa”…
Finalizando la década de los 50, con el derrocamiento de las dictaduras de Venezuela, Colombia y Cuba, se produjo un auge democrático en el continente, que encontró expresión en la OEA con la aprobación de la Declaración de Santiago de Chile en la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones en agosto de 1959, en la cual se enunció que la existencia de regímenes antidemocráticos constituía una violación la OEA y un peligro para la convivencia solidaria y pacífica en el Hemisferio
Pronto fue desplazada esta intención; el giro socialista adoptado por el gobierno de Cuba, le otorgó presencia real al tan anunciado peligro comunista, incrementando los temores relacionados con la seguridad hemisférica. Las solicitudes preventivas de solidaridad de los EEUU en contra del régimen cubano acapararon la atención de la OEA, convirtiendo la década de los sesenta en la más convulsionada de su historia, copada de denuncias contra Cuba desde la reunión de Punta del Este en enero de 1962, cuando se le excluyó del Sistema Interamericano.

Salvo la inevitable condena contra el gobierno del dictador dominicano al demostrarse su participación en el intento de asesinato del presidente Betancourt, no corrieron la misma suerte las denuncias del gobierno venezolano, en el empeño de liderizar el aislamiento a las dictaduras y de exclusión del sistema interamericano de los gobiernos surgidos de los golpes de Estado, de acuerdo a lo pautado en la doctrina Betancourt conforme al espíritu del Art. 5 de la carta de la organización y de la declaración de Santiago.

Fue menester esperar a que se disiparan los temores de revolución en el Continente con la caída del bloque socialista, para que se generara un clima de consenso democrático en el órgano regional , que acaparó la agenda de la OEA en los años 90, cuando se aprobaron la Unidad para la Promoción de la Democracia, la Resolución 1080, el Protocolo de Washington y el Compromiso de Santiago; mecanismos para la estabilidad democrática que establecieron la posibilidad de suspender un gobierno en caso de ruptura del orden democrático y constituyeron antecedentes a la Carta Democrática Interamericana ,aprobada en el año 2002.

Sesenta años después de creada la OEA, luce como principal logro democrático, para nada desdeñable, la disuasión a los intentos de golpes de Estado; pero se ha mostrado incapaz para avanzar en su desempeño, aceptando resignadamente la proliferación de autoritarismos legitimados por los votos, que les ha otorgado el respaldo de la organización y les ha permitido desentenderse del compromiso con las democracias vecinas, e incluso, como en el caso del gobierno venezolano y el eje del ALBA, promover grupos disidentes contra gobernantes legítimos, además de promover proyectos incompatibles con el contenido de la Carta Democrática suscrita, como es el caso de la democracia participativa y socialismo del siglo XXI.

En esta oportunidad Estados Unidos ha comenzado a pagar las consecuencias de su indiferencia hacia Latinoamérica, lo que le ha valido la mengua de la incondicionalidad de sus antes incondicionales aliados, y ha convertido en inútiles, e incluso inconvenientes, sus expresiones de preocupación por el giro radical que ha venido tomando la región.

Agreguemos que su poderío intenta ser competido por un gobernante que utiliza discrecionalmente las riquezas de su país, otorgando cheques sin más devoluciones que la incondicionalidad, o al menos el silencio cómplice, dependiendo del aliado.

El escaso interés de los gobiernos integrantes de la organización para impulsar controles y principios democráticos con los cuales están en deuda, encuentra aliento en una gestión del Secretario General que le hace honor a su apellido, empeñada en minimizar la gravedad de las denuncias de distinta naturaleza de violaciones a los más elementales principios de la democracia, cuya atención resulta un factor decisivo que un continente convulsionado requiere con urgencia.

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