Colombia necesita 26.000 nuevos cupos carcelarios para superar hacinamiento
El viceministro de justicia, Pablo Felipe Robledo, sostuvo que se deben crear 26.000 nuevos cupos carcelarios para superar la actual situación de hacinamiento, cercana al 30 por ciento, según el funcionario. Además, dijo que se cuenta para ello con un presupuesto de 60.000 millones de pesos, el cual no obstante resulta “insuficiente”.
Robledo agregó que con la reapertura del Ministerio de Justicia se contará con un viceministerio exclusivo para atender la política criminal y carcelaria.
El funcionario atendía al debate de control político en el que se discutió sobre la crítica situación humanitaria de los 144 centros penitenciarios. “La situación de las cárceles en todo el país es desastrosa y se está convirtiendo en una bomba de tiempo”, aseguró Iván Cepeda (Polo), convocante de la sesión.
Como conclusión del debate, que culminó este martes, la Cámara creó una comisión de seguimiento de la situación carcelaria. Será integrada por seis representantes, quienes, con el INPEC y el Ministerio de Justicia, monitorearán las medidas para atender los graves problemas de la población reclusa.
El viceministro anunció que el Gobierno Nacional recibe con aceptación la creación de dicha comisión. Indicó también que las cárceles Bellavista de Medellín, La Modelo de Bogotá y Vistahermosa de Cali requieren de atención prioritaria. Además, el representante Iván Cepeda solicitó al Gobierno tomar medidas urgentes para la cárcel La Tramacúa de Valledupar, en lo posible su clausura.
Crisis carcelaria y política criminal
En 1998, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-153, decretó un estado de cosas inconstitucional en las prisiones, según el cual existía una “flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia”.
A pesar de que en el 2004 se anunció la superación del estado de cosas inconstitucional, según los parlamentarios esta situación continúa, en la medida en que en los centros penitenciarios sigue existiendo una situación humanitaria crítica.
Para Michael Reed Hurtado, analista de Razón Pública, uno de los principales causantes de hacinamiento es la práctica de afrontar los problemas sociales endureciendo las penas o creando nuevas conductas penales. “Los reclamos de protección y de seguridad de la ciudadanía casi siempre se materializan en la promesa de más cárcel para los perpetradores, sin explorar rumbos distintos que pueden ser más eficaces”, plantea.
Reed Hurtado considera que “hablar de una crisis y destituir funcionarios del INPEC son apenas aspavientos del Gobierno”, y que el fondo del problema es la política penitenciaria.
En ese sentido se pronunció Iván Cepeda, quien considera que “hay que replantear la política carcelaria, al tiempo que se replantea la política criminal. Resulta absurdo que se siga abriéndole las puertas al populismo punitivo con relación a las causas menores, y buscando aumentar las fronteras de la penalización a jóvenes”.
El debate fue citado por el representante Iván Cepeda para que se explicaran las políticas del Gobierno para hacerle frente a los problemas de corrupción, hacinamiento, derechos humanos y contratación en las cárceles, luego de visitar varios establecimientos carcelarios, como parte de misiones especiales de las comisiones de Derechos Humanos de Senado y Cámara. Y después de que SEMANA revelara “el despelote” que se vive en los penales colombianos.
