Dos años del gobierno de Uribe

El discurso de Uribe ante el Congreso ofrece una idea sobre los logros
obtenidos durante estos dos años por su gobierno y los temores del
ambiente político que se avecina. Fue evidente su marcada preocupación por
los prejuicios que reinan en materia de inversión y gasto social. El
discurso transcurrió haciendo acopio de cifras y datos para reivindicar
los esfuerzos en tal sentido. Destaco los nubarrones que se avecinan con
la reforma pensional y la escasez de petróleo.

En materia económica y social Uribe ha encarado los problemas urgentes y
prioritarios. Comenzando por el financiamiento equilibrado del gasto
requerido para el control interno del orden público. La conducta mermada
de las Farc, la negociación con las autodefensas, los avances en materia
de seguridad y el ambiente mejorado para la inversión. Son logros que
nadie puede desconocer.

El tema de fondo lo constituye sin duda la reforma tributaria, y más
específicamente, la reforma al sistema pensional. ¿Cómo lograr reducir el
déficit fiscal sin comprometer en exceso la recuperación económica? La
clave parece depender ahora de los énfasis. Y estos deberían estar en el
destajo de los privilegios. Imponer mayores cargas a los más pobres
significa crear inmediatamente una bomba de choque de incalculables
consecuencias. Los ajustes deberían subir más arriba a los salarios
elevados. Como debe ser.

Pero el gobierno va a encontrar tropiezos. Porque, aunque en la anterior
legislatura consiguió pasar el trámite de leyes como el estatuto
antiterrorista y dar los primeros pasos para la reelección. Ahora todas
las fuerzas de oposición quieren contener cualquier iniciativa.

El período que se avecina clasifica en aquello que, Albert Hirshman,
denominó: retóricas de la intransigencia. Con posiciones cuyos argumentos
se vuelven dogmáticos de lado y lado. Caracterizadas por la contrariedad
provocada desde una radical incomprensión, y una negación fundamental para
escuchar al oponente, la política girará en el vacío.

Que no hay más remedio que cerrar el déficit, sostiene el gobierno. Pero
sin reforma tributaria, ni reelección, afirman sus opositores. A corto y
mediano plazo se exige un control férreo del gasto en todos los órdenes,
sostiene Uribe. Necesitamos reactivar el empleo con mayor gasto e
inversión, sostienen los antiuribistas. Y las retóricas se vuelven
monótonas.

Curiosamente, la estabilidad misma y el funcionamiento adecuado de las
instituciones depende de que los partidos políticos y los movimientos se
organicen en unos pocos grupos importantes. Aunque entre nosotros reina
una especie de jungla de corrientes y puntos de vista. La precariedad de
nuestro sistema político contiene un mal casi natural: no somos capaces de
conformar diferencias sin caer en la trampa del gueto o la declaratoria
como “enemigo” al oponente.

¿Dudamos acaso de cuánto nos conviene controlar el crecimiento de la deuda
pública a largo plazo? Casi ningún ciudadano corriente pensaría algo
distinto a decir: no. Pero puesto el tema en términos de la reforma
pensional y otro gallo canta. Se requiere por razones de equidad. Y el
nuevo proyecto corrige casi todos los defectos anteriores. Corresponde en
parte a las necesidades de recomponer el mercado laboral y la seguridad
social. Sin embargo, antes de su discusión en el Congreso, ya existen
muros aparentemente infranqueables.

En condiciones así los debates a los que la política debe invitar se ven
frustrados ex ante. Tiene razón el ministro Alberto Carrasquilla, en pedir
cuanto menos el ser escuchado. Y tendría que serlo. Porque un proceso de
cambios tan trascendentales para la sociedad no debería menospreciar la
formación democrática que provee la deliberación pública. La rabiosa
respuesta negativa de quienes se oponen sin más fomenta un retraso
político considerable. Una medida distinta tiene que permitir que en el
Congreso se expongan las ideas contradictorias con la fuerza de los
argumentos. Sólo de esta manera tendremos decisiones convenientes ex post.

La deliberación debe concebirse como un proceso de formación de opinión.

Deben saberlo el gobierno y los miembros del Congreso. Y que mejor
oportunidad que la ofrecida a raíz del tema económico. Los participantes
no deberían tener inicialmente opiniones plena o definitivamente formadas;
lo que se espera es que las discusiones sobre las reformas y los proyectos
de ley sean significativas también para el ciudadano que las observa.

Tanto los ministros como sus oponentes deben estar listos para modificar
opiniones sostenidas con anterioridad a la luz de la nueva información que
se haga accesible a través del debate.