Opinión Internacional

Ecuador: Mendoza y Ortiz se inculpan de golpe de Estado

Ayer fue la primera vez que el ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Carlos Mendoza, apareció vestido de civil. En el Círculo Militar, con un terno plomo, explicó la causa de su adhesión y posterior renuncia al triunvirato que se formó el viernes 21.

En su declaración, Mendoza aseguró haberle pedido la renuncia al presidente de la República, Jamil Mahuad, una vez que los indígenas se tomaron el Palacio Legislativo, apoyados por un grupo de coroneles y oficiales militares, con el fin de evitar que la crisis se ahonde. Sin embargo, mantuvo «contactos tanto con el vicepresidente Noboa como con Juan José Pons, presidente del Congreso, para impedir que la institucionalidad se desestabilice por completo».

Según Mendoza, el aceptar ser parte del golpe de Estado y luego retirarse de la Junta de Gobierno y de las FF.AA. fue una estrategia que se la definió desde la cúpula militar horas antes de su pronunciamiento oficial a las 03:30 del sábado siguiente. Sin embargo, no desmintió la existencia del comunicado, elaborado por el Consejo de Generales y Almirantes de las FF.AA., que circuló el viernes al mediodía, en el cual las FF.AA. asumían el control en todo el país.

Para Mendoza, ésta fue la primera estrategia que la institución trazó, pero de manera temporal, porque lo primero que se requería era llenar el vacío de poder que se había generado. Posteriormente se preparaba la llegada a Quito del vicepresidente Noboa, quien se demoró en arribar y se dio paso a la conformación de la Junta de Gobierno en la cual Mendoza participó, pensando siempre en disolverla. «Mantuve conversaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y les garanticé, desde un comienzo, y sin que ellos me obliguen, que la democracia estaba por sobre todo».

El respeto al orden constituido fue el arma con la que Mendoza se defendió de las acusaciones que el dirigente indígena y miembro del triunvirato, Antonio Vargas, formuló en su contra al llamarlo traidor. «Se puede hablar de una traición, pero ser traidor también implicaba permitir un aislamiento internacional, evitar la necesidad de afianzar el mando militar, desencadenar una guerra civil y desestabilizar a la institucionalidad del país por completo…».

Mendoza rechazó las declaraciones del ex ministro de Defensa, José Gallardo, en el sentido de que las FF.AA. dieron un golpe de Estado. Por el contrario, aseguró que en más de una ocasión Gallardo, el ex canciller Benjamín Ortiz y otros ministros pidieron la venia de las FF.AA. para que Mahuad concrete un autogolpe de Estado (el «fujimorazo», ndlr) con el objeto de aplicar sus políticas gubernamentales. «La institución se opuso rotundamente a disolver, con el empleo de la fuerza, las manifestaciones populares que ocurrieron en marzo, julio y en las últimas semanas a fin de garantizar la estabilidad del Gobierno».

Según Mendoza, Gallardo fue aislado de las FF.AA. por recomendarle al presidente Mahuad la reducción del 60 por ciento del presupuesto de la institución. «Éste fue uno de los motivos por el cual se justifica el deseo del coronel Lucio Gutiérrez de tomarse el poder para superar la crisis nacional».

Pero las palabras de Mendoza tuvieron respuestas. El ex canciller Benjamín Ortiz lo llamó «un pobre general» y lo consideró el primer golpista por dos razones: le pidió que renuncie y luego le quitó el respaldo al presidente de la República, Jamil Mahuad.

«La conducta del general Mendoza quiebra toda la tradición de institucionalidad que han mantenido las FF.AA. y que han hecho posible la democracia. En la mañana de ese día (viernes 21) aparece con un pedido de renuncia al Presidente de la República, ese es un acto de insurrección e insubordinación. Entre las facultades y posibilidades de un jefe militar no se encuentra el pedirle la renuncia a su comandante general electo por el pueblo, sino someterse a él. Ese es el primer hecho bochornoso».

Según Ortiz, el Presidente le dijo que no y que le explique la toma del Congreso y las acciones del coronel Gutiérrez, sobre quien Mahuad ya conocía sus intenciones y sobre quien Mendoza ordenaba. «En ese momento el Presidente golpeó la mesa con fuerza, fue la primera vez que le vi reaccionar así. Mendoza se puso de pie y dijo entonces me voy. ¿Será ese el retiro que dice haber realizado ante el supuesto imaginario de un fujimorazo?

