Argentina: Acusan a policías de participar en escuadrones de la muerte

(%=Image(7128553,»R»)%)Buenos Aires: La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, denunció que la policía provincial fraguó tiroteos para justificar la muerte de 60 menores de edad que habían denunciado a la fuerza por torturas, maltrato y otros apremios ilegales entre 1999 y el 2000.

En el mes de julio, esta Suprema Corte había dado a conocer la creación de un registro en su ámbito en el cual se certificaban alrededor de 800 denuncias de menores de edad que aducían haber sufrido castigos corporales y otros vejámenes en comisarías barriales. Al cruzar los datos de estos menores con los de menores
muertos en enfrentamientos con la policía, los miembros de la Corte encontraron que unos 60 de estos adolescentes, la mayoría entre 14 y 17 años, habían presentado denuncias de este tipo para luego aparecer muertos en un supuesto
tiroteo con las fuerzas policiales. Llamó la atención, también, que varios de ellos
encontraron la muerte en la jurisdicción de la comisaría cuyas autoridades habían denunciado. La sospecha de la existencia de «escuadrones de la muerte» policiales para librarse de los menores acusadores cobró fuerza y comenzó a ser investigada.

La Policía Bonaerense, nombre del cuerpo policial en la provincia de Buenos Aires, tiene una larga historia de autoritarismo, prácticas abusivas y violaciones a los derechos humanos de la población. Durante la dictadura militar estuvo involucrada en crímenes terribles y su accionar contribuyó al clima de terror que se vivía en aquél momento. Si bien durante los casi 20 años de democracia estos hechos han
menguado, continúan vigente en esta fuerza casos de corrupción y de los denominados «gatillo fácil» que han provocado la muerte de numerosos inocentes. Calificada por el ex gobernador y actual senador nacional electo Eduardo Duhalde
como «la mejor policía del mundo», en la actualidad un grupo de ex miembros de esta fuerza están enjuiciados por su presunta participación en la voladura del edificio de la mutual israelita (AMIA), que en julio de 1994 provocó la muerte a casi un centenar de personas y fue el peor acto terrorista cometido en la historia del país.

Pero la Bonaerense no actúa sola. El actual gobierno de la provincia, a cargo de Carlos Ruckauf, que fue vicepresidente de Carlos Menem durante su segundo período, se ha caracterizado por sostener una política y un discurso de «mano
dura» y «tolerancia cero» con la delincuencia. Si bien es cierto que los delitos han aumentando sustancialmente en los últimos años en todo el país, esta política represiva ha incrementado la violencia, tanto de las acciones policiales,
como de la delincuencia.

Reclaman cambios sustanciales en la legislación vigente

En la provincia de Buenos Aires existen serias falencias en el sistema carcelario y también en la legislación penal referida a los menores. Como no existen institutos suficientes donde alojar a los menores detenidos por haber cometidos delitos, se los aloja en las comisarías barriales, hecho que está prohibido por la ley. Allí los menores viven hacinados en celdas pequeñas, con poca higiene, mala alimentación y expuestos a los malos tratos de la policía, muchas veces provocados por el enojo
que suscita en la fuerza el aumento de muertes de policías en enfrentamientos con bandas de delincuentes en las que participan menores de edad.

Los especialistas en minoridad consideran que es imperioso que cambie la legislación vigente en la provincia y comience a regir a la brevedad la ley de Protección Integral que la legislatura provincial sancionó el año último y que en la
actualidad se encuentra suspendida. Esta ley tiene en cuenta el sistema de garantías consagrado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que adhirió la Argentina en 1994. En la actualidad, hay unos 800 menores presos por causas penales y otros 8000 que viven en institutos estatales por causas asistenciales, pero bajo regímenes casi similares, privados de su libertad y sometidos a maltratos. No existen en la provincia sistemas alternativos como las residencias educativas o la libertad asistida. Aun los niños que realizan tareas o mendigan en la calle son «protegidos» por el estado provincial de la misma manera que si delinquieran. Aunque no hayan quebrantado la ley, la policía los detiene y los aloja en una comisaría para que luego el juez de menores lo envíe a un instituto, donde vivirán alejados de sus familias y en un régimen similar al carcelario.

Torturas en comisarías

Pero no sólo los menores han denunciado la práctica de torturas en las comisarías. En la ciudad de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, con medio millón de habitantes, fue denunciada una comisaría por la aplicación de tormentos con picana eléctrica a detenidos adultos. La comisaría fue allanada por investigadores judiciales que encontraron elementos que podrían haber sido utilizados para provocar descargas eléctricas a los detenidos durante los interrogatorios. La comisaría fue
intervenida. Pero no sería la única donde se practican tormentos similares a los utilizados durante la dictadura militar. Se estima que muchos detenidos no realizan denuncias contra la policía por temor a represalias contra ellos o sus familias.

El gobernador Ruckauf decidió reemplazar de inmediato a los ministros de Seguridad, un ex comisario, y de Justicia de la provincia, en respuesta a las graves denuncias de asesinatos de menores en enfrentamientos inexistentes. El nuevo ministro de Seguridad es un civil, militante del Partido Justicialista, que ha
prometido investigar las denuncias de la Suprema Corte. También dijo que no delegará funciones en miembros de la Policía Bonaerense y declaró que «el peor enemigo de las fuerzas de seguridad es el mal policía». Espera encauzar las acciones necesarias para que esto cambie, pero su trabajo no será fácil porque la mayor parte de la población no sólo desconfía de la policía sino que le teme.