Opinión Internacional

Bolivia: ¿y ahora qué?

No sorprendieron los resultados alcanzados en el referendo celebrado en Bolivia el pasado domingo. Así como esperábamos la ratificación del Presidente, Vicepresidente y de varios Prefectos, también esperamos que tres de estos últimos fuesen revocados por mandato del pueblo. El problema, entonces, no eran los resultados, sino que es para el futuro inmediato, el cual podemos sintetizar en una pregunta ¿y ahora qué?

En efecto, superada esta etapa referendaria, el qué pasará y el qué hacer centran la atención de todos, en especial, debido a que, en la práctica, nos encontramos frente a un escenario de crisis análogo al prevaleciente en ese país desde el mes de mayo pasado, cuando se suceden en serie las consultas autonomistas o secesionistas -para ser mas precisos-, cuya legalidad huelga comentar ante los recientes acontecimientos.

En ese escenario despunta a todas luces, mas que una división, un empate social que se constituye en el gran embudo que obstaculiza cualquier avance en uno u otro sentido y que indefectible abonará el terreno a una solución que, ojalá, sea la menos traumática de las imaginables. Ese empate es la resultante de las contradicciones emergentes del pugilato entre, por un lado, el Gobierno apoyado por las grandes mayorías que persigue la instauración de una democracia inclusiva y participativa, que implicaría introducir cambios radicales en el sistema político, económico y social del país; y, por el otro, los poderes fácticos que procuran mantener incólume el sistema de injusticias que tradicionalmente ha imperado en la sociedad boliviana. Las contradicciones se agudizan cuando se toma en cuenta que estos poderes fácticos radican en aquellas zonas que conforman la denominada “media luna” (los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), donde se localizan las grandes riquezas energéticas y los mayores centros de desarrollo agropecuario y agroindustrial que concentran poco mas de la mitad del PIB del país.

Como es imaginable, la distribución de esas riquezas constituye la clave para comprender cabalmente el origen de la problemática presente y explican la coalición de fuerzas sociales que acompaña a cada una de las tendencias actuantes. Mientras que en torno a la gubernamental se sitúan los grupos indigenistas, campesinos y obreros, alrededor de la otra se agrupan los latifundistas, comerciantes –de cualquier cosa- e industriales que cuentan con el apoyo del Gobierno estadounidense y, por supuesto, de las grandes empresas transnacionales mineras, agrícolas y petroleras que siempre han operado en Bolivia bajo esquemas societarios y económicos impuestos por ellas mismas.

En el contexto político, económico y social antes descrito, con los resultados alcanzados en el reciente referendo se actualiza el crítico escenario en que se desenvuelve la sociedad boliviana. En una primera instancia, todo parecería indicar que estarían dadas las condiciones propicias para que se inicie un diálogo entre las partes, con la finalidad de conciliar una salida equilibrada y pacífica al conflicto planteado. Sin embargo, subyacen una serie de elementos que condicionan, o limitan, las posibilidades de una concertación.

Por una parte, se encuentra el proyecto de Constitución que debe ser sometido a consulta popular para su aprobación, cuyos postulados contradicen abiertamente a los “estatutos autonómicos” adoptados por los cuatro departamentos de la media luna. Los resultados del referendo sugerirían que la nueva Constitución sería apoyada por la inmensa mayoría de la población y los problemas se trasladarían a su eventual aplicación. Por la otra, la actitud asumida por las autoridades locales de los departamentos en los cuales se realizaron las consultas autonómicas, quienes gradualmente han venido desconociendo la autoridad emanada del gobierno central en clara manifestación de rebeldía civil y reafirmando, en consecuencia, el carácter separatista de los estatutos presuntamente aprobados en las consultas realizadas.

Esta situación lleva a plantear varias interrogantes adicionales: ¿hasta qué punto habría disposición al diálogo por parte de las fuerzas opuestas al Gobierno Nacional? En caso que se hiciese efectivo el pretendido diálogo ¿sería viable esperar el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen? Más aún ¿es posible conciliar posiciones tan radicalmente opuestas como las enarboladas por cada una de las partes? Y, por último, ¿pueden las autoridades nacionales legales y legítimamente constituidas ceder ante las pretensiones de los poderes fácticos del país y cuál sería la magnitud de la cesión?

Actuando todavía en el marco del empate social, queda solo intentar descifrar el papel que asumirían las fuerzas armadas frente a esta situación que, de una u otra manera, siempre han desempeñado el rol de fiel de la balanza en todos nuestros países, particularmente, en Bolivia donde, en múltiples ocasiones, ejercieron como directores de la orquesta en el concierto político nacional. A diferencia de lo que sucede en varios países suramericanos, la composición social de la milicia boliviana respondería más en defensa de los intereses de las grandes mayorías poblacionales antes que a los aspirados por las clases privilegiadas, salvo que medien acciones originadas por fuerzas externas y decidan abandonar el carácter institucional que ha venido caracterizando su actuación a lo largo de los últimos cinco lustros y medio.

Suponiendo que las fuerzas armadas mantengan su actitud, el escenario parecería tornarse favorable al Gobierno que sin lugar a dudas salió fortalecido de los recientes comicios, hecho que, en teoría, le concede cierto margen de maniobra para seguir adelantando su programa de cambios. Sin embargo, dada la fuerza que demostraron las autoridades locales de la media luna, es probable que la tarea gubernamental siga siendo entorpecida y hasta birlada, lo cual obligaría a ejercer medidas indeseables ante la amenaza cierta de una posible ingobernabilidad. En todo caso, la movilización permanente de las fuerzas progubernamentales deberá incorporarse como una constante de la agenda nacional para garantizar, en lo posible, la consolidación de las conquistas alcanzadas y permitir el avance hacia otras, entre las cuales deberá figurar ahora el mantenimiento de la unidad territorial del país. La unidad pueblo-fuerzas armadas se constituye en el eje fundamental de toda la movilización social que exige la sustentabilidad del Gobierno progresista del Presidente Evo Morales.

De la suerte que corra el proyecto boliviano dependerá, en gran medida, la que pueda correr el resto de los ensayados en varios países de la región que también procuran la construcción de una democracia participativa e inclusiva con profundo sentido y justicia social. Estas razones explican el por qué del ejercicio pleno de la solidaridad y la cooperación para no tener que asumir una respuesta negativa frente a la gran interrogante que ahora recorre toda la región y, por qué no, el mundo entero: Bolivia ¿y ahora qué?

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