Crispada, sin paz y al borde de la violencia

Mientras Bolivia se hunde en los problemas, algunas de sus figuras políticas –como el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana– son señaladas como responsables de graves hechos.

La administración de Evo Morales está fracasando rotundamente. Bolivia está cada vez en peor estado. La pobreza ha aumentado; el país está profundamente dividido, como consecuencia de los resentimientos sembrados sin pausa desde el poder que hasta apuntan a los máximos dignatarios de la Iglesia Católica; la sociedad está sin paz, crispada y al borde de la violencia; las instituciones son sistemáticamente ignoradas y manoseadas, cada vez más; la corrupción es agobiante y todo lo invade; la confianza de la gente en el futuro ha desaparecido; y la economía local, como consecuencia de todo esto, está paralizada. Un verdadero desastre, sin mayores atenuantes.

Como si ello fuera poco, los líderes de la oposición cívica están siendo objeto de implacables persecuciones políticas, ahora «judicializadas», con la participación de fiscales adictos, a lo largo y ancho de la llamada «Media Luna» del oriente del país, que se resiste como puede al atavismo en el que pretende sumirla Morales.

En torno a Evo Morales -que como buen «progresista» procura eternizarse en el poder- aparecen dos «hombres claves» que se aferran al timón de la política del país del norte. Me refiero (i) al influyente vice-presidente, Álvaro García Linera, un ex guerrillero e insistente ideólogo marxista; y (ii) al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el principal «operador» político y económico de Morales. Este último está atravesando momentos difíciles, a los que nos referiremos enseguida.

Un «camaleón» político

Juan Ramón Quintana es, ante todo, un audaz. Además es un «camaleón» político, que -en su ascenso hacia los más altos estratos del poder- ha transitado por los más diversos gobiernos.

Nació en la convulsionada Cochabamba, que hoy lo tiene por «traidor» a su cuna, por no plegarse al reclamo local de «capitalidad» y lo hace responsable de sus frustraciones. Fue, en su momento, oficial del ejército boliviano, aunque hoy está en retiro definitivo. Como García Linera, Quintana curiosamente es de profesión sociólogo.

Durante los gobierno «centristas» del General Hugo Banzer, Jorge («Tuto») Quiroga y del frustrado Carlos Mesa, el mentado Quintana se desempeñó en el Ministerio de Defensa.

Hoy, cambiando de color y de tono político, Quintana aparece como líder del socialismo «chavista». Una increíble y poco sincera evolución, pero lo cierto es que Juan Ramón Quintana ha tenido éxito en llegar a la cima misma del poder en su país y afincarse en el riñón de Evo Morales.

Duras acusaciones que implican a Quintana

Las violentas refriegas sociales acaecidas en el departamento de Pando, en septiembre, dejaron una deplorable estela de muertos y heridos. Y desataron una polémica acerca de las responsabilidades que pueden caber por los luctuosos sucesos, con acusaciones -desde el inicio- cruzadas.

Por una parte, una muy poco creíble «comisión investigadora» -designada entre gallos y medianoche- por el todavía inexistente UNASUR (un esfuerzo de «integración» regional en procura de conformar un mecanismo en el que las voces de la izquierda sean sonoras y las demás se diluyan) liderada -paradójica pero no casualmente- por un hombre de extrema izquierda, Rodolfo Mattarollo, un ex militante del «Ejército Revolucionario del Pueblo» y del «Movimiento Todos por la Patria», movimiento violento este último que operara en tiempos de la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín. (Ambos grupos subversivos argentinos están, recordemos, sospechados de haber cometido «crímenes de guerra» en el conflicto armado interno argentino de los 70, esto es «delitos de lesa humanidad» perpetrados en un conflicto armado interno, que aún permanecen impunes gracias a una amnistía política, ilegal para el derecho internacional, que impide a la justicia argentina investigar sus andanzas)

Así, «casualmente» presidida por el referido dirigente izquierdista, de pasado turbio y hoy sub-secretario de Derechos Humanos de la administración de Néstor Kirchner, la comisión ha concluido que la responsabilidad por los sucesos de Pando corresponde al gobierno departamental de aquel momento, cuyos líderes han sido destituidos y encarcelados, avasallando la ley y las decisiones judiciales. Todo esto en medio de una descomunal campaña política en procura de demonizarlos, como es habitual en el evangelio político de la izquierda marxista latinoamericana.

Según el informe -que no se pronuncia sobre las manifestaciones de aquellos a quienes tiene precisamente por acusados- las veintidós muertes fueron consecuencia de una «masacre planificada» por las entonces autoridades pandinas.

Para la oposición a Morales las cosas, sin embargo, son distintas. De otro color. Son, más bien, diametralmente opuestas, puesto que atribuyen la responsabilidad directa por los sucesos de Cobija, Pando, a quienes están cerca, demasiado cerca, de Evo Morales.

