Bolivia: Ataques y amenazas contra medios y periodistas

Nueva York, 17 de octubre del 2003-El Comité para la Protección de
los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente alarmado por
los ataques y amenazas contra medios de prensa y periodistas esta semana
durante las masivas protestas antigubernamentales que amenazan con derrocar
al gobierno boliviano.

El miércoles 15 de octubre, atacantes no identificados volaron los
equipos de transmisión del Canal 13 de televisión y de la radioemisora
católica Radio Pío XII, ambos con sede en la ciudad de Oruro, lo que los
obligó a salir del aire. De acuerdo con el periodista de Radio Pío XII
Grover Alejandro, cerca de las 6 p.m. varios oyentes comenzaron a llamar a
la radioemisora para informar que se había caído la señal del Canal 13, el
que había estado bajando de forma intermitente la señal de Radio Pío XII.

Cerca de 15 minutos más tarde, más oyentes llamaron para decir que
no podían recibir la señal de la radioemisora. Otros personas que llamaron
dijeron haber escuchado dos explosiones. Alejandro señaló al CPJ que un
guardia de seguridad del cerro donde los transmisores están ubicados declaró
que varios hombres encapuchados y armados con pistolas lo sometieron y
detonaron dos explosivos, destruyendo los equipos.

Tanto Radio Pío XII, afiliada a la cadena de Educación Radiofónica
de Bolivia (ERBOL), como el Canal 13, dirigido por la Universidad Técnica de
Oruro, han dado amplia cobertura informativa a las masivas protestas contra
el gobierno. Las autoridades universitarias culparon al gobierno del ataque,
de acuerdo con el diario La Patria de Oruro. Radio Pío XII sigue fuera del
aire, mientras que el Canal 13 pudo retomar sus transmisiones utilizando su
equipo antiguo, según Alejandro.

También el 15 de octubre, oficiales del ejército amenazaron a Carlos
Colque Muriel, corresponsal de ERBOL en Patacamaya, mientras cubría
enfrentamientos entre mineros y el ejército en la localidad, ubicada 100
kilómetros al sur de La Paz. Coque indicó al CPJ que fue alcanzado en la
espalda por una bala de goma disparada por los soldados pero no sufrió
heridas, al parecer porque la bala fue disparada a larga distancia. Según
Colque, mientras estaba trabajando, los soldados apuntaron las armas en su
dirección en varias ocasiones.

El semanario Pulso de La Paz informó que su edición especial del 15
de octubre, que traía un editorial que exhortaba al Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada a renunciar, había sido parcialmente «decomisada». De
acuerdo con Gustavo Guzmán, jefe de redacción de Pulso, varios individuos
en una camioneta verde que simulaban ser del plantel del semanario,
confiscaron ejemplares de la revista en una zona al sur de La Paz.

Vendedores de diarios confirmaron más tarde la información al semanario.

Pulso, que circuló normalmente en el resto de la ciudad, también descubrió
que alguien había comprado una gran cantidad de ejemplares en el norte de La
Paz. Guzmán sospecha que funcionarios del gobierno pueden haber intentado
sacar de circulación ejemplares del semanario. Por su parte, el matutino El
Diario de La Paz, afirmó que individuos no identificados habían confiscado
varios ejemplares de su edición del 15 de octubre, que incluía un artículo
que trataba la posible renuncia de Sánchez de Lozada.

También el 15 de octubre, partidarios del opositor Movimiento al
Socialismo (MAS) atacaron a Eduardo Pinzón, camarógrafo español de Radio
Televisión Española, de acuerdo con versiones de la prensa local. Las
cadenas locales de televisión Canal 36-Cadena A y Radio Televisión Popular
suspendieron sus transmisiones durante varias horas tras haber recibido
amenazas, según el matutino de Santa Cruz El Deber.

En medio de la crisis, funcionarios del gobierno boliviano han
acusado a algunos medios de prensa de incitar a la población a cometer actos
ilegales, entre ellos «sedición». Sin embargo, el gobierno no ha emprendido
acciones legales contra periodistas o medios.

Las protestas antigubernamentales, que comenzaron cerca de un mes
atrás en La Paz y la vecina ciudad de El Alto y luego se extendieron al
resto del país, congregaron a sindicalistas, asociaciones de vecinos,
mineros, estudiantes y cultivadores de coca contra los planes del gobierno
de desarrollar un gasoducto para exportar gas natural de Bolivia, país sin
salida al mar, a través de Chile. Sin embargo, después de que el gobierno
reprimiera con violencia las protestas, con un saldo de más de 50 muertos y
cientos de heridos, los manifestantes ampliaron sus demandas y comenzaron a
reclamar la renuncia del presidente.

«El gobierno boliviano debe garantizar la libertad de prensa y
proteger a los periodistas en la actual crisis», señaló Ann Cooper,
directora ejecutiva del CPJ. «Además, las autoridades deben iniciar una
investigación de inmediato para determinar si funcionarios del gobierno han
estado involucrados en la confiscación de medios escritos».

Para más información acerca de la situación de la libertad de prensa en Bolivia, visitar (%=Link(«http://www.cpj.org»,»www.cpj.org»)%) . El CPJ es una
organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se
dedica a defender la libertad de prensa en todas partes del mundo.