El voto amenazado

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El voto amenazado
En el año de las selecciones regionales y los referendos, todo indica que el cuarenta por ciento de los municipios, guerrilleros y paramilitares impedirán que las votaciones sean libres.

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En menos de una semana fue interlocutor de dos enemigos irreconciliables: Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’ y Carlos Castaño. Los buscó en sus campamentos con el propósito de comprometerlos a no utilizar sus aparatos de guerra para torpedear las elecciones que en octubre próximo serán una prueba decisiva para la democracia local en Colombia.

Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, inició el domingo 7 de mayo la que él llama “una gestión humanitaria”. Ese domingo, en compañía de 19 alcaldes, llegó a la hacienda Villa Nora, en la zona de distensión. Tirofijo se mostró amable, les ofreció un suculento plato de costillas ahumadas, pero dejó de lado todo protocolo y les advirtió de frente que no aceptará la neutralidad de ninguno de los candidatos que haga proselitismo en las zonas de influencia de sus frentes. “Vamos a promover mecanismos de liderazgo comunitario, evitando con ello la imposición de alcaldes desde los partidos tradicionales”, les dijo sin rodeos. El Mono Jojoy, Pablo Catatumbo e Iván Márquez, que también estaban en la reunión, asintieron.

Y antes de que los visitantes se repusieran de su sorpresa, Jojoy, jefe militar de las Farc, agregó algo que los desconcertó aún más: “En las próximas elecciones no habrá candidatos de los partidos tradicionales en los municipios donde tenemos influencia. Los aspirantes deben ser escogidos por el pueblo”. Días antes, a otros visitantes, Jojoy les había advertido que el candidato liberal o conservador que entrara a sus zonas de operaciones a hacer proselitismo, sería retenido y sometido a trabajos forzados.

Seis días después, Toro, esta vez solo, llegó al cuartel del feje de las AUC, Carlos Castaño, en las montañas de Córdoba. El jefe paramilitar le aseguró que sus hombres no sabotearán las elecciones, no lanzarán candidatos propios y no vetarán a nadie, ni siquiera a los candidatos de izquierda, a menos que descubran en las listas de aspirantes a personas con antecedentes de corrupción. No explicó, sin embargo, cómo harían las autodefensas para detectar a los corruptos.

Candidatos impuestos
¿Qué llevó al vocero de los 1.090 municipios del país a meterse en la boca del lobo? La explicación está en las dimensiones del conflicto que golpea con especial crudeza la provincia colombiana y que se concreta en cifras como estas: 462 concejales asesinados en los últimos cuatro años; 27 alcaldes muertos en los últimos 36 meses; 25 que gobiernan sus municipios desde un exilio obligado por amenazas y uno que tuvo que irse definitivamente del país; 192 municipios sin protección de la fuerza pública y 461 bajo el asedio de frentes guerrilleros o columnas paramilitares.

Adicionalmente, los alcaldes están desprotegidos. Desde enero de 1999 el Gobierno les retiró los seguros de vida por montos hasta de cincuenta millones de pesos que los amparaban, y las compañías de seguros, incluso la estatal, se niegan a contratar pólizas privadas con ellos por el alto nivel de riesgo que enfrentan.

Pero más allá de las cifras que reflejan antecedentes inquietantes, las respuestas de la guerrilla y los paramilitares a los emisarios de la Federación de Municipios muestran un cambio en sus estrategias frente a los comicios regionales.

En 1997 los grupos armados hicieron todo lo posible por impedir, a sangre y fuego, la elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Ahora, cuando las organizaciones extremistas pugnan por la conquista de territorios, la imposición de sus candidatos propios prácticamente elimina la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos legales lancen los suyos.

Las elecciones regionales de 1997 son indicativo de lo que significa la amenaza armada para la democracia local. Las cifras en este sentido son contundentes. Hace tres años, 369 candidatos a alcaldes renunciaron por la presión de las armas; fueron retiradas 1.500 listas para concejos municipales; 56 aspirantes cayeron asesinados y más de 100 fueron secuestrados. En 26 municipios no se presentó candidato alguno y en otros 20 fueron elegidos alcaldes con menos de 30 votos.

