Opinión Internacional

El laberinto de Honduras

Es evidente que las elecciones presidenciales del 29 de noviembre fueron siempre la clave de la salida al conflicto hondureño; pero también es cierto que si éstas no eran reconocidas por la comunidad internacional, la solución tendría pies de barro, especialmente porque es mucho más fácil no reconocer unas elecciones en Honduras, que no constituye una potencia económica ni amenaza alguna para nadie, que hacerlo en Irán o Afganistán.

La confusa situación vivida durante las últimas semanas, con la conformación de una comisión de verificación que debería asegurar el debido cumplimiento del acuerdo alcanzado en octubre y el estancamiento de la decisión de reponer a Zelaya en la presidencia, parecen indicar que el final de la crisis comenzará más bien cuando el nuevo presidente tome posesión de su cargo en enero de 2010 y no con lo que ya luce como una improbable restitución de Zelaya en la presidencia. Los EEUU, principal artífice del acuerdo alcanzado para tratar de deshacer el entuerto que comenzaron los militares y complicaron después Zelaya y compañía con la connivencia de Brasil, han hecho saber que podrían reconocer los resultados de la elección, independientemente de que Zelaya sea restituido o no antes de la misma, adoptando así una posición más pragmática, que parece crecer a medida que se acercan las elecciones. La determinante intervención del gobierno de los EEUU, podría terminar sacando definitivamente del juego a los promotores del conflicto, más interesados en pescar en río revuelto que en la supuesta restitución del orden democrático, poner en aprietos a Brasil, tras su poco ortodoxo comportamiento en esta situación, y de paso no dejar muy bien parado al inefable Secretario de la OEA en la búsqueda de su reelección.

El caso hondureño tiene varias particularidades: es la primera vez que la región latinoamericana condena unánimemente un golpe de Estado, a coro con la Unión Europea, y se la acompaña además de sanciones bilaterales y multilaterales de diverso orden, incluyendo el retiro de Embajadores. Es también la primera vez que la OEA expulsa de su seno a uno de sus miembros tan expeditamente. Nada de eso ocurrió, por ejemplo, cuando Ecuador sufrió tres golpes de Estado entre 1997 y 2005. La crisis hondureña no se gestó repentinamente, las señales de alarma surgían por doquier y sus actores internos y externos, al igual que sus acciones, eran visibles para todos. Sin embargo, nadie hizo nada hasta que la crisis estalló, no porque se hubiese roto el orden constitucional, sino porque los hechos significaban un serio revés para el proyecto político estratégico liderado por Cuba y sus secuaces.

Ahora bien, el acuerdo alcanzado contempla la conformación de un gobierno de unidad, pero no señala cómo se integraría ni quien lo presidiría, aunque presumiblemente debería haberlo hecho el propio Zelaya; sin embargo, éste se negó a presentar una lista de nombres para integrarlo, rechazó inexplicablemente que la Corte decidiera su reposición y se puso él mismo la soga al cuello aceptando que fuese el Congreso quien la decidiese, para finalmente declarar roto el proceso de reconciliación, con profundo pesar de los izquierdistas locales que ven ahora en ello poco menos que una traición. Como quiera que el acuerdo presuponía la reposición de Zelaya, sin garantizarla ni fijar fecha, la cuestión debe ser decidida ahora por el Congreso, el cual espera por las opiniones de la Corte, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Comisionado de los Derechos Humanos para reunirse y tomar una decisión.

Por el momento, los adversarios de Zelaya no tienen mucha prisa para tomar una decisión sobre su cada vez más hipotético regreso y la comunidad internacional parece haber dado por solventado el asunto hondureño con la firma del acuerdo, dando a entender que la resolución del conflicto debería ser ahora preocupación exclusiva de los hondureños. Ante el estancamiento, los EEUU han reanudado esfuerzos para tratar de desenredar la situación, mientras que el Secretario General de la OEA ha dejado ver que la Organización no enviaría observadores a la elección si Zelaya no es restituido, con lo cual deja ver que su objetivo primordial era la reposición del presidente destituido a como diese lugar y no la garantía de unas elecciones limpias. Si la OEA hubiese estado realmente interesada en fortalecer la democracia en Honduras, no solamente debería haber actuado para evitar los enfrentamientos entre los poderes hondureños que condujeron al golpe provocado por Zelaya, sino que su decisión ahora debería ser precisamente la de enviar observadores y no la de tratar de imponer el regreso de Zelaya a contrapelo de la voluntad popular.

Además de ser uno de los países más pobres del continente, Honduras está sufriendo los embates de una serie de medidas destinadas a doblegar su moral. Golpeada por la crisis económica mundial, el país debe ahora hacer frente también a la congelación de una serie de programas de ayuda e inversiones por parte de bancos multilaterales de desarrollo, la Comunidad Europea, los EEUU e incluso Venezuela, que le ha cortado el suministro petrolero  en uno de sus peores momentos. Aunque la situación no es desesperada, el reconocimiento de las elecciones por parte de los EEUU y el resto de la comunidad internacional resulta esencial para Honduras, pues traería consigo el levantamiento de las sanciones económicas impuestas y la subsecuente reactivación de su economía.

El nuevo gobierno deberá enfrentar una situación de difícil gobernabilidad: por una parte seguramente tendrá que manejar la presión por una reforma constitucional que de ninguna manera puede dejar que tome un camino distinto al previsto por la propia Constitución y evitar así la repetición de la franquicia bolivariana observada en otros países de la región; por otra parte, es indudable que los interesados en este camino intentarán crear las condiciones de inestabilidad política necesarias para tratar de lograr sus objetivos. A no dudarlo, los países del ALBA volverán a hacer lo que mejor saben hacer, otro alboroto en la inefable OEA, y tratarán en vano de boicotear las elecciones hondureñas, bajo el argumento de que no se ha repuesto a un presidente destituido y acusado de varios delitos por los poderes públicos de su país. Se seguirá insistiendo en que las elecciones no tendrán validez si no se repone a Zelaya antes de las mismas, como si su restitución pudiese generar por sí misma una legitimidad superior a la que resulte de la voluntad popular expresada en las urnas. Se dirá también que la no restitución de Zelaya marcará un funesto precedente para la región, pues establecerá de hecho un procedimiento excepcional para deshacerse de un mandatario eventualmente incómodo.

Sin embargo, la cuestión hay que verla desde otro ángulo: en Honduras los poderes públicos, en una clara demostración de su independencia y después de una larga y tenaz lucha contra las pretensiones del poder ejecutivo, lograron abortar el plan populista de convocar a una asamblea constituyente destinada a destruir el orden constitucional. Lo que se ha evitado en Honduras es precisamente la consagración del excepcional procedimiento del asambleísmo, mediante el cual se pretenden santificar los saltos al vacío para cambiar a gusto del gobernante de turno el orden constitucional vigente, cuando éste se le hace estrecho e incómodo para sus designios.

 

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