Opinión Internacional

Ampliación del Canal de Panamá

(%=Image(8309544,»l»)%)Ciudad de Panamá (AIPE)- Cuando se inició la construcción del Canal en 1904, Estados Unidos era una potencia emergente luchando por una mayor participación en el balance del poder global. El Canal fue concebido bajo dos parámetros, uno comercial y otro estratégico-militar. Sus áreas adjuntas eran territorio soberano del gobierno de Estados Unidos y en sus riberas se creó un complejo militar extraordinario, conocido como el Comando Sur.

Casi un siglo después, Estados Unidos es la única superpotencia global y no enfrenta riesgos estratégicos de importancia en la región, el comercio mundial ha crecido exponencialmente y el Comando Sur se mudó a la Florida. El Canal de Panamá es manejado soberana e integralmente por panameños, sin ningún control ni jurisdicción extranjera y aporta a las arcas del gobierno nacional casi 500 millones de dólares en ganancias. Durante el período de administración norteamericana, la operación estaba subsidiada.

Sin embargo, de acuerdo con la “Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá”, documento oficial de la Autoridad del Canal de Panamá, la vía corre el peligro de quedar rezagada al no adaptarse a las nuevas condiciones del mercado marítimo mundial, pues está operando casi a su máxima capacidad y el sistema de esclusas, diseñadas y construidas a principios del siglo XX, no permite el paso de los nuevos superbuques de carga, conocidos como Post -Panamax.

Para solucionar este inconveniente, los expertos del Canal recomiendan la construcción de un tercer juego de esclusas de mayores dimensiones, para complementar a las existentes, que permitan ampliar la capacidad de tránsito, doblándola en siete años, al permitir el paso de buques de mayor tamaño. La inversión requerida es de aproximadamente 5.250 millones de dólares, de los cuales 2.300 millones de dólares requieren ser financiados. Con la ampliación se espera que el aporte que el Canal hace al gobierno panameño se triplique para el año 2015 y que sea ocho veces mayor para el año 2025. De llevarse a cabo la ampliación, una inversión de tal magnitud tendría un gran impacto en la economía local, ya que durante la construcción de la obra (2007-2014) se generarían unos 7.000 empleos directos y aproximadamente 40.000 empleos indirectos, pudiéndose generar en los años 2015 a 2025 entre 150.000 y 250.000 nuevas plazas de trabajo.

A pesar de su bien fundamentada propuesta, la ampliación del Canal ha generado un debate nacional, en la que un sector minoritario de la sociedad se opone al proyecto. Los opositores proponen, como solución inmediata, la construcción de un mega-puerto en la entrada oeste del Canal, con capacidad para atender a los grandes buques portacontenedores, traspasando su carga a buques de menor tamaño. Sugieren así posponer la expansión hasta que se definan claramente las condiciones del mercado naviero, en especial el futuro de los buques Post-Panamax y su incidencia en las rutas marítimas que afectan la rentabilidad del Canal. Consideran además que el monto de la inversión en este momento podría más bien orientarse a resolver necesidades sociales urgentes de la población, sin correr el riesgo de un mal paso en las obras y el financiamiento

Otra de las grandes preocupaciones es el resultado que podría derivar de un manejo inadecuado de las abultadas ganancias futuras del Canal, en manos de gobiernos ineficientes y con una tradición de corrupción. En este sentido, los más osados, entre ellos Carlos Ernesto Gonzáles Ramírez de la Fundación Libertad, han propuesto distribuir las ganancias equitativamente entre la población.

Sin duda alguna el debate va a ir tomando calor en la medida que se acerca la fecha del referéndum constitucional que, programado para este año, va a definir el futuro del Canal. Existe el peligro de que se politice el debate y el voto popular se utilice para castigar o premiar la gestión del actual gobierno, en vez de favorecer o no la propuesta. En este sentido la historia reciente favorece la primera opción.

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