Garantías en vilo
Hoy, a cinco meses de las elecciones, la violencia frena o impide el surgimiento de candidatos libres de presión en las zonas de influencia de la guerrila o de los paramilitares. Las Farc lanzaron el Movimiento Bolivariano, un partido político que actuará por ahora en la clandestinidad, mientras las autodefensas se han infiltrado en los debates de algunos movimientos para meter mano en la conformación de listas. La presión es tan clara, que algunos candidatos a alcaldías han enviado mensajes a las Farc, vía internet, donde solicitan permiso para hacer proselitismo. La respuesta ha sido igualmente clara: ‘“Venga al Caguán y exponga sus planes de desarrollo municipales. Aquí, en el comité temático los aprobamos o los rechazamos”.

No hay duda. Guerrilla y paramilitares van a ser decisivos en las primeras elecciones regionales del muevo milenio. CAMBIO consultó la opinión de dirigentes políticos, altos mandos militares, representantes de los gobiernos regionales y voceros de sectores independientes que coinciden en afirmar que en cerca de la mitad del país, están en vilo las garantías electorales.

El propio Gobierno nacional es consciente de la situación y los militares han encendido las alarmas. Los generales Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, y Jorge Mora, comandante del Ejército, se han reunido en varias ocasiones con el Presidente, con los ministros del Interior y de Defensa y con el Alto Comisionado para la Paz para darles información detallada sobre la forma como guerrilla y paramilitares hacen presencia permanente en los casi 200 municipios donde hoy no hay fuerza pública. En esas reuniones el alto mando ha hecho graves denuncias sobre lo que ocurre en la zona de distensión. De acuerdo con la información que tienen, no cabe duda de que en las próximas elecciones las administraciones locales de la región quedarán controladas por la insurgencia.

Las Farc juegan a que las decisiones que el Gobierno se vea obligado a tomar, sin importar cuáles sean, resulten favorables a sus intereses. Si se suspenden las elecciones por falta de garantías, seguiría su dominio de facto. Si se realizan, los candidatos estarán bajo su control. “De cualquier forma, vamos a recomendarle al Gobierno que suspenda las elecciones en la zona de distensión y en los municipos que la rodean, pues es preferible mantener las cosas como están a que el Movimiento Bolivariano se imponga allí por las armas”, aseguró una alta fuente militar.

Proceso viciado
Los análisis militares señalan que los hombres de Tirofijo han venido atacando en forma sistemática a los pueblos que se encuentran en la periferia de la zona de despeje para forzar el retiro de la fuerza pública y ensanchar el territorio bajo su control. Entre julio de 1999 y febrero de 2000 se han producido 13 acciones ofensivas de la guerrilla en esa área.

La situación es compleja en la zona de distensión y a ella no es ajena el alcalde de San Vicente del Caguán, Ómar García Niño, que propondrá a los representantes de Gobierno y guerrilla en la mesa de negociación que aprueben una veeduría internacional en la zona del despeje durante las elecciones de octubre. Para García es la única forma de garantizar la transparencia de los comicios en un teritorio sin presencia real del Estado.

Hugo Humberto López, secretario general de la alcaldía de San Vicente, explica que 13 de las 14 inspecciones municipales donde serán habilitados puestos de votación se encuentran en zonas rurales a las que no llega ni siquiera la policía cívica creada para resguardar simbólicamente el orden público.

Los candidatos locales no se animan todavía a entrar en forma abierta en campaña. Néstor León Ramírez Varela, funcionario del Incora que quiere ser alcalde, todavía no se ha decidido a renunciar. Bertil Valderrama Hernández, presidente del Comité Municipal de Ganaderos, apoyado por los partidos tradicionales, se verá en aprietos cuando el próximo 10 de junio las organizaciones sociales, bajo la lupa de las Farc, escojan a sus candidatos. Es seguro que entonces la balanza comenzará a inclinarse.

