Opinión Internacional

El derecho a la vida

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Montevideo (AIPE)- No puede haber espectáculo más triste que observar una sociedad donde la vida humana no vale nada. El más preciado de los derechos naturales es la potestad que todo individuo tiene de preservar su propia existencia. Y esa facultad no le es concedida por gobernante alguno, sino que es intrínseca a su condición de ser humano.

¿En qué consiste el derecho a la vida? John Locke (1632-1704) fue el pensador que más profundizó en este concepto. En su “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil” expone que la única finalidad por la cual las personas aceptan someterse a la autoridad de otras es para la defensa de su vida, libertad y propiedad. De su argumentación se desprende que él considera que, en realidad, esos derechos individuales son uno solo. Dicho de otra forma, son los tres lados de un triángulo; cada uno independiente en sí mismo, pero a la vez, todos necesarios para que la figura esté completa y tenga sentido.

Pero, ¿cómo podemos afirmar que el derecho a la vida de una persona está asegurado, si al mismo tiempo se viola su libertad para elegir los medios que considere más idóneos para protegerla? ¿Podemos seriamente decir que las autoridades respetan la existencia de los habitantes, cuando los despojan arbitrariamente de sus recursos para preservarla y defenderse?
Locke afirmaba que si en vez de proteger esos tres derechos inalienables los gobernantes los atropellan, entonces estamos frente a una tiranía.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) define admirablemente a los déspotas, cuando afirma que los caracteriza el desprecio que sienten hacia sus semejantes. Y eso se trasluce porque consideran que sólo ellos son dignos de ser libres para hacer lo que se les antoje. Por lo tanto, sus actos de gobierno tienden a monopolizar para sí mismos la libertad. Esto, en la práctica, significa esclavizar al resto de la población y convertirlos en títeres de sus caprichos.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) es acertadamente considerado el padre de los totalitarismos. Expuso sin pudor la increíble tesis de que la verdadera libertad consiste en que el individuo se someta a la “voluntad general”. Y que no existe tal cosa como la separación de poderes, soberanía individual y mucho menos la limitación del poder. Volviendo a lo más arcaico del desarrollo político de la humanidad, sostuvo que la “ley” y la “voluntad” del que manda son una misma cosa.

Durante el siglo XX, esa supuesta “voluntad general” se manifestó en el fascismo y comunismo. La violación del derecho a la vida adoptó diversas formas: torturas, campos e concentración, hambrunas provocadas, asesinatos directos, experimentaciones médicas practicadas en forma forzosa o, por el contrario, la privación de asistencia médica a los considerados por el poder dominante como “inferiores”.

El año pasado en el Uruguay, el ministerio de Salud Pública reflotó y amplio un decreto por el cual se arroga el derecho de autorizar o no la compra de equipos y la ampliación del sistema de salud privado. Así se aclara que para consentir la incorporación de tecnología o hacer reformas en las edificaciones, las mismas deberán estar en consonancia con las políticas sanitarias del ministerio.

Hace pocos días, la ministra dispuso la prohibición de la importación de equipos de tecnología médica que no tenga el sistema de salud pública. Ella declaró es para “no encarecer el costo de la salud” y así permitir que la puerta de entrada de la “tecnología de punta” en Uruguay se haga a través del sistema público. Sostuvo que “cada uno no se puede dar el lujo de tener el aparatito que quiera, porque el aparatito lo quiere hacer rendir desde el punto de vista económico y es muy caro”.

Un pueblo que se considere libre no debería permitir ser sometido a semejante abuso de la autoridad.

___* Analista uruguaya.
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