Opinión Internacional

Dolor suicida

Dolor suicida, este nombre define desde los tiempos griegos aquella experiencia médica que las neurociencias denominan: neuralgia del nervio trigémino. Los primeros registros en la historia médica describen la manera en que los individuos aquejados por sus efectos buscaban despeñaderos para lanzarse, una soga o un disparo de gracia. En la Europa medieval los enfermos buscaban angustiosamente el Sena o las grietas de las iglesias cristianas para ocultar su dolor. En la actualidad existen registros, entre cada 100.000 individuos, el 0,04% se encuentra expuesto al riesgo de padecer neuralgia del trigémino. La ruleta puede girar en contra nuestra. Y este es mi caso, durante 6 meses mi esposa ha debido soportar el dolor suicida.

Medir el tiempo resulta significativo para evaluar la calidad de un servicio que el gobierno Uribe ha privatizado con las Nuevas EPS. Un imperio de la administración médica que refleja laberintos kafkianos entre quienes tenemos que demandar servicios médicos. Para ilustrarlo, el diagnóstico de la neuralgia del nervio trigémino, en el caso de mi esposa, fue diagnosticado el 23 de enero del presente año, la valoración para corroborar la especialidad del daño se realizó el 12 de mayo (pasados 5 meses). Una cita pre-anestesiología, el 9 de junio (6 meses). Y la cirugía, precipitada por circunstancias calamitosas. El tiempo fue evolucionando, perpetuamente bíblico, mientras mi esposa se estaba muriendo.

Una burocracia ineficiente se extiende entre el servicio médico y los procesos administrativos. La Nueva EPS su mejor ilustración. Si la enfermedad comprende las características anotadas, los funcionarios intermedios le pueden recomendar (por compasión) instaurar un derecho de tutela. Se considera como el mecanismo más eficiente para casos de extrema urgencia. Sin embargo, detrás de la tutela también se esconde un negocio de dimensiones escandalosas. Las cotizaciones por servicios médicos, drogas e instrumentos quirúrgicos, finalmente son cobradas al gobierno por intermediarios que comparten algo en común, administran los servicios. La burocracia impuesta al sistema de salud ha degenerado la función social de las profesiones médicas.

La dolorosa experiencia que hemos tenido que padecer no ha culminado. Porque estando de urgencias en el Hospital Universitario San Ignacio, se acusaba falta de cupo para su hospitalización. Y alguna funcionaria de la Nueva EPS, revocando una orden médica aprobada pretendía que se le reenviara a otro hospital. Lo cual significaba tener que iniciar de nuevo el penoso proceso de valoración médica general (3 meses) y especializada (3 meses). En síntesis, la funcionaria de la Nueva EPS, desconociendo la historia clínica, tuvo la brillante idea de apresurar el dolor causado por el nervio trigémino. Mi esposa se estaba muriendo.

Finalmente la fuerza de las circunstancias lograba los resultados que el sistema de salud y la Nueva EPS diluía en un tiempo eterno. Mi esposa fue sometida de urgencias a la intervención quirúrgica, con resultados positivos. Los doctores Oscar Fernando Zorro y Javier Mauricio Saavedra, con el apoyo del departamento de Neurología del Hospital San Ignacio, llevaron a cabo un trabajo de notable calidad profesional. No sabemos de donde provinieron las aprobaciones ex post de la Nueva EPS. La verdad es que si las circunstancias no hubieran precipitado este servicio, estaríamos lejos de la atención prioritaria.

Este caso puede encontrarse multiplicado bajo diferentes modalidades. Cientos de usuarios del sistema de salud deben atravesar los valles de la amargura para asegurar derechos constitucionales. Este fenómeno de privatización tiene un rostro oscuro. De un lado, negociantes que han edificado un monopolio económico con fondos derivados de impuestos públicos. De otro, cientos de cotizantes que no pueden pagar derechos médicos costosos y que deben resignar su suerte a la fuerza de las circunstancias. ¿Alguien puede indicarnos que hacen el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia?

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