El espacio para las fuerzas independientes es limitado. Luis Eduardo Garzón, líder sindical y uno de los fundadores del Frente Social y Político, cree que no tienen ningún espacio democrático en las zonas controladas por los violentos. En el Valle, por ejemplo, los paramilitares ya tomaron posiciones para atacar “todo lo que les huela a izquierda”. Y en el sur, las Farc no permiten campaña alguna. “Yo conmino al Gobierno a que me diga qué garantías tenemos para hacer política –le dijo Garzón a CAMBIO–. Mientras que la negociación con la guerrilla y las elecciones sigan siendo en medio de la guerra, no habrá garantías para nadie. Esta campaña tocará hacerla desde un papamóvil y nosotros no estamos dispuestos a arrriesgar gente en función de eso, ni vamos a negociar con los grupos armados qué discurso podemos hacer. Hacer política así no tiene ningún sentido porque es un proceso viciado. Se impondrá la lógica de que solo quien tiene un movimiento armado tendrá posibilidades electorales”.

En las toldas de los partidos tradicionales, las preocupaciones son las mismas. Luis Guillermo Vélez, presidente de la Dirección Liberal, le dijo a CAMBIO: “El Gobierno es el que tiene que ofrecer esa seguridad electoral, tiene que decir qué capacidad de cubrimiento tiene con el Ejército y con la Policía. Pero hasta el momento esas garantías no se han dado y el pronunciamiento de las Farc es una amenaza coactiva muy fuerte al libre ejercicio del sufragio. Están vigentes amenazas a candidatos y al electorado”.

Duro reto
No todos, sin embargo, comparten esta visión. El senador Ciro Ramírez, nuevo presidente del Directorio Nacional Conservador, cree que “las elecciones transcurrirán en paz porque predominarán las expectativas del proceso de diálogo que está en marcha”. Para él, los candidatos conservadores ya están en campaña, y los grupos armados los respetarán. El recorrido que hizo con las Farc durante 25 días por Europa le dejó la convicción de que “la subversión no va a estar por encima del Gobierno ni puede estar por encima del proceso de paz”.

El representante independiente Antonio Navarro Wolf cree que, pese a todo, las eleccciones de 2000 no van a ser peores que las de hace tres años. “El referendo tiene aplazadas las campañas locales y regionales. La guerrilla tiene presencia en muy pocos municipios, como para decir que el proceso está en peligro. Hace tres años habían prohibido votar y solo lograron hacer algún sabotaje que no alteró los resultados. Habrá interferencias de la guerrilla y de los paramilitares, pero se va a demostrar una vez más que son más fuertes las elecciones que la guerrilla”.

No importa cuán delicada y compleja se plantee la situación, el gobernador de Antioquia, Jorge Alberto Builes, vocero de los mandatarios departamentales, cree que en ninguna circunstancia debe contemplarse el aplazamiento de los comicios. “En este campo no me limito a hacer sugerencias, sino que le exijo al Gobierno que desplace a las Fuerzas Militares y de Policía hacia las poblaciones que hoy están desprotegidas. En algunos casos puede bastar con la designación de un inspector de policía ad hoc para que se garantice el ejercicio del voto”, declaró el gobernador.

El asunto no es de poca monta, pues cerca del 25 por ciento de los municipios del país se encuentra hoy sin fuerza pública. Los actores armados han cambiado su estrategia, que no será la misma del 97. En esta ocasión, cuando tanto guerrilleros como paramilitares han ganado mayor control territorial, primará la imposición de candidatos propios de las organizaciones armadas y la presión para que candidatos de partidos y movimientos legales no presenten sus nombres al escrutinio público.

A pesar de algunas voces que sugieren la suspensión de las elecciones en algunos municipios del país, es casi seguro que se adelantará la jornada electoral aun en regiones donde los candidatos serán impuestos bajo la amenaza de las armas. Las elecciones del próximo 29 de octubre representan un duro reto para el actual Gobierno y ante todo, para la democracia.

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