Opinión Internacional

Dique institucional al vandalismo

¿Cuál el nexo del estado mayor de las Farc con las cuadrillas feroces que a sangre y fuego abatieron a la población de Vigía del Fuerte, en Antioquia, y causaron graves destrozos en la chocoana de Bella Vista? ¿Cuál el vínculo entre la consigna de paz con justicia social y el pregón iracundo de la revolución total? ¿Cuál el enlace entre la faz afable de los peregrinos por Europa y el rostro crispado de los crueles verdugos de policías y civiles?

¿Hay una política de dos caras con base en la teoría de prestarse al diálogo sin perjuicio de agudizar el conflicto? ¿Se están dejando fuerzas sueltas para que procedan sobre el terreno como mejor les parezca? ¿No existen fisuras entre veteranos duchos y jóvenes impacientes? ¿Las contradicciones obedecen meramente a división de funciones y trabajos?

¿El nombre de la paz se utiliza para captar simpatías y, a la vez, para disfrazar y cohonestar actos vandálicos? ¿Es ella propósito fundamental o arbitrio táctico para cubrir eventuales repliegues? ¿Qué significa la aparente falta de información del estado mayor de la guerrilla sobre operaciones en marcha? ¿Quieren presentarse los unos como estadistas en agraz mientras a los otros toca simplemente practicar la violencia?

En el caso de Vigía del Fuerte y de Bellavista, a favor del vínculo entre comandantes superiores y jefes de frentes o de cuadrillas, se tropieza con la cacería encarnizada a grupos paramilitares y el intento de reconquistar la zona de influencia de Urabá. Ambos son objetivos primordiales de las Farc. Donde aparece el contraste es entre los desbordamientos de barbarie de esos episodios espeluznantes y la mansedumbre calculada de coloquios televisivos y encuentros fotogénicos.

No cabe desconocer que la tesis de negociar en medio de la guerra y del terrorismo autoriza de suyo la ambivalencia de los criterios y las actitudes. Pero bien pudiera haber, en el seno de las Farc, tendencias radicales y moderadas, como suele ocurrir en todas las comunidades. El mismo compromiso de granjearse la tolerancia externa y de consolidar -si no fortalecer – la posición interna, implica duplicidades. También en el Estado existen notorias divergencias, al compás de las funciones respectivas, como de los duelos y quebrantos.

Entonces, ¿jugar a una hipotética discrepancia en las filas guerrilleras o más bien considerar que su comando se mueve sincronizadamente en los escenarios de la conciliación y de la confrontación? Las autoridades militares no han vacilado en atribuir al secretariado de las Farc la responsabilidad de las destrucciones y desmanes en Vigía del Fuerte. Lo cierto es que su atrocidad quizá se habría evitado si la política gubernamental de paz hubiera reconocido máxima prioridad al acatamiento al Derecho Internacional Humanitario.

En esta materia, no ha sido tan categórica, congruente e insistente como se requería y requiere. Ni tan comprensiva y democrática para congregar en su resuelto apoyo a la opinión pública, oscilante entre la ilusión de alcanzarla en la mesa de las negociaciones y la decepción atribulada por las masacres. Una especie de negligencia concertada da trazas de haber habido para abstenerse de poner en ejecución el empeño ineludible de humanizar y mitigar el conflicto. Sin más dilaciones.

Ni la opinión nacional ni la internacional pueden entender la simultaneidad afrentosa de espectáculos de civilizado avenimiento y de impiadoso arrasamiento. Como burla sangrienta se les interpreta y no sin razón. Está bien ocuparse del problema del desempleo explosivo a que han conducido disparatadas políticas económicas. Pero al desangre y la barbarie hay que frenarlos con eficacia y prontitud.

No se exponga el país a que desde fuera y en nombre de la humanidad se empiece a pensar en venir a civilizarnos y disciplinarnos. Por la aplicación inmediata y sin esguinces del Derecho Internacional Humanitario es preciso bregar con energía sin desfallecimientos.

Sustitución, no marginalismo

Ninguna duda hay de que la lucha contra el narcotráfico implica la prioritaria sustitución de cultivos en las zonas periféricas donde se han asentado y prosperado. Habiendo pasado a constituir en ellas modos de vida, tan ilícitos como evidentes, no se puede imaginar que desaparezcan de la noche a la mañana, bajo el mero acoso de la Fuerza Pública.

En Bolivia y Perú, tal sustitución se adelantó con reflexión, éxito y perseverancia. Es la tarea para la cual se requiere el concurso del resto de las naciones, en particular de aquellas que con su poderosa demanda generan y estimulan la oferta. En principio, ningún artículo supera en rentabilidad a la coca y la amapola. Además de su precio, no es poca la ventaja de transportarse, comercializarse y procesarse sin necesidad de obras de infraestructura y sin dificultades mayores. El mercado de compra es mundial y casi ilimitado.

Dentro del Plan Colombia o del programa Plante, es de suponer que se tengan cuidadosamente precisados los cultivos alternativos y los servicios adecuados para su promoción e implantamiento. No serán lo mismo de rentables, pero la presencia del Estado en las zonas donde ha brillado por su ausencia puede ofrecer compensaciones en términos de la calidad de las vidas y de las nuevas labores.

El propósito no puede ser el de multiplicar el marginalismo sino el de extender el radio de acción de la economía formal y moderna, dotándola de bases propicias e idóneos instrumentos, con miras a integrar a quienes se encuentran precisamente al margen de la legalidad. No se trata, ni mucho menos, de condenar a la inercia y a la inanición a los muchos campesinos que en los cultivos ilícitos han hallado forma de subsistencia y relativo bienestar.

Lo que se pretende y se debe pretender es reincorporarlos a actividades saludables, o sea brindarles nuevas oportunidades con la orientación y el apoyo del Estado. No de invitarlos a sumarse a la masa adolorida de los desocupados, menospreciados y vejados. Ni a la exasperada de los desplazados. A propósito, ¿cuándo se va a resolver el problema del asedio a la Cruz Roja Internacional en Bogotá?

Mejor las leyes que el queso

Razones incontestables asisten al senador Germán Vargas Lleras para proponer que el Congreso cese por ley de manejar caudales públicos. Ni su estructura colegiada ni su función política lo habilitan para asumir responsabilidades ejecutivas. Las estafas comprobadas en la Cámara de Representantes han evidenciado el peligro de sacarlo de sus cauces y ponerlo a administrar recursos presupuestarios. Nunca ha sido prudente encargar a los ratones cuidar el queso apetecible y menos otorgárselos a discreción o en forma que pueda resultar irregularmente condicionada. Déjese a los legisladores honrarse en el noble oficio de hacer las leyes.

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