Opinión Internacional

Empresarios en el banquillo

La reunión que sostuvo el presidente Morales y los empresarios dejó entrever
la dura relación que existe entre el gobierno y la empresa privada, que sin
duda alguna no goza de las simpatías del gobierno que está actualmente en
ejercicio.

El presidente es muy hábil y por supuesto que pretendió salir al paso de los
cuestionamientos, que entre otros temas acuciantes para las empresas,
planteó garantías y seguridad jurídica para la inversión privada. Evo
Morales cuestionó a los privados por no haber exigido esa demanda a los
anteriores gobiernos: «Ahora ustedes me cuestionan sobre la seguridad
jurídica y por qué antes no se ha cuestionado a nuestros gobernantes cuando
han manejado los contratos de manera secreta», preguntó el jefe de Estado. Y
por supuesto que en este punto tiene tela que cortar, ya que en el tema de
la capitalización existieron omisiones que para nada están justificadas,
pero que tampoco deben ser esgrimidas por el actual gobierno con el fin de
soslayar el papel que el Ejecutivo debe cumplir. Estas objeciones aparecen
como excusas del actual gobierno para seguir actuando según la conveniencia
y según los planes y alejándose de la función que debe cumplir en materia de
garantías para la inversión y en el sentido de tratar de manera equitativa a
todos los sectores que desarrollan una actividad económica que genera en
creación de fuentes de empleo y bienes y servicios que circulan y se
redistribuyen en el país.

Morales encaró a los empresarios de manera directa al expresarles que para
exigir seguridad jurídica, los privados primero tienen que respetar la
normativa interna del país, porque de acuerdo a datos proporcionados por
Impuestos Internos existe una empresa privada que le adeuda al Estado
1.190.348.450 bolivianos ($us 230 millones). Aparte de otros procesos
judiciales por 948.951.838 bolivianos Además que el Estado, con recursos
económicos del pueblo boliviano, está pagando cerca a 350 millones de
dólares por la quiebra de bancos, cuyos principales accionistas lograron
créditos del Tesoro General de la Nación (TGN), «como la familia Landívar».

Y esto ya sonó a chantaje porque no se deben hacer alusiones directas y
existen lugares y reparticiones públicas en las que se tratan los temas
impositivos. El presidente de la República no debe usar todos los argumentos
que encuentra a mano para bajar la guardia a su contendor o a quien le
plantea alguna demanda.

Este es el estilo de política con el que no se puede estar de acuerdo y que
está provocando anticuerpos en el país, pues antes que nada, las personas
son ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes.

El presidente les salió a los empresarios por la tangente, porque habló de
las empresas capitalizadas ahora revertidas al Estado y los cargó de sus
usuales reclamos y amonestaciones sin que se hubiera escuchado que registró
la demanda de seguridad para la inversión que le habían hecho.

Por supuesto que el presidente no perdió la oportunidad de llevar todo el
agua a su molino, y abogó porque el pueblo decida con su voto la refundación
del país en una expresión de verdadera democracia, habló de la corrupción
judicial pero no de la de los funcionarios de su gobierno que han sido
pescados in fraganti, reivindicó las autonomías indígenas omitiendo las
departamentales y por supuesto que de paso hizo una promesa vaga de respetar
la propiedad privada. Pero todos ya identificamos este discurso que apela a
toda la maquinaria para atacar al presidente del Comité Cívico por un
problema de tierra y que anunció la intervención de parte de la fiscalía de
la empresa Creiland, aduciendo que el ex accionista del Banco Bidesa es
actual accionista de esta empresa. Más allá de las razones o no que se
tengan, se puede identificar que se ha iniciado una cacería de brujas de
empresarios del departamento cruceño, y dice un viejo refrán: cuando veas
que cortaron las barbas a tu vecino debes ir poniendo las tuyas en remojo.

En las investigaciones recientes sobre polarización política se presentan dos tipos de explicación: (1) que la polarización obedece a una mayor coherencia en las convicciones políticas del ciudadano común y (2) que la polarización política es practicada sólo por una elite o un caudillo carismático más no por la mayoría de miembros de los movimientos sociales. Esta última hipótesis parece más convincente en el caso de América Latina, en donde una mayor participación de la ciudadanía en los procesos electorales no ha significado (necesariamente) una mayor coherencia en sus convicciones políticas. La polarización política en el caso de América Latina, obedece además a una concepción personalista del poder que coloca al ciudadano contra las cuerdas: «estas conmigo o en mi contra». El asunto de fondo no es la racionalidad individual, sino la estrategia política colectiva. Arrastrados por fuentes de opinión común, los ciudadanos imitan el comportamiento político que les permita estar dentro del sistema político que defienda sus bienes.

En culturas con altos niveles de desigualdad y severos desequilibrios económicos, con sistemas institucionales aleatorios y poca convicción normativa de todos sus ciudadanos, en sociedades con escasos niveles de negociación de sus conflictos y pocos espacios de deliberación argumentada de sus diferencias, en una comunidad política con una alta concentración del poder y pocas oportunidades para el cambio de régimen, en un contexto de vida pública con escasas dinámicas de decisión y participación colectiva, la polarización extrema se constituye en una grave amenaza para las libertades individuales, y el mayor impedimento para la tolerancia política.

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