«Pocas horas más tarde, el mismo general Mendoza le retira el apoyo al Presidente de la República. Luego vino la presión física: ante una, relativamente pequeña, manifestación que avanzaba a Carondelet se le dijo al Presidente que los jefes militares no respondían por la seguridad del Palacio. Entonces, estábamos asistiendo, con enorme tristeza y angustia, a un golpe de Estado que en la noche cristalizó cuando aparece el general Mendoza como miembro de un triunvirato para proclamar una dictadura».

Ortiz dice que el movimiento indígena jamás desbordó por la fuerza ni por ningún otro medio las seguridades del Palacio Legislativo. «Los responsables de esa guardia, los subordinados del general Mendoza, le abrieron las puertas y allí se quebró de manera profunda la jerarquía militar y las órdenes.

«Es lamentable el estado en que deja las FF.AA. el general Mendoza: quebrada la estructura militar. Él fue destituido por sus subalternos y el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, me contó que cuando se le preguntó qué iba a hacer con los insurrectos, vacilante no supo qué decir. No pudo someter a esos soldados que habían faltado a su palabra».

Ortiz sostiene que Mahuad le autorizó al ex jefe de las FF.AA. que mantenga conversaciones con la Conaie, pero cuando quiso ser parte, a través de su asesor en asuntos indígenas, Diego Iturralde, y del ministro de Trabajo, Ángel Polibio Chaves, Mendoza lo impidió y los dejó fuera.

El «fujimorazo» del que habla Mendoza no tiene razón para Ortiz, son para él «chismes», porque Mahuad defendió la democracia hasta el último momento que estuvo en el poder, a pesar que «empresarios, jefes militares, sectores sociales… buscaban el rompimiento de la democracia». Según Ortiz, hubo una reunión, un día después que las FF.AA. apoyaron el orden constituido, donde le presentaron a Mahuad sus preocupaciones, entre ellas la devolución del dinero congelado a la gente y cambios en el Gabinete. El Presidente compartió esas preocupaciones y presentó otras como la salida de Aspiazu y de los asesinos del diputado Hurtado de la cárcel. Entonces se habló, «como muy bien definió Vladimiro Álvarez, de ir hasta el filo de la legalidad y que era necesario que ello conocieran las FF.AA., pues el Ecuador necesitaba un firme ejercicio de autoridad, porque sino este país no iba a entender nada. Eso, a un fujimorazo…».

José Gallardo confirmó esta versión e insistió en que «se dijo a las FF.AA. la necesidad de utilizar las leyes hasta el extremo para combatir la corrupción y el fraude de los banqueros». Según Gallardo, Mendoza traicionó a los indígenas, al gobierno de Mahuad y las FF.AA. con su conducta. Por ello, sugirió la instauración de un juicio militar en su contra y en la de Telmo Sandoval, «pues ellos planearon arrestar al ex presidente Mahuad y a Noboa, una vez que les retiraron el apoyo».

‘Los plenos poderes’

El general Carlos Mendoza reconoció que existe un documento, que circuló el viernes 21, a las 22:30, donde las FF.AA. asumen el poder, como lo denunció Antonio Vargas. Una transcripción de ese documento, que sería la estrategia de la que habla Mendoza, lo obtuvo Ecuavisa y dice:

1. Las FF.AA. y la Policía hemos actuado con la máxima prudencia respetando las garantías ciudadanas. Pero ante la grave crisis interna, no podemos permitir que el pueblo corra el riesgo ante acciones que desemboquen en un cruento conflicto civil.

2. Llamamos a la cordura, sensibilidad y unidad ciudadana en este momento histórico de la patria, en la que hay que anteponer los intereses del pueblo sobre los intereses personales y de grupo.

3. Llamamos a la comprensión internacional que ha sido testigo del resquebrajamiento político, económico y moral de los grupos a quien el pueblo democráticamente entregó la conducción de la nación.

4. Por tal motivo, a partir de este momento asumimos los plenos poderes hasta restablecer el orden y la paz ciudadana.

5. Las FF.AA. y la PP.NN. fundamentadas en sus valores y principios durante nuestra permanencia en el poder, promoveremos una etapa de reestructuración y depuración del Estado que constituyan bases sólidas que respondan al clamor del pueblo…

La Fiscal pide la prisión de Moncayo, Vargas…

La ministra fiscal general del Estado, Mariana Yépez, pidió ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Galo Pico Mantilla, iniciar el respectivo autocabeza de proceso para sancionar penalmente «a los autores del golpe de Estado del viernes anterior». En la excitativa, Yépez pide prisión preventiva para Antonio Vargas y Carlos Solórzano, miembros del triunvirato así como también para Paco Moncayo y René Yandún.

