Colombia: anarquía y narcotráfico
Hace varios meses fui a Bogotá a hablar sobre economía. Tuve interesantes discusiones sobre la actual recesión, el desequilibrio fiscal y las tentativas del Banco Central de reducir la inflación y permitir la flotación de la tasa de cambio. También conocí al capaz ministro de Hacienda colombiano, Juan Camilo Restrepo, de quien se dice que eventualmente llegará a ser presidente de la república.
Me di cuenta entonces, y lo tengo aún más claro hoy, que las cuestiones económicas y el calibre de los asesores económicos son cosas secundarias en Colombia. El futuro de la nación depende de asuntos tales como la guerrilla, el narcotráfico, la voluntad política para combatir el terrorismo y la eficiencia de los militares. Es insólito que el presidente Andrés Pastrana, elegido democráticamente, le haya de hecho cedido la región sur del país a un grupo guerrillero, FARC, para que haga lo que quiera, dedicándose principalmente al negocio de la coca. Pastrana quisiera lograr la paz, pero las FARC tienen pocas razones para negociar, ya que tienen todo a su favor frente a un gobierno dócil.
Como respuesta a la desintegración de la autoridad legal y a la expansión del narcotráfico en Colombia, el Congreso de Estados Unidos está considerando un paquete de ayuda de 1.600 millones de dólares, en apoyo al Plan Colombia de Pastrana. Hay buenos argumentos a favor de que Estados Unidos se oponga a una situación de anarquía en un importante país latinoamericano. Pero el compromiso es peligroso y puede conducir eventualmente a una participación militar importante por parte de Estados Unidos. Ana Salazar, del Departamento de Estado, dijo recientemente: “cada una de las órdenes de despliegue afirma… que el personal del Departamento de Defensa no deberá acompañar al personal del país anfitrión en misiones operacionales”. Tal promesa nos recuerdan las que se hicieron al comienzo en Vietnam.
Una de las razones por la cuales la administración Clinton apoya al Plan Colombia es que Pastrana es amigo de la democracia y de los derechos humanos. De hecho, Colombia se ha destacado por su tradición democrática y el limitado papel de los militares en la política. Pero, lamentablemente, parece que en Colombia hay hoy exceso de democracia, con una autoridad central restringida y un ejército que no logra combatir efectivamente la amenaza terrorista. Parece que a Colombia le convendría tener a alguien como el Fujimori de 1992.
Si se aprueba la ayuda estadounidense, terminaríamos en realidad apoyando a ambos bandos del conflicto. La ayuda oficial iría al gobierno, mientras el dinero de los consumidores norteamericanos de drogas financiaría la guerrilla. En lugar de dar ayuda oficial, deberíamos empeñarnos en recortar los fondos que van al otro bando. Esto se lograría, virtualmente de la noche a la mañana, legalizando el consumo de drogas en Estados Unidos. La gente las seguiría comprando, pero a precios considerablemente inferiores y el negocio no estaría ya ligado a una actividad delictiva ni aquí ni en el extranjero.
La principal política de Estados Unidos con respecto a las drogas ha sido tratar de recortar la oferta. Barry McCaffrey, jefe de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, argumenta que debemos apoyar el Plan Colombia para alcanzar éxitos similares a los del Perú y Bolivia: “sin asistencia adicional de Estados Unidos, no es probable que Colombia logre el dramático progreso experimentado por sus vecinos andinos”. Aún cuando Colombia ha estado por bastante tiempo muy activa en el narcotráfico, se convirtió apenas recientemente en el principal productor de coca, precisamente porque esa actividad se hizo más difícil en los países vecinos. Pero no hay ninguna indicación de que los éxitos logrados en el Perú y Bolivia han logrado reducir la producción de drogas en la región andina.
Colombia también logró victorias contra el narcotráfico destruyendo los carteles en Medellín y en Cali. Pero la respuesta fue transferir las operaciones hacia otros sitios y otros grupos. Si Colombia lograra una victoria similar, entonces las operaciones del narcotráfico se mudarían a otros países vecinos como Ecuador o a otras regiones del mundo. El problema fundamental no cambiaría en absoluto: la alta demanda de los consumidores de drogas en Estados Unidos y otros países ricos. Tal demanda sería servida a algún precio, desde algún sitio del mundo.
Algo que debemos tomar en cuenta es que no requerimos ningún Plan Colombia para países productores de tabaco ni de licores. La diferencia radical entre el tabaco o el licor con la cocaína o la marihuana o la heroína no es que un tipo de drogas sea más peligroso que otro, sino que las primeras son legales y las segundas ilegales. Probablemente estaríamos cometiendo el mismo error con el licor, si no fuera que ya tratamos y fracasamos durante la Prohibición. En conjunto, nuestra política respecto a las drogas es un desastre y seriamente necesita ser reorientada. ©
Robert J. Barro es profesor de economía de la Universidad de Harvard y académico de Hoover Institution.
(%=Link(«http://analitica.com/buscar/default.asp?q=Colombia»,»Colombia en Venezuela Analítica»)%)
