Costos del principio de oportunidad
La sabiduría convencional nos indujo a pensar que la ilegalidad del narcotráfico, como en general las drogas ilícitas, aumentaba los costos, tanto del ofrecimiento como de la obtención de la información sobre sus fuentes. Sabemos que esta información no es gratuita, aún en actividades legales, cuesta dinero enterar a los compradores potenciales sobre la ubicación, calidad y precio de un bien o servicio. En el caso del informante traqueto, la clandestinidad de las redes que controlan esta maquinaria hace que la información resulte más cara. Los pequeños y medianos negociantes de drogas ilícitas no pueden andar ofreciendo sus servicios a los cuatro vientos. La propuesta sugerida por el fiscal puede resolver tantos problemas, como los problemas que ayuda a crear.
Los moralistas se rasgan las vestiduras pero los niveles de esta práctica ilegal de información ascienden en forma preocupante con este gobierno. Para quienes han participado como informantes con los organismos de inteligencia su ambición ha superado los riesgos asociados. Y el factor motivante de los incentivos o el temor personal han encontrado respuestas muy contradictorias. Debido a ello las numerosas redes clandestinas de mafia después de los 90 han tenido que bajar su perfil ante la avalancha de factores de alto riesgo. Y mientras los Estados Unidos declaran con una doble moral su compromiso contra el narcotráfico, los bajos costos de oportunidad están determinando los verdaderos valores del negocio entre los carteles en países como México y Colombia. Por supuesto que en términos simples no acaecen las cosas.
Habría que parafrasear el versículo y decir que a las prácticas ilegales del narcotráfico y sus efectos derivados “siempre los tendréis con vosotros”. Porque aún suponiendo que la idea del fiscal fructifique, veremos en poco tiempo un encadenamiento de retaliaciones entre los miembros de estas microempresas de informantes. Mientras logran adaptarse nuevamente para legalizar el oficio. Lo que no estima la propuesta, al parecer, son los costos asociados que se tendrán que pagar. A los colombianos les tocaría asumir parte de los costos del principio de oportunidad. La relación entre la oferta del informante y el precio por realizar las operaciones en contra de los capos será proporcional. Mientras las tarifas de rebaja de penas e impunidad suben habría más practicantes dispuestos a realizar informaciones. Y asistiríamos a una sobreoferta a bajos costos. Los grandes capos se convertirán en mafiositos.
En condiciones semejantes hemos estado hace 25 años. Aunque no demasiado en el perfil de los potenciales informantes sí en la oferta creciente del mercado de personas desempleada que necesitan ocuparse con algo para sustentar a sus familias. Los oportunistas siguen proporcionando condiciones ilegales de trabajo a precios altos. Mientras el costo de oportunidad del traqueto, además de su evaluación subjetiva del riesgo involucrado es menor que los precios que encuentra en la red de los capos y la relativa anomia social, existirá un mercado para las operaciones ilegales. El punto de quiebre plantea un dilema mucho más grave que la polémica política que pueda suscitar la propuesta del fiscal. Creadas las condiciones de ventaja para el informante, ¿cuánto tiempo más debemos esperar para volver a estabilizar los nuevos desequilibrios creados a la legalidad? Y ¿con qué argumentos se pueden alegar apoyos a la comunidad internacional contra el narcotráfico?
