Opinión Internacional

El modelo chileno de pensiones

(%=Image(2406217,»L»)%)Durante su visita a Chile el mes pasado, el presidente Bush destacó que el modelo chileno de pensiones es un “excelente ejemplo” para la reforma del Seguro Social en Estados Unidos.

Por 24 años he promovido el sistema de pensiones chileno, el cual está basado en la propiedad, libertad de escoger y responsabilidad personal. Habiendo discutido nuestra reforma con el Sr. Bush en 1997, cuando era gobernador de Texas, y habiendo hablado en 1998, durante la administración Clinton, en la Cumbre de la Casa Blanca sobre Seguridad Social, creo que es posible un acuerdo bipartidista en Estados Unidos sobre este tema fundamental de política pública.

El sistema de pensiones chileno estaba originalmente basado en los mismos principios que guían el sistema de EEUU. Se originan en la Prusia del siglo XIX, cuando Bismarck creó el sistema de reparto. Pero tal sistema no solamente es rehén de las tendencias demográficas sino que tiene una falla fatal: destruye el vínculo entre contribuciones individuales y beneficios, es decir, entre el esfuerzo personal y la recompensa.

La ley chilena de 1980 de Reforma al Seguro Social permitió a los trabajadores decidir no participar en el sistema estatal de pensiones, financiado por impuestos sobre los salarios, y en su lugar contribuir a una cuenta personal de retiro. Lo que determina los beneficios de jubilación de estos trabajadores es el monto de dinero acumulado en su cuenta personal durante sus años de trabajo. Ni los trabajadores ni los empleadores pagan un impuesto sobre los salarios. Estos trabajadores tampoco reciben una pensión del gobierno.

Por el contrario, 10 por ciento de su salario antes de impuestos es depositado cada mes en una cuenta de retiro personal. Los trabajadores pueden voluntariamente contribuir mensualmente hasta un 10 por ciento adicional de su salario antes de impuestos. Los montos invertidos crecen libres de impuestos y los trabajadores pagan impuestos sobre este dinero solamente cuando hacen retiros para su jubilación.

Al retirarse, los trabajadores pueden escoger entre tres opciones: adquirir una pensión vitalicia familiar, indexada a la inflación, en una compañía de seguros de vida; dejar sus fondos en su cuenta personal y hacer retiros mensuales, sujeto a límites basados en las expectativas de vida (cuando muere, los fondos restantes forman parte de su herencia); o cualquier combinación de ambas opciones. En todos los casos, si el dinero excede el monto requerido en proveer mensualmente un beneficio equivalente al 70 por ciento del salario más reciente del trabajador, entonces éste puede retirar toda la diferencia.

Un trabajador que ha alcanzado la edad de jubilación y ha contribuido al menos por 20 años, pero sus fondos acumulados no son suficientes para proveer una “pensión mínima” (definida por la ley), recibe ese monto del gobierno una vez que los fondos en la cuenta personal se han agotado, mientras que aquellos sin 20 años de contribuciones pueden obtener una pensión asistencial de nivel inferior.

Los trabajadores pueden escoger cualquiera de varios fondos de pensiones privados que compiten entre sí para manejar las cuentas. Esas compañías no se pueden involucrar en ninguna otra actividad y están sujetas a una supervisión gubernamental. Los trabajadores de mayor edad deben poseer fondos mutuales concentrados en bonos a corto plazo, mientras que los trabajadores jóvenes pueden tener la mayor parte de sus fondos en acciones. La ley fomenta los portafolios diversificados, sin la obligación de invertir en bonos del gobierno o cualquier otro instrumento financiero.

Cada trabajador recibe cada tres meses un estado de su cuenta y puede siempre hacerle un seguimiento a sus inversiones. Trabajadores con suficientes ahorros en su cuenta para comprar una pensión vitalicia “suficiente” (50 por ciento de su salario promedio, siempre que sea un 20 por ciento más alto que la pensión mínima) pueden dejar de contribuir y comenzar a hacer retiros. Pero no hay obligación de dejar de trabajar a ninguna edad, como tampoco hay obligación de continuar trabajando o ahorrando para el retiro una vez que el trabajador ha alcanzado el nivel considerado “suficiente”.

Debido a que las cuentas personales de retiro están relacionadas con los trabajadores y no a la empresa, los trabajadores pueden llevarse sus cuentas al cambiar de empleo, manteniendo un mercado laboral flexible. El sistema no penaliza ni subsidia a inmigrantes, los cuales reciben lo que ellos han contribuido, incluso si regresan a su país de origen.

Establecimos tres reglas para la transición al nuevo sistema de cuentas personales: el gobierno garantiza a los jubilados que sus beneficios no se verán afectados por la reforma; todos aquellos que ya están en la fuerza laboral pueden decidir quedarse en el sistema estatal o moverse al sistema de cuentas personales de retiro (aquellos que se cambiaron recibieron un “bono de reconocimiento” que reflejaba los derechos ya adquiridos); y todos los nuevos trabajadores entran al sistema de cuentas personales.

Con este sistema terminamos la ilusión que tanto el empleador como el trabajador pagan los impuestos sobre los salarios. Como los economistas saben, todas las contribuciones son pagadas realmente por los trabajadores, debido a que el empleador toma en cuenta todos los costos laborales al decidir la contratación y el salario. Para proteger los salarios netos de los trabajadores, inicialmente incluimos las contribuciones del empleador como sueldo bruto adicional.

Desde que comenzó el sistema, el 1 de mayo de 1981, el rendimiento promedio de las cuentas personales ha sido de 10 por ciento al año. Los fondos de pensiones han acumulado recursos equivalentes al 70 por ciento del PIB, ahorros que han ayudado a financiar el crecimiento económico y que han creado un mercado nacional de capitales a largo plazo. Al incrementar los ahorros y al mejorar el funcionamiento del mercado laboral y el de capitales, la reforma contribuyó a duplicar la tasa de crecimiento de la economía entre 1985 y 1997, de un histórico 3 por ciento a 7,2 por ciento anual.

El sistema ha sido aceptado, e incluso marginalmente mejorado, por los tres gobiernos de centro-izquierda de los últimos 14 años. Pero algunas distorsiones creadas por esos gobiernos en el mercado laboral han incrementado el desempleo.

Cuando el sistema fue inaugurado, un cuarto de la fuerza laboral elegible se cambió en el primer mes. Hoy en día el 95 por ciento de los trabajadores participan en el sistema de cuentas personales. Para los chilenos, sus cuentas de retiro representan derechos de propiedad reales. Ciertamente, son esas cuentas, y no las riesgosas promesas gubernamentales, la fuente primaria de seguridad para el retiro. El principal activo del trabajador chileno típico no es su auto usado o su vivienda, sino el capital en su cuenta de retiro.

Al tener un interés personal en la economía, los trabajadores se alegran de las alzas en el mercado accionario en lugar de resentirlas y saben que malas políticas económicas del gobierno dañaran su jubilación. Cuando los trabajadores sienten que ellos mismos son dueños de una parte de la riqueza de su país, ellos se involucran y apoyan un mercado libre y una sociedad libre.

(*): Fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de la reforma, es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social de Cato Institute y presidente del(%=Link(«http://www.pensionreform.org»,»International Center for Pension Reform»)%)

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