Denuncian represión contra los sin tierra en Brasil
El Movimiento Sin Tierra del Brasil sufre una terrible represión especialmente en los estados del Norte y del Paraná, denunciaron la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro Europa Tercer Mundo (CETIM) ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que inició su 57 período de sesiones el
pasado 19 de marzo.
Arrestos arbitrarios, torturas, violaciones, amenazas de muerte, ejecuciones sumarias y masacres, son algunas de las acciones que sufren los campesinos sin tierra del Brasil. Entre 1985 y 1997, 1003 campesinos fueron asesinados en el país, pero solo 56 de estos casos fueron objeto de investigación penal, siendo total la impunidad, aseguran las dos organizaciones no gubernamentales.
Los desalojos de campesinos que ocupan tierras se realizan en la mayoría de los casos sin mandato judicial y con extrema violencia, empleando fuerzas totalmente desproporcionadas que afectan sobretodo a mujeres, niños y personas adultas. En el Estado de Paraná se ejercen las más duras acciones violentas contra los miembros del MST. En la estrategia de represión confluyen los poderes judiciales, los grandes propietarios de tierras, la policía, la policía militar, la policía secreta y las milicias armadas privadas, frecuentemente se utiliza a grupos de élite especializados en operaciones contra guerrillas, terroristas o narcotraficantes.
El MST, un movimiento de resistencia activa no violenta, nació en 1985 y agrupa actualmente a 250.000 familias campesinas que ocupan tierras inexplotadas de grandes propietarios con el fin de hacerlas producir y asegurar su subsistencia.
Las acciones para desmantelar al MST se realizan con la complicidad de la prensa y el Gobierno del Estado de Paraná, quienes ha emprendido una campaña de desacreditación y criminalización de los movimientos que luchan contra la reforma agraria. El MST señala que el Gobierno de Paraná, presidido por el Sr. Jaime Lerner, ha provocado 16 muertos, 31 intentos de muerte, 7 casos de tortura, 323 heridos y 470 detenidos en el curso de los 1300 desalojos de ocupaciones.
El CITM y la AAJ señalan que esta situación alarmante de los derechos humanos en el Brasil tiene como telón de fondo un modelo económico adoptado por el Presidente Fernando Henrique Cardoso, totalmente subordinado al capital financiero internacional que acentúa la concentración de la riqueza y provoca una creciente pobreza: 3,2 millones de niños trabajadores, 30 millones de analfabetos, 10 millones de desempleados, 4 millones de campesinos sin tierra, 100 mil personas explotadas en condiciones de trabajo calificadas de esclavistas, 50 millones de brasileños que sobreviven con menos de 2 dólares estadounidenses por día.
En el mundo rural, la aplicación de una verdadera reforma agraria es la única solución que permitiría hacer frente a la miseria generalizada que viven los campesinos. La concentración extrema de tierras en manos de grandes propietarios, de los cuales 2.8% poseen más del 56% de las tierras cultivables, es uno de los principales factores de empobrecimiento de la población rural y de las violaciones de derechos humanos. Y también es la causa de la pérdida de toda seguridad alimentaria en un país que produce siempre menos e importa siempre más productos agrícolas, en tanto que el 31% de las tierras laborables siguen inexplotadas.
La reforma agraria no ha formado parte de los sucesivos gobiernos brasileños, más proclives a defender los intereses de los grandes propietarios, que a velar por los intereses de las mayorías. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria muy pocas medidas ha tomado para redistribuir la tierra. Para contrarrestar las presiones de los movimientos rurales por la reforma agraria, el Gobierno brasileño, en 1997, puso en marcha un programa denominado «Cédula de la Tierra», apoyado
por el Banco Mundial, cuyo objetivo es ofrecer financiamiento a los campesinos sin tierra para que puedan comprar directamente su parcela a los grandes latifundistas. Esta reforma agraria «de mercado» en realidad reconoció de manera implícita la legitimidad del latifundismo y la concentración de la tierra.
En noviembre de 2000, el gobierno y el Banco Mundial pusieron en ejecución un proyecto denominado «Crédito Agrario y Combate a la Pobreza», con un financiamiento inicial por parte de este último de 191 millones de dólares. Este programa no respeta la Constitución Federal de 1988 que garantiza el derecho a la
expropiación de las grandes propiedades, muchas veces adquiridas en forma fraudulenta, y la responsabilidad del Estado en la realización de la reforma agraria.
El CETIM y la AAJ solicitan a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU intervenir ante el gobierno brasileño a fin de que implemente una auténtica reforma agraria y que actúe de acuerdo a la Constitución Federal de 1988 y a los pactos internacionales relativos a los derechos económicos, sociales, culturales, y a
los derechos civiles y políticos.
