Opinión Internacional

El manejo del Plan Colombia

La controversia sobre el Plan Colombia dentro del Partido Liberal y entre esta colectividad y el Gobierno Nacional suscita una seria reflexión sobre el manejo que se está dando en el país a un tema de tanto alcance para su proceso de paz, su prestigio exterior y su futuro desarrollo.

Es bien conocido que el liberalismo oficial, que sigue las orientaciones de la Dirección Nacional, ejerce la oposición y por ende no comparte la filosofía ni el programa de la Administración Pastrana.

Pero como lo manifestó desde un principio el ex candidato presidencial y ex director de la colectividad Horacio Serpa Uribe -que asumió en primer lugar la responsabilidad de encabezar esa oposición -, aquella fue concebida como una actitud democrática y patriótica, en ningún modo dirigida a obstaculizar las acciones gubernamentales positivas para la nación.

Por otra parte, es también evidente que en la preparación del Plan, como en varios aspectos relacionados con el proceso de paz, el Gobierno fue reacio a convocar la participación de los distintos sectores que componen la opinión nacional.

Abundan los reproches por la que los sectores de oposición califican como una actitud excluyente que, en el caso comentado, se refleja en el hecho de que el original de aquel documento solo fue conocido en el país después de su presentación al Gobierno de Estados Unidos.

Lo anterior impidió que alrededor del Plan se formara un sólido consenso político interno, como habría sido deseable. Y a medida que se fueron conociendo los ingredientes del paquete de ayuda que contempla, surgió el debate que ahora está reverberando con especial fuerza en las esferas directivas del Partido Liberal.

Es legítimo, por supuesto, que todas las opiniones divergentes se expresen abiertamente y sean tenidas en cuenta. Pero lo que resulta insólito es trasladar la polémica de manera oportunista a otros ámbitos, como lo ha hecho la senadora Piedad Córdoba, directora adjunta del liberalismo, al viajar una vez más a Washington para exponer allí sus objeciones al Plan.

No es menos sorprendente la actitud del senador Luis Guillermo Vélez, quien, como director del partido, autorizó el viaje de la senadora Córdoba y otros dos parlamentarios, pero con la advertencia de que ellos no llevarían la vocería del liberalismo.

Todo esto ocurre en momentos en que el paquete de ayuda a Colombia es sometido a intenso escrutinio en el Congreso estadounidense y recibe dardos desde otros lados. Uno de ellos es el que acaba de lanzar la organización Human Rights Watch al acusar a las Fuerzas Militares de repetidas violaciones de los derechos humanos y cuestionar con este argumento la oportunidad y utilidad de una ayuda que el país necesita.

Las acusaciones a los militares colombianos ya han encontrado respuesta en Washington, donde se aprecia -como lo dijo el zar antidrogas, Barry McCaffrey – una mejora sustancial en su comportamiento respecto a los derechos humanos.

Este argumento, entre otros, seguramente servirá para defender al Plan de sus críticos en Estados Unidos. Lo irónico es que a estos últimos se hayan unido de manera tan apresurada como poco convincente dirigentes políticos colombianos que fungen de nacionalistas.

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