Para los dos primeros, la Fiscal argumenta que ambos desconocieron la Constitución de la República y los tres poderes del Estado cuando, junto a los coroneles Lucio Gutiérrez y Fausto Cobo, decidieron constituir el denominado «gobierno de salvación nacional», que duró tres horas.

Mientras tanto, para los dos legisladores argumenta que ellos manifestaron su respaldo «al intento golpista de un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas, declarando el primero que su deber es estar con el pueblo, y con los heroicos militares que honran a la institución militar…».

Según Yépez lo ocurrido en la noche del viernes anterior lleva a concluir que Moncayo, Yandún Vargas y Solórzano atentaron contra la seguridad interior del Estado, «tanto más cuanto que, los legisladores, por ser ex integrantes de las Fuerzas Armadas, conocen que la misión fundamental de la misma se encuentra consagrada en la Carta Política del Estado, estando obligados sus integrantes a la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad y de su ordenamiento jurídico».

Para que el juicio contra Moncayo y Yandún tome cuerpo, la Fiscal de la Nación consideró necesario que la CSJ solicite al Congreso Nacional la debida autorización para iniciar su enjuiciamiento, pues gozan de inmunidad parlamentaria. El Congreso deberá, como primer paso, destituirlos para luego ser juzgados, así como también para reunir las declaraciones y testimonios de los integrantes de la cúpula militar y otros testigos.

Entretanto, la Fiscal pidió que se reciban los testimonios indagatorios de los sindicados. También que se orden a los generales Telmo Sandoval y Ricardo Irigoyen, al vicealmirante Enrique Monteverde, comandantes de las fuerzas Terrestre, Aérea y Naval, informen con juramento sobre los hechos ocurridos el viernes 21 de este mes. Yépez también pide la declaración juramentada de Carlos Mendoza y Carlos Moncayo. Además, las publicaciones de los medios impresos y los vídeos de los noticieros de televisión serán usados como pruebas.

Por otro lado, Yolanda Paredes, ministra fiscal de Pichincha, solicitó al juez de lo Penal de Pichincha de turno que inicie las acciones pertinentes en contra de los dirigentes del Movimiento Popular Democrático (MPD) Juan José Castelló y María Eugenia Lima; y, Luis Muñoz, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales, por invadir -el viernes 21 de enero- las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, delito contemplado en el Código Penal como un sabotaje a los servicios públicos, el mismo que se reprime con una pena de ocho a doce años de prisión ordinaria.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, emitió un comunicado de cinco puntos donde respalda la vigencia del sistema constitucional, condena la posibilidad de que se instaure en el país un gobierno de facto y exhorta, a la unidad de todos los ecuatorianos. También, los 31 magistrados solicitan «a los gobernantes, legisladores, líderes políticos y sociales, autoridades económicas dirigentes empresariales considerar que las severas desigualdades sociales y la pérdida de los principios y valores éticos en el manejo del control del sector financiero, público y privado son, entre otras, las principales causas de la crisis». Además, se pronunció «por un eficaz combate a la corrupción, que se individualice los casos que pudieren existir, pues imputaciones generalizadas impiden, en la práctica, identificar y sancionar a los responsables…».

El Alto Mando estudia las sanciones

Hasta el cierre de esta edición el Alto Mando Militar y el auditor general de Guerra, coronel Marco Granja, analizaban en el Ministerio de Defensa los pasos legales para juzgar a los oficiales y voluntarios que participaron en el levantamiento del pasado viernes.

El Alto Mando está integrado por los generales Telmo Sandoval, jefe del Comando Conjunto; Norton Narváez, comandante general del Ejército; y, Carlos Moncayo, comandante de la Fuerza de Tarea 1, que coordina las actividades de las brigadas de la Sierra. El Alto Mando, el Auditor y cuatro jueces militares revisaban varias pruebas contenidas en videos de televisión y recortes de prensa.

En el transcurso de las siguientes horas recibirán los informes de las unidades del país con el propósito de conocer la participación de los oficiales de otras provincias. Asimismo, en breve esperan receptar los análisis de la Dirección General de Educación del Ejército, que controla los institutos pedagógicos, para apreciar el comportamiento de las instituciones involucradas: Escuela Superior Politécnica del Ejército (Espe), Escuela de Perfeccionamiento del Ejército (EPE) y Academia de Guerra.

Una vez que los informes sean analizados, el Alto Mando y el Auditor tomarán decisiones de una manera progresiva, es decir, de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada uno de los militares.

