Brasil: Cinco años de impunidad
Brasil es el país de la inmunidad y la impunidad. Siglos de colonialismo esclavócrata persisten en nuestro inconsciente. El «¿sabe con quien está hablando?» funciona desde el guardia de la esquina al gobierno federal, que pretende sacar a la nación de la pobreza sin tocar la distribución de la renta y la reforma agraria, conforme certifican las recientes estadísticas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
El 17 de abril la masacre de Eldorado dos Carajás cumplirá cinco años. En 1996, en la misma fecha, eran las 15 horas cuando policías militares invadieron un campamento de 1500 agricultores sin tierra, en la Curva de la S, entre Eldorado dos Carajás y Marabá, en Pará. De Parauapebas, comandados por el mayor PM José María Pereira de Oliveira, vinieron 68 hombres armados con dos escopetas, cuatro ametralladoras, cincuenta fusiles y revólveres. Por el lado opuesto de la carretera, bajo las ordenes del coronel PM Mário Colares Pantoja, aparecieron 200 hombres, equipados con ametralladoras y revólveres. En el uniforme , una tira de tela cubría la identificación de los policías.
El batallón de Marabá, comandado por el coronel Pantoja, llegó lanzando bombas lacrimógenas. Al inicio, los trabajadores resistieron con palos y piedras. Al escuchar los primeros disparos, intentaron huir y protegerse. La masacre duró aproximadamente una hora. Diecinueve trabajadores fueron asesinados, y otros 69 quedaron heridos. De los muertos, Oziel Alves Pereira de 17 años, era el más joven, y José Alves da Silva de 65, el más viejo. Dos heridos fallecieron posteriormente, sumando 21 el número de víctimas fatales.
Hasta hoy, nadie ha sido castigado. Todos los acusados permanecen impunes. Entre los motivos se suman la sumisión de los miembros del tribunal judicial de Pará al poder de los latifundistas y el desinterés del gobierno federal para resolver crímenes contra trabajadores rurales.
Entre los 154 reos, tres fueron juzgados en agosto de 1999, los responsables de la operación -el coronel Mário Pantoja, el mayor José María de Oliveira y el capitán Raimundo Lameira. Todos absueltos. Organizaciones de derechos humanos y la prensa lograron comprobar la farsa. Frente a las evidencias de que el juez Ronaldo Valle no respetó los preceptos legales, en abril del 2000 el Tribunal de Justicia de Pará anuló el juicio.
La Justicia de ese Estado ya nominó cinco nuevos jueces para acompañar el caso, entre los cuales la jueza Eva do Amarál Coelho, que se excusó de llevar otros procesos relacionados con temas de tierras, como el juicio del hacendado Jerônimo Alves Amorim, condenado por haber ordenado la muerte del sindicalista Expedito Ribeiro. Como sucede todos los años a las vísperas del 17 de abril, el juez Otávio Marcelino Maciel anunció que el nuevo juicio se realizará en mayo.
En el Congreso Nacional hay un proyecto de ley que transfiere a la Justicia Federal la competencia de los crímenes contra los derechos humanos a fin de asegurar la imparcialidad de la Justicia. Si la sociedad civil no presiona a los diputados y senadores para que el proyecto sea votado y cuanto antes, la confianza en la Justicia brasileña quedará una vez más debilitada, sobre todo considerando que el presidente del Congreso Nacional es el senador Jader Barbalho, quien no aprueba la integración de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que se ocupe de la corrupción del gobierno federal y tiene en Pará su nido electoral y político.
