Opinión Internacional

El doble discurso de la soberanía

Luego de los sucesos del 4 de febrero de 1992, cuando se le preguntó a los militares insurrectos las razones del golpe de estado, llamaron la atención dos argumentos: 1) La supuesta entrega del golfo de Venezuela a Colombia por parte de Carlos Andrés Pérez a través de la figura del “condominio” y 2) El decreto presidencial permitiendo expresamente ejercer un derecho constitucional, como lo era la posibilidad de que colombianos indocumentados pudiesen inscribir a sus hijos nacidos en Venezuela en el registro civil.

Hoy en día, diez años luego de haber alcanzado el cargo de Presidente de la República, el discurso de Hugo Chávez y su aproximación al problema fronterizo es radicalmente opuesto.

Un tema tan sensible tanto en la opinión pública venezolana, como en la esfera castrense (recuérdese la Hipótesis de Caraballeda), fue prácticamente borrado del mapa y vaciado de su contenido. En materia fronteriza estos diez años han sido probablemente los más estériles de la diplomacia venezolana y en lo que respecta el estatus de indocumentados, se pasó de un oportunismo electoral fríamente calculado, -cedular a todos los indocumentado, que hay que reconocer, colateralmente constituyó un acto de justicia-, a una vuelta al pasado trancando el juego por la migración de supuestos paramilitares, con lo cual aumentó el problema de los refugiados.

En el caso fronterizo, es de suponer que el Presidente conoce lo espinoso del tema y la capacidad de manipulación emocional que se puede hacer de él, en especial dentro del sector castrense. Al fin de cuentas esa es una de sus razones de ser, existir y accionar.

En el caso de la Misión Identidad, es probable que el Presidente haya tomado nota de la volatilidad de la lealtad electoral, -la pérdida del voto colombiano en el referendo de la reforma constitucional-, aunado a su natural paranoia con respecto a su integridad física.

De cualquier manera, el legado en materia fronteriza es desolador. No se prosiguió con la labor de densificación de hitos, las comisiones binacionales están paralizadas, irresponsabilidad en el manejo de las negociaciones limítrofes, declaraciones unilaterales inoportunas en el caso de Guyana, en fin, se dio al traste con toda una tradición diplomática que data del siglo XIX, que permitió la consolidación de un espacio marítimo en el siglo XX y que en definitiva aborda intereses de Estado, que en consecuencia deberían mantener una línea coherente y ser abordados de manera profesional de acuerdo al Derecho Internacional Público y no a cálculos políticos. El problema es que en materia internacional, las acciones unilaterales y las conductas incoherentes se pagan muy caros y no hay como recoger los cristales rotos. Allí hay varias sentencias de la Corte Internacional de Justicia que así lo confirman.

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