El Plan Washington

Analítica30 marzo, 2000

Desde Washington, donde nació, el Plan Colombia se ve diferente. Más que un asunto de generosidad, propio de las hermanas de la caridad, el famoso paquete de US$ 1.600 millones es un asunto de alta política.

La revista Newsweek publica en su último número una historia que ilustra esta realidad. Michael Isikoff y Gregory Vistica cuentan que la decisión de meterle el acelerador al paquete de ayuda para Colombia se produjo en septiembre pasado, cuando la Casa Blanca conoció una encuesta según la cual la opinión pública culpaba a la administración Clinton por el aumento de la drogadicción. “El tema es un talón de Aquiles para el partido” , previno el encuestador Mark Mellman.

Y eso no es lo más sorprendente. ¿Saben quién había contratado el estudio? Lockheed Martin, un consultor en asuntos de defensa y constructor de aviones-radares, que desde hace tiempo venía solicitando un incremento en los fondos para controlar el tráfico de drogas. Según el reportaje, hay congresistas sorprendidos por el inusitado aumento en el monto solicitado por la Casa Blanca, y por la intensa presión de compañías y firmas de lobby, tales como Occidental Petroleum, Akin y Gump (contratada por la Embajada de Colombia), y las fábricas productoras de los helicópteros Bell Huey y Black Hawk.

El paquete de la administración Clinton pretende mejorar los niveles de cooperación en la lucha contra las drogas, pero sería ingenuo desconocer que también está inspirado en razones de baja política: cálculos electorales, perspectivas de negocios y la inevitable competencia entre las distintas entidades gubernamentales. Los últimos datos sobre esta última indican que han bajado las acciones de Madelein Albright, la diplomática, y que en cambio se han cotizado las del general Barry McCaffrey, un militar a quien la guerrilla le preocupa tanto como las drogas, o más.

Tampoco se puede asumir que en la alianza entre Colombia y Estados Unidos las visiones de uno y otro coinciden plenamente. La corresponsabilidad, por ejemplo, se puede entender de varias maneras. Una, la de Washington, consiste en invertir dinero para detener el flujo de drogas que ingresa a los Estados Unidos. Es decir, compartir los costos financieros de la lucha que se libra en los países fuente. Otra, más justa, distribuiría más bien los costos políticos, mediante esfuerzos dirigidos a disminuir la venta de drogas dentro de la gran nación consumidora.

La disminución de la oferta es un espejismo que debería estar descartado después de tantos años de fracaso. Mientras se mantenga la demanda, la disminución de la producción solo se refleja en su desplazamiento de unos países a otros, o en cambios temporales en los precios. Esto lo debe saber el presidente Clinton. Pero, ¿estaría dispuesto a aceptar el costo político de una cruzada contra los drogadictos, en pleno año electoral?

En el Congreso, además, el debate de los últimos días ha mostrado divisiones que ya se habían manifestado en otros temas -Kosovo, Irak – y que ahora salen a flote en torno de la ayuda para Colombia. Intervencionistas contra aislacionistas, por ejemplo. Los primeros -de tendencia demócrata – anhelan un activo papel de Estados Unidos en la construcción de un nuevo orden mundial; mientras los segundos -de origen republicano – prefieren concentrar la atención en los intereses estrictamente nacionales.

Para no hablar de la controversia entre los sectores más cercanos a las ONG de derechos humanos, próximos a los demócratas y poco simpatizantes del Ejército colombiano, y los Jesse Helms republicanos que todavía se preocupan por la amenaza comunista y detestan, sobre todo, a la guerrilla.

“Estamos en medio de un sándwich” , ha dicho el presidente Pastrana. Lo cual quiere decir, en plata blanca, que la visión estadounidense sobre la ayuda tiene motivaciones que van más allá de la cooperación en la lucha contra las drogas.