Defensa colectiva de la democracia
La comunidad internacional ha empezado a actuar para preservar y hasta imponer la democracia. Austria marca un hito siendo el primer país desarrollado al que se le aplica.
La intervención en Somalia, en 1992, marca un hito en las relaciones internacionales. Por primera vez la ONU envió tropas en una misión humanitaria, sin el consentimiento expreso del Estado interesado, y el Consejo de Seguridad actuó bajo el Capítulo VII de la Carta, interpretando como amenaza para la paz una
crisis puramente humanitaria. Desde esa época la ONU ha emprendido decenas de acciones humanitarias, preventivas, de mantenimiento y de consolidación de la paz, y los patrones políticos, jurídicos y culturales con los que se miden estas acciones se han transformado fundamentalmente.
La democracia comienza también a ser objeto de preocupación y de actuación de la comunidad internacional para preservarla y hasta para imponerla. En esta época de mundialización, cuando las masacres se nos entran a la casa por la televisión, la humanidad no puede permanecer impasible ante los genocidios o ante tragedias
naturales de magnitud. De allí que la noción de injerencia humanitaria o, incluso, la de “deber de injerencia” hayan hecho carrera.
Lo mismo sucede con lo relacionado con el tipo de régimen político de que se dota cada Estado. Desde el siglo XVII estuvo vigente el principio de soberanía, derivado de la Paz de Westfalia.
Éste implicó la igualdad entre los Estados y su derecho a darse su régimen político. Hoy se recalca el hecho de que la ONU expidió su Carta constitutiva en nombre de los pueblos, y que debe actuar en función de los derechos de los Estados, pero teniendo en cuenta los derechos de las personas, su dignidad e igualdad, y que la democracia es el régimen más adecuado para protegerlos.
Lo que permitió a los Aliados unirse contra el nazismo fue su apelación a la democracia, aunque cada campo le diera distinta connotación. Durante la Guerra Fría, la acción de la ONU para la protección internacional de la democracia estuvo paralizada.
A partir de la caída del Muro de Berlín han cobrado más importancia la protección internacional de los derechos humanos, la de las víctimas de los crímenes contra la humanidad y de los graves desastres naturales, así como la protección internacional de la democracia. La quiebra de la institucionalidad democrática contra el presidente Aristide, llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a decretar el embargo y luego la intervención en Haití.
Se volvió común la llamada cláusula democrática por la cual, para pertenecer a determinadas organizaciones es necesario que los gobiernos acrediten la condición de democráticos. Este requisito existe en la Comunidad Europea, Mercosur, o en la Comunidad Andina. También se precisa para lograr ventajas económicas como
las establecidas por la Convención de Lommé a favor de las antiguas colonias europeas, y lo comienzan a utilizar para el reconocimiento de gobiernos, la Comunidad Europea, los Estados Unidos y aun la Commonwealth.
En este sentido, la posición crítica de la Comunidad Europea frente al nuevo gobierno de Austria, y la de los Estados Unidos, Israel y aun Argentina, que retiraron sus embajadores en Viena, marca un hito porque por primera vez se aplica a un país desarrollado y europeo. Hasta ahora, políticas como ésta sólo se habían experimentado frente a países del Tercer Mundo. Europa está dando ejemplo
y ya se ha propuesto modificar el Tratado de Amsterdam para dotar a la Comunidad Europea de instrumentos jurídicos precisos que le permitan actuar frente a este tipo de hechos. En nuestro hemisferio, la OEA ha desarrollado todo un andamiaje legal para enfrentar las situaciones de quiebra democrática. Cómo lo está utilizando, es un buen tema para un próximo artículo.
Tomado de (%=Link(«http://www.elespectador.com/»,»El Espectador»)%) de Colombia del 18 de febrero de 2000