Por supuesto que los oficiales que tuvieron una activa presencia serán más sancionados; al contrario, hubo oficiales de menor graduación (subtenientes, tenientes y capitanes) que fueron arrastrados por los acontecimientos y serán castigados con menos severidad, dijo un oficial.

Este Diario conoció que alrededor de 300 oficiales están involucrados, lo cual crea un complejo problema porque el Ejército se quedaría sin oficiales de mandos medios especializados en ramas tecnológicas y administrativas, cuya preparación demandó una alta inversión. A esto se suma el drama familiar por la pérdida del trabajo. Ayer en la Academia de Guerra los 120 alumnos y los 25 profesores continuaban en sus tareas habituales. «Sabemos que el Alto Mando tiene entre manos una tarea difícil, esperamos que sus decisiones se apeguen a la realidad y a las circunstancias. Nunca planificamos nada, fue un movimiento espontáneo de reivindicación de la dignidad nacional, pues la corrupción le disuelve al país. Ojalá nuestra participación no haya sido en vano, esperamos que los gobernantes y políticos se sensibilicen y favorezcan a los indígenas y pobres de este país». Esos fueron los comentarios hechos a este Diario por varios oficiales de la Academia de Guerra, quienes están conscientes de que el conflicto del viernes sacudió a la sociedad, logró canalizar muchas inquietudes y «fue una válvula de escape para evitar un estallido social de grandes proporciones «. Al momento se presentan tres escenarios: un juicio penal en la Corte de Justicia Militar, sanciones menores y un llamado a la reflexión para que los oficiales mediten en la dimensión que alcanzó el movimiento. El primero es el más complicado porque los militares serían juzgados por insurrección. Esto significa un largo y tedioso juicio con pruebas y contrarréplicas. La condena es la cárcel (el número de años dependería de la culpabilidad).

¿Los coroneles fueron golpistas? Jamás, responden los oficiales de la Academia, «aquí el único golpista es el general Carlos Mendoza porque él, a las 13:30 del viernes 21 de enero, le dijo al ex presidente Mahuad que el Alto Mando ya no le respaldaba y ese instante se produjo un golpe de Estado, no somos golpistas y por eso no pueden juzgarnos por insurrección». Los oficiales jóvenes presentan otros argumentos: «nada fue planificado, los alumnos militares no fuimos armados y con nuestra presencia en el Congreso evitamos un derramamiento de sangre, pues había la posibilidad de un desalojo violento por parte de los policías y soldados».

En el segundo escenario los soldados estarían sujetos a ir con el pase a guarniciones alejadas o los estudiantes serían separados de los institutos. La mayoría de militares considera que su comportamiento cae en la esfera de los dos últimos escenarios, especialmente del tercero: el reflexivo.

La Conaie evaluará el llamado al diálogo

Algunas dudas se generaron, ayer, en torno a quién sería la persona a cargo de la rueda de prensa convocada, para las 11:30, en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al norte de Quito. Pero todo se aclaró cuando, a esa hora, hicieron su aparición Antonio Vargas, presidente, y otros dirigentes de esa organización.

Vargas estaba tranquilo y descansado, a diferencia de los días que transcurrieron desde su llegada al Ágora de la Casa de la Cultura, hasta su salida, la madrugada del sábado, del Ministerio de Defensa, pasando por pocas horas por la Presidencia de la Repeublica.

Entre lo más importante que dio a conocer, esta la decisión de suspender, temporalmente, el levantamiento y las movilizaciones indígenas hasta evaluar estas acciones con los dirigentes, a nivel nacional. Asimismo, aclaró, que deben analizar y decidir sobre los llamados a un diálogo mencionados por el ministro de Gobierno, Francisco Huerta, y por el propio presidente de la República, Gustavo Noboa.

Las autoridades no deben pensar que los indios van a ir a dialogar y que con la firma de un convenio vamos a quedarnos callados: »Queremos un cambio profundo para Ecuador». Pidieron, además, que el Gobierno acabe con la persecución a los dirigentes y que deje en libertad a los coroneles que están presos.

Según el dirigente de la Conaie, de aquí a tres o seis meses puede haber una gran explosión social, inclusive una guerra civil (que no será responsabilidad de ellos) si en el país no hay un cambio total, en temas relacionados a la dolarización, las privatizaciones y el pago de la deuda externa. Pese a este anuncio, aclaró, que los indígenas continuarán con las protestas pacíficas y con el fortalecimiento de los parlamentos provinciales y, que el uso de las armas, como ocurre en Centroamérica, no es una alternativa para ellos. «Muchas veces se ha alcanzado el poder con las armas, pero esos gobiernos han caído y no ha pasado nada, nosotros demostramos que hay formas pacíficas de alcanzar los objetivos: uno de ellos, la salida del ex presidente Jamil Mahuad».

