Chile teje su futuro

(%=Image(8785016,»L»)%)Chile, cuyo modelo económico es ponderado por el FMI y otros organismos internacionales, a la vez que por gobiernos del mundo industrializado, mantiene una “pulseada” política entre la derecha liberal y una coalición de izquierda, teniendo la sombra de Pinochet como factor interviniente de manera indirecta, pero con un alto peso específico en su presente y futuro.

Hasta el presente, se podría decir que, en el mejor de los casos, el presidente Frei alcanzó a controlar políticamente el 50 por ciento del país, en temas que tienen que ver con la administración de asuntos vinculados a comercio y relaciones comerciales internacionales, pero nada con lo militar, u otros temas que tienen que ver con derechos humanos y manejo de la justicia.

Pinochet sigue teniendo poder. Resulta muy difícil –casi imposible– llevar a cabo una reforma de la Constitución Nacional, de manera tal de modificar la condición de Senador Vitalicio de Pinochet y poder llevarlo a juicio ante tribunales chilenos. Ni desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista político –el alto apoyo o partidismo que tiene Pinochet en la población chilena– resulta posible juzgarlo a Pinochet. El “acuerdo de gobernabilidad” realizado entre políticos y fuerzas armadas siguiendo criterios similares en otros países de América Latina es el mayor apoyo para Pinochet. Se mantiene pendiente la sombra de un gran conflicto y malestar para el caso de que alguien decida modificar las cosas.

El gran tema de estos tiempos en Chile ha sido la situación de Pinochet en Gran Bretaña y la posibilidad de su extradición a España y la problemática económico-comercial provocada por el alto grado de dependencia de la economía chilena de mercados asiáticos en circunstancias de crisis en aquella región.

En el tema Pinochet, el gobierno chileno realizó una forzada defensa de sus derechos soberanos, planteando la territorialidad de la Justicia. Esta actitud, más allá de las discusiones jurídicas, está basada en el temor de la reacción de las fuerzas armadas y la derecha chilena, en el caso de que Pinochet sea juzgado. Lo más importante, es que hay un altísimo porcentaje del pueblo que está del lado de Pinochet; casi la misma cantidad que la que está por que sea juzgado.

¿Cambiará algo luego de la “segunda vuelta”?
Respecto del caso Pinochet, resulta bastante difícil –para el caso de que el Ministro Straw decida no acceder al pedido de extradición del gobierno español– imaginarse que haya cambios en Chile. Joaquín Lavín, en el caso de que gane, ¿le pedirá a Pinochet que abandone su condición de Senador Vitalicio y permita gobernar? Ricardo Lagos, en el caso de que gane, ¿podrá hacer lo propio? Cualquiera de los dos, ¿hará algún tipo de modificación al modelo económico iniciado e instalado por Pinochet?
En el corto plazo, no se avizoran posibilidades de cambios significativos para Chile.

Chile, como el resto de América Latina transita desde hace poco el camino de los “gobiernos civiles”. El gran interrogante es cuándo llegará la “democracia” a América Latina.

En Estados Unidos pocos son los que votan; pero el pueblo norteamericano, independientemente de su participación electoral, está permanentemente haciendo uso de sus derechos ciudadanos presionando sobre sus gobernantes. Los latinoamericanos, en general, participan mayoritariamente con su voto –en el caso de países como Argentina el voto es obligatorio- pero una vez acabado el acto electoral, nada hacen en defensa de sus intereses ciudadanos. O apoyan, o se quejan, pero no participan.

Si por democracia entendemos, no al mero acto electoral, sino a la satisfacción de ciertos requisitos que constituyen la “condición” de que el pueblo es actor y receptor en el gobierno.

Cien años atrás se podría afirmar, que un sistema es democrático en la medida en que puede identificárselo con un Estado de Derecho: 1) Imperio de la ley, como expresión de la voluntad general manifestada a través de sus representantes, División de Poderes. 2) Legalidad de la administración. 3) Derechos y libertades fundamentales.

Una de las garantías fundamentales de un sistema basado en un Estado de Derecho se encuentra en la independencia del Poder Judicial.

Hoy, ¿cómo puede determinarse la existencia real o defectuosa de los principios democráticos de los sistemas de gobierno? Solo a la luz de la mayor o menor vigencia de los derechos humanos; de que se garanticen el trabajo, la salud, la educación, la seguridad personal, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc. (1).

Tanto en Chile, como en el resto de los países latinoamericanos, estos temas están pendientes y no se observa que los candidatos políticos, que luchan por obtener el poder, se orienten a satisfacerlos plenamente.

Nota:

(1) CONDICIONALIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA DESDE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Audiencia publica ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Bruselas, 20-21 de noviembre de 1995.

Luis Dallanegra Pedraza es Dr. En Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Profesor Titular de Teoría de las Relaciones Internacionales, de Política Exterior Argentina y de Sistemas Políticos Latinoamericanos Comparados, en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Investigador Científico del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).