Opinión Internacional

Bolivia:los ministros banzeristas

De acuerdo a la Constitución, corresponde al presidente de la república la designación, reemplazo o substitución de sus ministros. El presidente Hugo Bánzer casi no ha escogido a sus colaboradores; lo han hecho las cúpulas partidistas de su coalición gubernamental.

Cuando bajo presión de los medios fue echado del gobierno por corrupto el ministro Leopoldo López, fue el MIR el que se anticipó a Bánzer al anunciar que el elegido era Luis Vásquez. Lo mismo ocurrió cuando otro cofrade mirista, Tonchi Marinkovich, fue destituido como ministro de Salud. El MIR impuso a Guillermo Cuentas, pese a que éste tiene muchas cuentas sin aclarar en el lío de la Lotería Nacional.

Las cosas han llegado a tal extremo, que Bánzer ni siquiera parece tener autoridad para echar por si mismo a un ministro. El de Informaciones, Jorge Landívar, fue defenestrado el mes pasado, porque así lo dispuso la embajada norteamericana, según admitió candorosamente el ministro de Gobierno Walter Guiteras.

Con rara excepción, en el actual gabinete no hay hombres adecuados para los cargos que ocupan. Por eso es no es raro ver, por ejemplo, a un dentista dicharachero como encargado del orden interno peleándose de entrada con miles
de policías a los que calificó de «burros», y quienes acaban probarle lo contrario.

Ya antes de que se fuera Nueva Fuerza Republicana del gobierno, su líder había impuesto como ministro de Desarrollo Sostenible a su hermano Erick Reyes Villa, quien antes de asumir el cargo vegetaba en Cochabamba como un ginecólogo común y corriente.

En Defensa, Bánzer posesionó primero a Fernando Kieffer aparentemente más
que por sus conocimientos en el ramo, por un archivo personal al que le temen
domésticamente moros y cristianos. Como ministro fue el hazmerreir del canciller chileno José Miguel Insulza, quien se dio el lujo de llamarlo «ministro loquito».

Y Kieffer podrá no saber de temas militares, pero en materia de negocios corrió en caballo propio, como lo demuestran los manejos (todavía no aclarados del todo) de los dineros provenientes de la ayuda exterior con motivo del terremoto de Aiquile y Totora.

Obviamente, tampoco ha aclarado aún cómo es que en medio de una enorme
tragedia y en lugar de adquirir un helicóptero para labores de Defensa Civil, adquirió (con sobreprecio, según La Razón) un avión de lujo que, por cierto, se estrelló la semana pasada mientras cumplía vuelos comerciales La Paz-Potosí.

Cuando el cuestionado Kieffer dejó el ministerio bajo presión de la prensa, el MIR exigió y el presidente nombró a Jorge Crespo, quien hasta entonces se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior e Inversiones.

Ahora este ministro no sólo que demuestra estar completamente impreparado
para ello, sino que ni siquiera parece conocer la Constitución Nacional para saber que como titular del cargo responde sólo de la parte administrativa por las Fuerzas Armadas y no en lo técnica u operacional.

A raíz de los luctosos sucesos del 8 de abril en Cochabamba, Crespo compareció presto ante la Cámara de Diputados para sostener, entre otras mentiras, que el capitán Robinson Iriarte actuó «por iniciativa propia» cuando vestido de civil empezó a disparar contra multitudes desarmadas como si estuviera cazando conejitos.

Cuando le preguntaron por qué los soldados no se lo impidieron, Crespo respondió que éstos no podían ver lo que ocurría a su alrededor porque estaban cubiertos con máscaras antigases «que sólo permiten ver lo que pasa al frente». Crespo tuvo que quedarse calladito al día siguiente cuando las cámaras de televisión mostraron no una, sino cuatro veces que los soldados sí lo vieron.

Por si fuera poco, Crespo fue absolutamente desmentido por el Comandante
de las FFAA, almirante Jorge Zabala, quien admitió que Iriarte actuó en cumplimiento de órdenes militares y que (quien lo creyera) «actuó en defensa propia…»

Recién es entonces que Crespo se fue a releer la Constitución y descubrió que, en el plano operacional y más durante un estado de sitio, el Comandante en jefe de las FFAA, es quien debe ser el llamado a rendir cuentas de actuaciones como las del capitán Iriarte.

La desautorización de Zabala a Crespo es flagrante. Ahora Crespo sostiene que fue engañado por el comandante de la Séptima División, coronel José Antonio Gil. Si sus subalternos lo engañan, si lo desautorizan, el camino honorable es el de la renuncia, pero ésto obviamente no ocurrirá. Es demasiado tentador el «maravilloso instrumento del poder».

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