Cerca de 30 periodistas, nacionales y extranjeros, estuvieron en la rueda de prensa. Mientras unos 50 indígenas ocupaban casi la totalidad de las sillas del salón de sesiones de la Conaie. Ellos también mostraban su interés por lo que decía Vargas, más aún cuando aclaró que los dirigentes no huirán y que seguirán con sus tareas. El fin de semana, el Presidente de la Conaie fue a Cotopaxi a participar en una marcha realizada por los indígenas de esa provincia.

Ante el anuncio hecho por la fiscal general de la Nación, Mariana Yépez, en el sentido de que se iniciarán algunos procesos en contra de ellos, Vargas dijo que no van a esconderse y que permanecerá cumpliendo con sus labores como dirigente.

Por otro lado, desmintieron que lo ocurrido la semana pasada haya sido planificado de antemano con los militares con el propósito de efectuar un golpe de Estado. »Queremos ratificar que los dirigentes indígenas nunca hemos sido golpistas. Lo que hemos querido es cambiar este país pacíficamente demostrando la unidad del pueblo indígena y de todos los ecuatorianos».

No se puede hablar de golpismo cuando los militares sabían de antemando lo que el movimiento indígena pensaba sobre el estado del país. En varias reuniones en el Comando Conjunto (muchas de ellas públicas) les explicaron que se debe acabar con la corrupción y dar un giro en la conducción del Estado. «Ahí no puede haber planificación ni golpismo».

Según los dirigentes de la Conaie el pueblo indígena no tuvo interés en gobernar. Eso no estaba en sus mentes, sino que fue la presión de la gente para que forme parte de la Junta de Gobierno. Ante esto, los militares apoyaron el movimiento para que no haya sangre y para que el cambio sea pacífico.

Pero, los indígenas insisten que fueron traicionados por algunos generales que integran la cúpula militar. »Cuando tuvimos la reunión de dos horas con los generales en la casa presidencial no querían reconocer al coronel Gutiérrez como parte de la Junta, sino que plantearon que Carlos Mendoza debería ser quien esté en ese lugar. Incluso uno de ellos, antes del anuncio de la conformación de triunvirato nos hizo rezar el Padrenuestro. Luego de tres horas, esos generales rompieron su palabra.

Salvador Quishpe, dirigente de la Ecuarunarí, fue más allá, al revelar que hubo mucha especulación en torno a lo que realmente pasó con los militares la noche del viernes y la madrugada del sábado. Especialmente en la denominada estrategia del general Carlos Mendoza que no fue tal. «El Consejo de Generales -dijo- a través de este oficial planteó que las Fuerzas Armadas se tomen el poder absoluto. Hay un documento que respalda esta afirmación, del cual la Conaie tiene una copia y que fue llamado la proclama, que se dio a conocer a las 22:00 del viernes». Quisphe aseguró que en su momento será presentado y en él se evidencia la real estrategia de los militares: la dictadura. Eso no lo dejamos pasar y se decidió la conformación del ese triunvirato.

Vargas en una primera evaluación, dijo que se dio un sacudón a la derecha y a la clase política que no entiende los problemas del país y de los indios.

Faltó un frente armado

Los indígenas no quieren acudir a los métodos violentos para conquistar el poder, pero admiten que su alzamiento del viernes pasado fracasó por «no haber tenido un frente armado que hubiera defendido esa lucha», declaró el líder de la Conaie, Antonio Vargas, a radio Caracol de Colombia.

«Siempre he dicho que lucha con violencia no atrae mucho. La lucha debe ser pacífica … usted se imagina que nosotros estuvimos casi en el poder por cinco horas sin una lucha armada, y es por eso que estamos en la casa, por no haber tenido un frente armado que hubiera defendido esa lucha», dijo Vargas.

También señaló que «en muchos países el fracaso de la lucha armada ha sido irreparable, se conocen los casos de Colombia y Centroamérica donde ese método provocó una crisis total».El dirigente integró una Junta de Salvación Nacional, con varios coroneles insurrectos, y un triunvirato de fugaz duración -con el general Carlos Mendoza y Carlos Solórzano-, tras el derrocamiento de Jamil Mahuad.

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