Diplomacia preventiva
Desde Washington a Lima, pasando por Nueva York, y Caracas, se habla en esos días de la necesidad de limitar la actuación de los observadores internacionales en los procesos electorales. El tema se extiende porque una reunión de expertos en Nueva York, plantea la necesidad de conformar un equipo de personalidades hemisféricas que actúen por anticipado para advertir a los gobiernos sobre los riesgos a que se exponen en la comunidad internacional, si adoptan tales o cuales posturas. En pocas palabras se trata de armar una especie de «diplomacia preventiva».
En la dinámica realidad de nuestros países van apareciendo situaciones que en ocasiones ni el Derecho Internacional Público, ni la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 habían previsto. La presencia de actores privados y organismos internacionales para evaluar los procesos electorales, «legitimarlos» y emitir opiniones oficiosas sobre esta materia, en forma previa o posterior, están constituyendo una manera de calificar situaciones internas de los países que comprometen la aceptación o no de éstos de admitir este tipo de participación. O al menos convencerlos de la necesidad de limitar esta participación. Un periodismo interesado difunde en estos días una confusión conceptual sobre lo que es la legalidad y legitimidad del poder. Lo que puede estar en discusión es la forma de legalidad de los procesos electorales, pero su legitimidad la confieren las diversas organizaciones políticas cuando aceptan participar. Mucho menos puede aceptarse que se califique la legitimidad del gobierno exclusivamente por los votos que obtiene. Existe una legalidad y una legitimidad de origen y una de ejercicio.
La inocencia y la imparcialidad de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), comienza a despertar sospechas y a ponerse en entredicho. Valdría la pena revisar los métodos de reclutamiento de la OEA para los funcionarios que ocupa. Venezuela ha descuidado desde hace mucho tiempo la necesidad de apoyar e incentivar la participación y empleo de venezolanos en organismos internacionales. No existe incluso un inventario de venezolanos que en forma privada trabajen en estos organismos.
La actuación de la OEA en Perú era claramente a favor del candidato Toledo. Hay que interrogarse sobre cuál es el límite de participación en procesos internos de estos observadores que se movilizan más allá de los hoteles donde permanecen, de los organismos electorales y centros de votación que visitan y de su presencia en las sedes de determinados candidatos. El Centro Carter, que ha tenido una actuación impecable en varios países pudiera ayudar mucho a conformar un código de comportamiento que comience a regular esta participación oficiosa de agentes internacionales que actúan independientemente o contratados por gobiernos u organizaciones internacionales.
Pero a la par de la problemática surgida, estamos observando una actuación cada vez más preocupante de agentes diplomáticos acreditados en determinados países para participar abierta o encubiertamente en los procesos electorales o en la dinámica de la política interna cotidiana. Tan inaceptable es una diplomacia preventiva armada desde el exterior, como una diplomacia ofensiva que comienza a transgredir la prohibición expresa de participar en los asuntos internos de los países. En Caracas estamos teniendo ejemplos muy concretos a los que la Cancillería venezolana debe salirle al paso. No queremos diplomáticos conspiradores o que utilicen su inmunidad diplomática para asistir a cualquier reunión política con el título de «invitados especiales». El Ministerio de Relaciones Exteriores no puede guardar silencio ante un Embajador que actúe como un político en la prensa, la radio y la televisión. Esto es inaceptable a todas luces. Como bien apuntaba Oscar Wilde «El mejor diplomático es aquel que habla y dice menos».
