Opinión Internacional

Derechos para todos

Hace algunos días una línea aérea le planteó ciertas trabas a la senadora
del MAS Leonilda Zurita en la escala que realizó en Caracas, Venezuela,
cuando se encontraba realizando un viaje a Austria. Se ha comunicado que
también fue tratada de manera ruda por funcionarios de la Policía Migratoria
en Madrid, hecho que ha sido denunciado y condenado por la Cancillería de
Bolivia y por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Por este percance
también se han elevado quejas ante el Ombudsman y el Defensor del Pueblo de
la Unión Europea, y se ha llegado incluso a plantear una queja y demanda al
Senado Nacional para que éste se pronuncie al respecto.

La protesta plantea que la senadora Zurita fue discriminada porque usaba
pollera, razón por la que desconfiaron de ella y de su pasaporte diplomático
y la senadora exige ser compensada por la línea aérea por los daños y
perjuicios ocasionados, así como por el trato discriminatorio que le fuera
inflingido.

Nos parece oportuno exigir que no haya trato discriminatorio para los
ciudadanos que se trasladan o viajan de un punto del mundo a otro, pero lo
que nos resulta sorprendente es que sólo la situación sufrida por la
senadora y anteriormente por el canciller Choquehuanca, quien también se
quejó de un trato discriminatorio, sean los únicos casos que hayan sido
tomados en consideración para establecer formalmente una denuncia. Si
hacemos memoria, precisamente en la actual gestión del MAS, cientos de
ciudadanos bolivianos han sido maltratados, estafados, discriminados y
deportados en los aereopuertos internacionales, sin que esta situación
hubiera provocado la más mínima reacción de la cancillería y de las
organizaciones ahora denunciantes. Llama la atención que sólo la senadora
Zurita o el canciller Choquehuanca tengan la posibilidad de reclamar por la
violación de sus derechos, en un país en el que los pasajeros han retornado
después de haber perdido todos sus ahorros sin la más mínima posibilidad de
hacer un reclamo y después de haber sufrido violencia física y psicológica
en oficinas migratorias en el que fueron encerrados por horas,
incomunicados, insultados y humillados, antes de ser deportados en
condiciones infrahumanas, para llegar al país a afrontar la dura realidad de
haber perdido todos sus ahorros por intentar salir de la condición de
precariedad y de falta de un empleo digno, que es una de las situaciones más
comunes en el momento actual, a raíz de que la clase media ha caído y sigue
en picada vertiginosa pasando por la pobreza, que tiene como último piso la
indigencia.

Los pequeños o medianos empresarios que surgieron entre los 90 y el 2000,
han fracasado y quebrado en sus iniciativas empresariales y la clase
profesional sólo accede a empleos devaluados o se encuentra desempleada,
dedicándose a empleos ocasionales, razón por la que una gran cantidad de
personas se ve obligada a emigrar.

La senadora Zurita, y el canciller Choquehuanca son de los pocos
afortunados, que a pesar de haber sido discriminados en el exterior regresan
a su país y tienen la posibilidad de quejarse y de ser escuchados y además
cuentan con un empleo seguro y que es fuente de reconocimiento social y
estatus, situación a la que parecen haberse acostumbrado de manera
vertiginosa, tanto así, que sólo se quejan por lo que les ha ocurrido a
ellos, olvidando el terrible destino de miles de personas que han sufrido y
sufren peores situaciones de maltrato, discriminación, humillación y hambre,
acompañada de una estrepitosa caída en la pobreza.

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