Opinión Internacional

España, federalismo fiscal

Madrid (AIPE)- El Govern de Catalunya ha presentado al Gobierno de España el 27 de abril pasado un modelo de financiación semejante al del País Vasco y Navarra: una agencia tributaria propia, que cobraría todos los impuestos sobre las personas domiciliadas y las operaciones originadas en Cataluña, con graciosa cesión del 50% de lo así recaudado a la Hacienda del Estado. Esto plantea una cuestión de mucho calado: la de si la propuesta catalana es para todas las Autonomías de régimen común o si es para ellos solos; dicho de otra manera, si se trata de crear una Hacienda federal o más bien de engrosar el grupo de los ricos privilegiados.

Los independentistas catalanes de izquierdas y de derechas no quieren oír ni hablar de federalismo fiscal equilibrado. El presidente de Ezquerra, Carod Rovira, ha declarado que el tripartito no piensa en hacer un modelo común a todos los españoles; y el líder de Convergencia, Artur Mas, ha recordado a Zapatero que prometió aceptar sin condiciones el modelo financiero que aprobara el Parlament. Lo malo es que también el socialista Maragall ha defendido siempre el “federalismo asimétrico”
Un auténtico sistema federal al estilo americano o alemán consta de dos niveles fiscales: el federal y el de los estados o Länder. La Hacienda federal cobra impuestos en toda la nación aplicando criterios generales y gasta esos fondos según la legislación aprobada en Washington o Berlín. Los estados y los Länder tienen sus propios recargos o impuestos sobre la renta, sobre las ventas, o sobre lo que decidan; y su gasto se financia con esos ingresos, aumentados ocasionalmente con transferencias federales.

La reforma que debería proponer el Gobierno socialista, o la oposición si Zapatero no se atreve, es muy otra que la catalana. El Estado español mantendría las figuras de los impuestos nacionales ahora existentes: IRPF, IVA, Sociedades, Plusvalías, cotizaciones sociales, pero bajando los tipos drásticamente, todos al 20% como ha propuesto Miguel Sebastián, el director de la oficina económica del presidente; y el Estado gastaría según ordenaran las Cortes, primando las localidades o los grupos que se considerara equitativo. Si las Autonomías quisieran gastar más en salud, educación, obras públicas o defensa de la lengua vernácula, en sus manos estaría el establecer recargos autonómicos sobre los impuestos nacionales o crear nuevas figuras de impuesto. (No quieren, porque pierden votos).

Lamento que Miguel Sebastián no haya conseguido su propuesta de que todos los impuestos nacionales fueran parejos y sin bonificaciones ni beneficios. El cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales se simplificaría y los asesores fiscales se quedarían sin trabajo. España (o las Autonomías más espartanas) se convertiría en una nueva Irlanda. Y los nacionalistas se comerían su identidad con queso. Por desgracia el Gobierno no está para experimentos: Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, tiene que ser muy prudente, para que las tonterías del presidente y sus otros ministros no hagan zozobrar la barca.

(*): Profesor de la Universidad San Pablo CEU y académico asociado del Cato Institute.

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