A estar a la denuncia judicial -formulada nada menos que por tres enormemente populares Prefectos de la «Media Luna» («prefecto» es la denominación, en Bolivia, que corresponde a los «gobernadores» de los Departamentos): esto es por Raúl Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni; y Mario Cossio, de Tarija- ante la Fiscalía General, la responsabilidad por las muertes y desmanes de Cobija es, en cambio, de Juan Ramón Quintana, Ministro del gabinete de Morales.

La mencionada denuncia de los tres Prefectos acusa al Ministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana nada menos que de los delitos de genocidio, sedición, conspiración, uso indebido de influencias e instigación a la violencia, en todos los que, según los denunciantes, Quintana habría tenido «directa, personal y activa participación». Un verdadero horror.

Todo un tema. Por la importante credibilidad que tienen los denunciantes, cuya visión de lo acontecido ciertamente no concuerda con las «conclusiones» de la aparentemente torcida «investigación» de la «comisión» de UNASUR liderada por Rodolfo Mattarollo.

Hay -queda visto- dos versiones diametralmente opuestas entre sí, sobre los mismos hechos, conocidos (en Bolivia) como: la «masacre de Porvenir». Una de las dos falta a la verdad.

Los antecedentes de los «investigadores» designados por UNASUR no alimentan confianza alguna acerca de su independencia e imparcialidad. Todo lo contrario, sugieren aquello del «zorro en el gallinero». En rigor, esas personas generan inmediatamente sospechas de que puede bien haber «parcialidad» en su «labor». Lamentablemente, es así.

El dirigente opositor de PODEMOS (y ex Presidente de Bolivia) Jorge («Tuto») Quiroga, sostiene, por su parte, que Juan Ramón Quintana «financió y montó las marchas, bloqueos y enfrentamientos para provocar los hechos luctuosos de violencia en el departamento de Pando y ahora usa el informe UNASUR para encubrir esos delitos». Clarísimo. Si esto fuera cierto, la acusación tendría una inmensa gravedad institucional, tanto respecto de Bolivia como de la propia UNASUR, que no ha podido tener un «debut» institucional más desafortunado.

Denuncias de contrabando contra Quintana

Un prestigioso general -ahora en retiro efectivo- que ha sido, hasta no hace mucho, presidente de la Aduana de Bolivia, César López, acaba de denunciar públicamente al propio Juan Ramón Quintana, por su presunta responsabilidad en un gigantesco contrabando hacia el Brasil de mercadería que habría sido transportada por una caravana de 33 camiones provenientes de Chile.

Ante la gravedad -y entidad- de las acusaciones, Gabriel Dadboub, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, solicitó la inmediata renuncia de Quintana, la que seguramente no ocurrirá, desde que la experiencia enseña que en América Latina el verbo «renunciar» simplemente no existe en el curioso y sesgado léxico político propio del progresismo.

En paralelo, la fiscalía boliviana ha comenzado «su propia investigación» sobre lo efectivamente sucedido en los episodios de violencia que tuvieran lugar en la localidad de Cobija, en aparente procura de descarrilar -o de ensuciar, al menos- la investigación abierta por las denuncias antedichas. Una nueva cortina de humo, entonces, que se suma a la de Mattarollo.

Las graves acusaciones que fueron formuladas por el General López involucran asimismo al Contralmirante Rafael Bandeira, quien presidía el Comando Conjunto y hoy «sorpresivamente» se desempaña como «Prefecto interino», designado por la administración de Morales en el Departamento de Pando. Todo fluye en la misma dirección: la del encubrimiento.

Los hechos delictivos denunciados por López sucedieron el pasado mes de julio, a 19 kilómetros de Cobija, en un paso aduanero allí ubicado.

Los camiones en cuestión traían, como se ha dicho, mercadería procedente de una zona franca de Chile que transitaba hacia Brasil. Se sospecha que se trataba de electro-domésticos, de origen chino. Al llegar a la frontera, un dirigente local del partido de Morales (el MAS), Jesús Chambi -que «casualmente» los acompañaba- ordenó al subteniente a cargo del paso fronterizo que dejara pasar al convoy, por orden expresa de Quintana.

Ante esto, siendo el oficial honesto, el paso de los camiones fue (para sorpresa de todos) denegado y los camiones requisados, provisoriamente.

Para lograr el paso a cualquier costo, Chambi viajó a La Paz, donde se reunió con el General López, pidiéndole su apoyo y «una rápida solución» y, al no obtenerlos, lo amenazó. Al negarse, pese a todo, López al requerimiento de Chambi, más de un centenar de contrabandistas armados «rescataron», en Pando, los 33 camiones y con ellos cruzan al Brasil, por la fuerza, queda visto. El General López como cabía esperar por su «deslealtad» es, luego, relevado de su cargo.

