Opinión Internacional

Detrás del golpe

Muchos velos se han venido corriendo desde el 28 de junio pasado cuando se produjo el golpe de estado que interrumpió la continuidad democrática en Honduras. Y en la medida que se alargue la vigencia del limbo impuesto por la absurda mediación encomendada al Presidente costarricense, seguirán rodando tules y gasas que dejarán al descubierto intenciones presumidas, ahora comprobadas, mientras que ya no queda un humeral en su santo lugar.

Dentro de la inmensa variedad de verdades reveladas, nos han llamado poderosamente la atención los mensajes remitidos a la región latinoamericana y caribeña, tanto a destinatarios individuales como colectivos, y los tráfagos utilizados para hacer llegar los recados a través de la mesnada bochornosa que se prestó a esos menesteres.

La evolución de los acontecimientos puso de relieve la incomodidad imperial causada por aquellos gobiernos que han osado dar un paso adelante hacia la profundización del sistema democrático dejando de lado el representativo liberal, los cuales cuentan con un amplio respaldo popular. La conformación de la nueva democracia implica, necesariamente, cambios políticos, sociales y económicos, cuya cristalización requiere la remoción de los obstáculos que limitan el pleno ejercicio de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, los cuales desnaturalizan los propósitos de mantener inalterados los tradicionales lazos de dependencia en el hemisferio.

Esos cambios, además, han llevado a revalorizar a la unidad regional como eje de las políticas externas que persiguen como objetivo la multipolaridad como característica esencial del funcionamiento del sistema internacional. En la búsqueda de esa unidad, la mayoría de los países han puesto en marcha diversos y novedosos esquemas de cooperación que, gradualmente, les han permitido amalgamar intereses comunes a un nivel tal que por primera vez en la historia lograron cohesionar un movimiento regional capaz de promover, primero, la incorporación de Cuba al Grupo de Río; luego, el levantamiento incondicional de la suspensión que pesaba sobre el República cubana en la OEA, con miras a lograr su reinserción en el sistema interamericano; y, mas recientemente, el pronunciamiento unánime de esa Organización exigiendo la restitución, también incondicional, de José Manuel Zelaya Rosales como Presidente Constitucional de la República de Honduras.

No obstante la unanimidad alcanzada en la casa del diálogo interamericano, algunos hechos han puesto en entredicho su fortaleza. A estas alturas, no caben dudas que ha comenzado a dilucidarse el enigmático discurso expresado por los Estados Unidos frente al golpe. Las recientes declaraciones del vocero del Departamento de Estado negando la existencia del golpe coronaron el inaceptable e improcedente testimonio de la dirigente de esa dependencia depreciando el sufragio frente a la gestión que despliegue cualquier gobierno sea éste electo por la voluntad popular o no. En esa línea de acción se inscriben la negativa de cortar la ayuda militar a una fuerza armada que se prestó al juego de la confusión jurídica para justificar la asonada golpista y, luego, promover una aberrante mediación cuyos términos, según se presume, previamente fueron puestos del conocimiento de los usurpadores y que, por supuesto, han puesto en tela de juicio el origen de la propuesta hecha pública por el Presidente de Costa Rica quien, protocolarmente, casi le concedió tratamiento de Jefe de Estado al cabecilla del golpe en ocasión de su arribo a San José para el inicio de la mediación.

A esas resbaladizas actuaciones de los gobiernos estadounidense y costarricense se ha sumado la actitud asumida por varios presidentes de la región, quienes han limitado su acción a mantener una tibia retórica anti golpista e instruir el retiro de su respectivo embajador. Sin embargo, ninguna tan destacada como la del Presidente de Colombia, quien habría concedido un tácito reconocimiento a los apropiadores de la autoridad en Honduras, de confirmarse el hecho de hacer recibido al espurio conductor de la política exterior de los expoliadores del poder en ese país.

El conjunto de mensajes enviados a los gobiernos progresista no tienen origen exclusivamente en el ámbito político. Entre los cambios introducidos por ellos, ocupa un lugar destacado la recuperación de la explotación de los recursos naturales y los programas de cooperación en ejecución que procuran una complementación intrarregional con base en los mismos, especialmente, en el sector petrolero. No cabe duda alguna que esos programas han afectado los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, lo cual motiva la natural reacción de las verdaderas fuerzas gobernantes en los Estados Unidos. Como ha sido una constante en la historia de la humanidad, el factor económico también está jugando un papel trascendental en conflictos como el desencadenado a partir del golpe de estado en Honduras.

Como podía esperarse, esos mensajes tampoco podían ser ajenos a otros acontecimientos que exacerban las relaciones entre los países latinoamericanos y entre estos y los Estados Unidos. Como por arte de magia reaparecieron, entre otros, las descertificaciones infundadas en el control del narcotráfico y el lavado de activos; el supuesto e indemostrado apoyo a movimientos insurgentes –mal calificados como terroristas-; y, aprovechando el retiro del Comando Sur de la Base de Manta, se aceleran los acuerdos para reforzar la presencia militar norteamericana –con efectivos y mercenarios- en suelo colombiano, mediante el establecimiento de tres nuevas bases y fortificando las ya existentes.

En ese juego de recados cruzados y contradictorios, los Estados Unidos y los golpistas han contado como gran aliado a los medios de comunicación privados tanto internacionales como nacionales que en Venezuela actúan, a su vez, como partidos políticos. Los mensajes enviados por estos canales de difusión, inequívocamente han coincidido en ocultar y tergiversar información acerca de la evolución de los acontecimientos en territorio hondureño, incluyendo aquellos que atentan en contra de los derechos humanos y la libertad de expresión, temas objeto de una permanente reivindicación por parte de esos medios.

A ese anormal tratamiento a las informaciones, aunque muy usual en los últimos tiempos, se le han apegado las opiniones emitidas por los analistas que suelen mantener columnas o efectuar presentaciones televisivas o radiofónicas en esos medios. Una rápida revisión de todos ellos nos han sorprendido profundamente. En honor a la verdad, jamás nos hubiésemos podido imaginar que en la región existieran tantos expertos constitucionalistas que tanto mal interpretan la constitución de su país, como con gran autoridad lo hacen de la de Honduras. Eso sí, todos coinciden en justificar el golpe y, por cierto, usan y abusan de la paciencia del usuario al extrapolar la situación hondureña hacia los países que cuentan con gobiernos progresistas; en el caso particular de Venezuela, han llegado hasta a hacer llamados a la Fuerza Armada Bolivariana a adoptar una actitud similar a la hondureña.

Detrás del golpe de estado subyace un entramado de intereses políticos, económicos y sociales, nacionales y transnacionales, que apuntan a destruir , o por lo menos minimizar, la correlación de fuerzas que viene emergiendo desde hace poco más de una década en América Latina y el Caribe. Las alarmas están encendidas y las alertas se han expandido, y ello obliga a proceder consecuentemente a través de la profundización de las políticas tendentes a conceder irreversibilidad a los logros alcanzados. La movilización popular y el fortalecimiento de la unidad cívico-militar son ahora más que necesarios, indispensables para continuar transitando el sendero que nos hemos trazado. No esperemos que la historia nos cobre por omisión.

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