Opinión Internacional

Dobles raseros internacionales

Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso.» Solón de Atenas

 

Para que los ciudadanos de un país sean libres y gocen de los beneficios de la democracia no basta lo que digan sus constituciones, se necesitan ciudadanos íntegros que las hagan respetar.

Las constituciones son contratos o acuerdos que suscriben los individuos, en los cuales se recogen los principios y mecanismos de organización para un Estado, incluyendo derechos, deberes y procedimientos.

 

No obstante, en Latinoamérica ocurre como en el Leviatán de Thomas Hobbes, pues los ciudadanos están sometido contractualmente a las leyes, pero los gobernantes no se obligan a respetarlas y no se sienten con obligación alguna hacia sus ciudadanos.

 

Como una epidemia, en la mayoría de los países latinoamericanos se han elaborado constituciones que responden a los intereses de los mandatarios de turno, quienes con malsanas intenciones, únicamente buscan colmar sus aberrantes apetencias de poder y riquezas.

 

Las rupturas y violaciones constantes de las normas suscritas entre gobernantes y ciudadanos, ha conducido a los países latinoamericanos a vivir en sociedades jurídicamente inseguras, permitiendo violaciones a valores y principios fundamentales como el derecho a la vida y el de la propiedad privada, arrojando a las sociedades a una especie de guerra de todos contra todos.

 

Los neo totalitarios del eje de los países del Alba por ejemplo, están presididos por hombres ambiciosos con discursos carismáticos que han logrado mediante lemas populistas y demagógicos alcanzar el poder, luego, han modificado o hecho nuevas constituciones para reelegirse eternamente, llevando a sus países a las horas más funestas para la libertad y la democracia.

 

En nuestros tiempos se creyó que la instauración de organismos internacionales sólidos podrían constituir garantías para el respeto de las democracias en el ámbito latinoamericano, pero las normas y acuerdos han sido aplicados a países vulnerables, pero los poderosos han podido con total impunidad violar derechos humanos, traficar narcóticos y promover terrorismo con toda impunidad.

 

En Venezuela en los actuales momentos debido a la enfermedad terminal de Hugo Chávez, las mafias enquistadas en el alto gobierno están conduciendo a los venezolanos a una desgracia de dimensiones inconmensurables que debe ser atendida a tiempo y con gran efectividad por los organismos internacionales.

 

La OEA, Unasur y Mercosur entre otros, deben aunar esfuerzos contundentes que obliguen al gobierno de Venezuela a respetar su constitución, gestionando una transición pacífica y democrática.

Venezuela presenta unas condiciones particularmente peligrosas ya que como sabemos los poderes del Estado han sido completamente conculcado por una cúpula mafiosa, que amenaza con derramamiento de sangre a la oposición.

Una medida saludable sería la instauración temporal de una junta cívico-militar que restituya el orden constitucional y los derechos democráticos en ese país.

Los Latinoamericanos aspiramos que las normas nacionales e internacionales no sean usadas selectivamente como ocurrió en el caso de Honduras en la crisis con Zelaya y con Paraguay por la destitución de Lugo.

La iniquidad en las aplicaciones de las normas internacionales deben cesar, evitando que exclusivamente se empleen contra países débiles y pobres y evitando que persistan los dobles raseros.

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