Sorpresivamente, para quienes no sabíamos lo que aparentemente está detrás de todo esto, está ahora probado que Quintana se reunió efectivamente, en la ciudad de La Paz, sede del gobierno central boliviano, varias veces, a fines del mes de julio, con el mencionado Chambi y con los contrabandistas que lo acompañaron y solicitaban «alguna solución política» a su problema.

Quintana les habría recordado entonces que el «acuerdo» existente con él se limitaba tan solo a 17 camiones y no a los 33 que los contrabandistas pretendían hacer pasar al Brasil, sin pagar los derechos del caso. Una «avivada» clásica. En alguna de esas reuniones, para peor, habría estado presente el propio denunciante, el General López, según sus propios dichos. En otras, Evo Morales.

Quintana (que -como cabe esperar- había visitado Pando varias veces contemporáneamente con estos sucesos) habría solicitado oportunamente a Chambi y a los suyos, a cambio de conceder el paso de los camiones detenidos, su apoyo material y el de los mercenarios de los contrabandistas para «empiojar el ambiente» a efectos de poder revocar el mandato del prefecto local, Leopoldo Fernández, quién está, desde hace rato ya, detenido por Morales.

Las revelaciones antedichas, profusamente difundidas por la prensa local -sumadas a la comprobación que el propio Evo Morales se reunió con los contrabandistas- generan una gravísima sospecha, que debe despejarse: esto es si Quintana pudo, o no, haber estado vinculado con los desmanes que condujeron a la «masacre de Porvenir», en Pando, los cuales finalmente provocaron la «caída» (destitución) del Prefecto local, Leopoldo Fernández, lo que no parece imposible y que, de comprobarse, sería gravísimo. Porque la administración de Evo Morales podría ser responsable de la muertes ocurridas y de haber «recurrido» a «usar» al UNASUR en procura de tejer una «cortina de humo» que seguramente Quintana necesitaba. Si esto fuera así, las sospechas de haber alimentado la violencia se transformarían en certeza de actividad criminal, lo que es diferente.

A modo de primera conclusión

Las gravísimas acusaciones descriptas que se amontonan cual alud en torno al Ministro Juan Ramón Quiroga son serias y es obvio que «salpican» de cerca al cada vez más desprestigiado Evo Morales.

Deben, por ello, ser investigadas en toda su profundidad y sin retaceos ni maniobras de ningún tipo. En todos los andariveles judiciales, lo que en la cuestionada administración de Evo Morales no puede por cierto presumirse. La necesaria investigación debe incluir a la actuación de la propia «comisión» de UNASUR que, de pronto, pudo haber aparecido en escena simplemente «para distraer» o «ayudar» a Quintana. Ninguno de sus miembros es Juez. Dios quiera que esto no haya sido así, puesto que su conducción es, como hemos visto, por lo menos sospechosa. Por esto esperamos ahora -con curiosidad e interés- el informe que presentará esta semana la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yoriko Yasukawa, que también ha investigado los sucesos de Pando, en un marco de mucho mayor independencia ideológica. Seguramente el mismo nos ayudará a despejar las incógnitas que la desconfianza que generan la extraña presencia y actuación de Rodolfo Mattarollo en la comisión de UNASUR no logra disipar.

Quintana debe -hasta que su ahora cuestionado nombre quede limpio- alejarse del poder. De lo contrario estaría -desde su importante cargo político- influenciando una investigación de hechos gravísimos, que lo tienen por objeto. Y manteniendo un «estado de sospecha» que habrá de proyectarse en el tiempo.

Evo Morales no puede, ni debe, seguir protegiéndolo, porque la sombra de lo acaecido también lo cubre a él.

Es hora de dejar de lado lealtades personales o partidarias con altos funcionarios, desde que la primera lealtad del primer mandatario boliviano debería ser -siempre- aquella que corresponde para con el pueblo boliviano todo, la que obliga a Morales a hacer lo necesario para despejar las incógnitas y descubrir la verdad que pueda haber detrás de las acusaciones que pesan sobre su Ministro de la Presidencia y hombre de confianza, Juan Ramón Quintana.

Si Quintana lograra, pese a todo, quedar impune ante estas sospechas, el proceso en marcha para modificar la Constitución del país podría complicarse seriamente.

Para hacer las cosas más complejas cabe apuntar que la gente pensante boliviana sabe bien que el proyecto constitucional a votar en el referendo de Enero del año próximo (tildado, con justeza, de documento «esquizofrénico») es una herramienta para conferir al Estado la posibilidad de ser arbitrario, respecto de todo y de todos, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna. Aprobarlo supone entonces algo así como zambullirse colectivamente en una larga pesadilla. Lo que naturalmente no es nada fácil para quien lo percibe de inicio.

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).