Opinión Internacional

Divergencias reveladoras

(%=Image(6971723,»R»)%)No es fácil entender los alcances y la naturaleza de las propuestas que en relación con el tema de la Carta Democrática Interamericana pretende incorporar el Gobierno al texto que al respecto ha servido de sustento para el debate sobre el particular en el seno de la OEA que, como es sabido, debe culminar con el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General convocado para reunirse en Lima el entrante 10 de septiembre.

Según un despacho de la agencia EFE, procedente de Washington, el jefe de la delegación venezolana ante la entidad hemisférica “propuso, entre otras iniciativas, que los gobiernos antidemocráticos sean excluidos de la OEA”. Nada tendría por qué llamar la atención esa acción, coincidente con políticas adoptadas por la OEA en ese campo hace ya algunos años, como son la Resolución 1080 de 1991 y el Protocolo de Washington de 1992, si no se diera la circunstancia de que en la misma fecha en la que el Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la OEA consignaba sus propuestas en el Consejo Permanente de la organización regional allá en la capital estadounidense, aquí el jefe del Estado se encontraba recibiendo “a todo trapo”, vale decir, con los máximos honores, al presidente de Cuba, el cual durante el ejercicio absoluto del poder en su país durante 42 años, ha demostrado sin ningún género de dudas que es un gobernante antidemocrático que no reconoce la existencia de los más elementales derechos humanos y, por tanto, niega la vigencia de todos ellos, además de que, en el transcurso de toda su gestión, ha violado con el mayor descaro principios fundamentales para la convivencia internacional como son, entre otros, el de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Es oportuno recordar, en este contexto, que la agresión cubana en el decenio de los sesenta contra el gobierno democrático de Venezuela, irrespetando y vulnerando los principios mencionados, fue determinante para la exclusión del gobierno de Cuba del seno de la OEA.

Cabe entonces formular la interrogante de si, con el paso descrito, nuestro país estará seriamente comprometiéndose con el ejercicio efectivo de la democracia en la esfera internacional o si, por el contrario, de lo que se trata es de una acción de “lavado de imagen” ya que es bien sabido que la percepción que se tiene del actual régimen venezolano en el exterior no es exactamente positiva. Aparentemente quizás prive este último criterio en la conducta que exhibe la diplomacia venezolana en la cuestión, pues no se ha modificado la conocida postura del gobierno antillano, reiterativa de su profundo desprecio por el sistema interamericano, de que “Cuba no tiene el menor interés en regresar al seno de la OEA”, con lo cual el autodenominado régimen bolivariano de la “revolución democrática y pacífica” queda en capacidad de acercarse a sus equivalentes en el hemisferio sin atenuar ni debilitar las estrechas e íntimas vinculaciones que hasta ahora han marcado las relaciones entre Cuba y Venezuela.

Mientras tanto, no se descarta que se debe llegar a un acuerdo en relación al debate sobre el tema de la democracia participativa entendiéndola como complementaria y no sustitutiva de la democracia representativa. De mantenerse esa postura, cobra fuerza la posibilidad de que sea aceptada, conforme al trascendido noticioso, la tesis venezolana de ahora rectificatoria del absurdo conceptual y doctrinario que prosperó en la Asamblea Nacional Constituyente de eliminar toda referencia a la representatividad en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un significativo paso en esa dirección acaba de cumplirse en la Cumbre del Grupo de Río, conforme a información procedente de Santiago de Chile, sede del importante evento latinoamericano y caribeño que acaba de finalizar sus deliberaciones. En su declaración final, versión oficiosa, los mandatarios asistentes consideraron que la Carta Democrática Interamericana junto con mantener la vigencia de la democracia representativa debe “profundizar en la calidad de la institucionalidad democrática, garantizando mediante normas una participación efectiva, ética y responsable de los ciudadanos”.

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