España, reformas pendientes
Madrid (AIPE) Supongamos que el Partido Popular obtiene mayoría absoluta en el Congreso en marzo. ¿Cuál es la lista mínima de las reformas que debería aplicar el Gobierno del Sr. Rajoy?
Ya no podemos fiar el crecimiento de la economía española al tirón de las grandes economías europeas: Alemania y Francia, es cierto, están empezando a poner en marcha reformas que quizá las saquen de su presente estado comatoso, pero los españoles debemos centrar nuestro crecimiento en algo más que el aumento de la población activa. Además, ya no es posible achicar las vías de agua con devaluaciones.
Debe aumentar el grado de competencia en nuestra economía (que no es lo mismo que aumentar la competitividad, pues la competencia aumenta con las importaciones de bienes y servicios). Así, es necesario terminar con el aplazamiento de la plena libertad de horarios comerciales y reducir la arbitrariedad en la concesión de licencias de apertura de los comercios. También es necesario liberar la oferta de suelo para vivienda, sedes comerciales y centros de producción (lo que implica revisar el sistema de financiación de los Ayuntamientos que retienen suelo para aumentar sus ingresos). En el mismo mercado del suelo, la oferta de viviendas en alquiler es raquítica porque la ley sigue protegiendo al inquilino, con tres años mínimos de contrato, dificultades de desahucio por impago, escaso resarcimiento de daños producidos. La mayor competencia debe extenderse al mercado de trabajo. Las reformas han sido insuficientes para reducir la lacra del empleo precario, que es el resultado de un exceso de indemnización por despido para amplios colectivos de trabajadores más antiguos.
Las reformas impositivas han sido de lo más notable de lo realizado por el último Gobierno de Aznar, pero no deberían detenerse, aunque fuera necesario tomar alguna de las propuestas del PSOE: un tramo único del IRPF con un tipo igual al impuesto de sociedades y un mínimo exento general simplificarían el sistema impositivo y evitarían mucha ingeniería fiscal. Sería necesario un Pacto de Estabilidad y Crecimiento con las Autonomías y los Ayuntamientos más efectivo que el actual, en especial obligando a consolidar todos los organismos y empresas que dependen de las corporaciones locales.
La Seguridad Social tendría que financiarse con impuestos generales y no con cotizaciones que equivalen a un impuesto regresivo sobre el empleo. Esto, unido a condiciones más severas para gozar del subsidio de paro, reduciría la cifra artificialmente hinchada del desempleo.
El camino seguido por la reforma de las pensiones públicas no resuelve la insuficiencia constitutiva de un sistema de reparto. Los jóvenes que accedan al mercado de trabajo deberían poder todos capitalizar sus pensiones, lo que implicaría la necesidad de emitir deuda del Estado para financiar las de reparto subsistentes. Ya sé que la UE limita la proporción de deuda respecto al PIB, pero creo llegado el momento de traer a la superficie el déficit escondido de las obligaciones por compromisos de jubilación.
¿Me atrevo a decir que la enseñanza y la salud son las últimas empresas públicas por privatizar? El que los presupuestos del Estado y de las Autonomías financien estos servicios no implica que tengan que ser producidos y suministrados por el sector público. Nadie se atreve a hablar ya del bono escolar y sólo en Villena se explota un hospital público privadamente en sistema de concesión.
Para no quitarles del todo el aliento, no diré nada de la necesidad de sanear nuestra democracia haciendo que los partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos sean financiados exclusivamente por sus miembros.
(): Catedrático de la Universidad San Pablo CEU y columnista del diario La Vanguardia.
