Cumbre presidencial para la integración II
Salvador de Bahía se apresta a ser los días 15 y 16 venideros, el escenario privilegiado de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de América Latina y el Caribe, quienes por primera vez en la historia se reunirán para analizar la situación actual de la integración de la región y sus perspectivas en el corto y mediano plazo. Como lo apuntáramos en nuestra entrega anterior, la inédita convocatoria realizada por el Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el hecho que efectivamente se lleve a cabo el cónclave constituyen, en sí mismo, hitos históricos en nuestra vida republicana; sobre todo, en momentos cuando el fortalecimiento de los lazos de unidad regional surgen como condición indispensable para enfrentar la difícil coyuntura que atraviesa el sistema económico internacional, cuyas repercusiones sobre las economías de nuestros países comienzan a despuntar.
Es evidente que el análisis de la situación que están comenzando a vivir los países latinoamericanos y caribeños, así como la adopción de medidas para enfrentar conjuntamente la problemática común derivada de esa coyuntura, coparán la agenda de trabajo de los primeros mandatarios. Seguramente, sobre esta temática surgirá un conjunto de acciones que deberán responder, fundamentalmente, a las cinco grandes áreas donde las secuelas de la crisis se han hecho o se harán más perceptibles: crecimiento de la pobreza, alimentación, energía, financiamiento e infraestructura, así como la permanente preocupación que concita la conservación del medio ambiente. En todos esos ámbitos, la región cuenta con suficiente capacidad, experticia y predisposición política que le permitiría conformar un sistema de cooperación para atender en forma conjunta las demandas que surjan en los países, el cual debería estructurarse a través de un programa de articulación y convergencia de los diferentes esquemas de integración vigentes en la región; sin embargo, cristalizar tal objetivo no será tarea sencilla debido a la dispersión que caracteriza en la actualidad al movimiento integracionista, la cual encuentra sus raíces en las contradictorias visiones que fundamentan a cada uno de esos esquemas.
Un reciente estudio elaborado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) que fuese objeto de discusión en una reunión intergubernamental celebrada en septiembre pasado sobre los desafíos de la articulación y convergencia de la integración en América Latina y el Caribe, presenta un exhaustivo análisis conceptual sobre las visiones que coexisten en la región en torno al proceso integracionista. En síntesis, el SELA plantea que las grandes diferencias estriban en el papel asignado a los mecanismos comerciales en cada visión. Mientras que para algunos la actividad comercial debe constituirse en el eje dinamizador de todos los proyecto a ser desarrollados conjuntamente por los países asociados en un esquema de integración; para los otros, el comercio entre sus miembros constituye una suerte de fuerza resultante de los programas ejecutados, cuya identificación responde a criterios de solidaridad, cooperación y complementariedad antes que a los de competencia como sucede en la generalidad de los esquemas existentes.
Igualmente, señala el SELA que esa divergencia radica en los modelos de desarrollo instrumentados en los países que los conforman, lo cual determina, en consecuencia, la forma cómo se insertan en el concierto internacional y, por supuesto, la forma como sus respectivos miembros –individual o colectivamente- se relacionan comercialmente con los países desarrollados o agrupaciones de estos. En particular se refiere el SELA a la suscripción de los tratados de libre comercio y la forma cómo influyen en la evolución de la integración al causar no solo la alteración de las preferencias comerciales, sino de requerir cambios radicales en el marco normativo de los esquemas para asegurar su aplicación. A la larga, esos efectos perversos se traducen, en el plano nacional, en la cesión de autonomía en la administración de las políticas económicas, mientras que en el internacional, la aceptación de la reciprocidad plena como principio básico ignorando, en consecuencia, los tratamientos diferenciales a favor de los países subdesarrollados que forman parte sustancial de cualquier negociación de esta naturaleza.
Asimismo, precisa el estudio del SELA que la membrecía de cada esquema que dificulta la conciliación de intereses, a veces, contradictorios entre sí; los recurrentes obstáculos que han enfrentado los países latinoamericanos y caribeños para multilateralizar esos esquemas; así como aquellos de índole técnica-comercial se constituyen, entre otros, en factores adicionales que limitarían las posibilidades de estructurar el programa regional orientado hacia la articulación y convergencia de los acuerdos de integración. Aunado a ellos, debe tenerse presente la evolución reciente del relacionamiento bilateral entre los países, el cual se ha visto alterado como consecuencia del surgimiento de algunos conflictos que han contribuido a la reaparición de fuerzas que estimulan el énfasis en la diáspora antes que en la convergencia.
La Cumbre Presidencial se llevará a cabo, entonces, en un ambiente que exige de una gran dosis de voluntad y disposición política para poder cumplir cabalmente con los objetivos previstos en su convocatoria. Más allá de las vicisitudes coyunturales, deberán primar los intereses regionales, en especial, en un foro que bien lo cataloga el Gobierno de Brasil como “la primera oportunidad que tendrán los líderes de ambas (sub)regiones para conversar sin tutelas”, ocasión que, sin lugar a dudas, no puede ser desperdiciada gracias a mezquindades y miopías cortoplacistas que le hacen el juego a corrientes políticas foráneas y nacionales que tradicionalmente han apostado a la desunión de nuestros pueblos.
