Opinión Internacional

¿Dónde están los reales?

(%=Image(7298703,»L»)%) Washington (AIPE)- Si todos los meses usted gasta más de lo que gana y se está hundiendo en deudas, pero tiene un lujoso yate que usa muy poco, ¿qué debe hacer? Lo más probable es que, si usted es una persona racional, procederá a vender el yate y a pagar sus deudas.

El gobierno de Estados Unidos ha gastado más que sus ingresos a lo largo de casi todos los últimos 75 años, razón por la cual el pago de intereses sobre la deuda es cada vez más alto. Lo que mucha gente no sabe es que el Estado tiene propiedades con un valor “probable” muy superior a su deuda. Digo “probable” porque el gobierno no tiene un balance general confiable de sus activos y pasivos.

Por ejemplo, el gobierno federal tiene unas 700 millones de acres de terrenos que equivalen al 30% del territorio nacional, pero nadie en realidad sabe si son 650 o 690 millones de acres. Las empresas privadas están obligadas a presentar a sus accionistas balances contables exactos. Si no lo hacen, sus ejecutivos van a la cárcel.

Los ciudadanos somos los “accionistas” del gobierno y debemos tener el derecho de recibir información confiable. Estamos cansados de oír decir a políticos y burócratas hipócritas que los ejecutivos deben ser castigados por sus fraudes o errores contables, cuando la entidad más importante –el gobierno– mantiene una contabilidad tan poco confiable e incompleta que sería una vergüenza para un contador de Enron.

La contabilidad oficial es importante por muchas razones. Por ejemplo, el actual debate sobre el Seguro Social gira alrededor de aumentar las retenciones o rebajar los beneficios. El sistema actual es un engaño porque los fondos no están depositados en ninguna parte, sino que han sido gastados y reemplazados por pagarés. Si eso lo hiciera un empresario iría a la cárcel por fraude. Y como siempre sucede con los fraudes, los días están contados porque los ciudadanos están viviendo más y teniendo menos hijos. Para evitar este tipo de fraude hay que poner el dinero de las pensiones fuera del alcance de los políticos.

Mientras tanto, enfrentamos el grave problema de la “transición” o, para decirlo claramente, reemplazar el dinero de las retenciones que los políticos gastaron. El primer paso, entonces, es que el gobierno comience a vender activos, para lo cual se necesita tener un balance general confiable.

El gobierno es propietario de menos de 5% de las tierras en los estados del Este y del Centro, pero le pertenecen 57% de las tierras de los estados del Oeste. Aquí no estamos contando las tierras que pertenecen a los gobiernos estatales y municipales.

Algunos ambientalistas creen que el gobierno debe ser dueño de todas esas extensiones de terrenos. Ellos todavía no han entendido por qué el socialismo fracasa. Pero, la realidad es que una muy pequeña porción se requiere para parques, reservas ambientales y bases militares.

Hay infinidad de estudios e investigaciones que comprueban que es un mito que el gobierno protege y administra mejor las tierras que el sector privado. Los precios de los terrenos en el Oeste han aumentado por la escasez artificial creada por la propiedad gubernamental de las tierras, haciendo que aumente el precio de las viviendas, lo cual afecta particularmente a los más pobres. Es decir que no solamente el gobierno hace uso inapropiado de las tierras, sino que además afecta negativamente la economía y el medio ambiente.

Proceder a vender anualmente entre 1 y 2 por ciento de las tierras del gobierno durante los próximos 50 años cubriría seguramente el costo de transición del Seguro Social, evitando mayores impuestos y menores beneficios.

Cuánto puede el gobierno obtener con esas ventas depende, claro está, en cuáles tierras se venden, cuándo y cómo. Pero el valor futuro de esas tierras no puede estimarse hasta que se tenga un inventario confiable de ellas.

Pregúntele a su familia y amigos si prefieren que el gobierno: (a) aumente los impuestos, (b) les reduzca los beneficios o (c) venda tierras que no necesita.

(*): Académico de Discovery Institute y académico asociado de Cato Institute.

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