Opinión Internacional

Estados Unidos frente a la administración Chávez

Desde el inicio de la década de los 90, tras el fin de la Guerra Fría y la súbita caída del comunismo soviético que trajo consigo lo que el científico político Samuel Huntington llamó la «tercera ola» democratizadora en la historia del mundo moderno (Huntington,1991), el gobierno estadounidense estableció la defensa y promoción de la democracia como un punto clave del nuevo rol internacional de los Estados Unidos en el mundo y en el continente americano, pasando el tema a formar parte prioritaria en sus agendas de gobierno (Carothers,1999).

Ahora bien, ¿cómo los EE.UU ha llevado a la práctica ese objetivo político en América Latina?. Más específicamente, ¿cómo ha sido la política de defensa y promoción de la democracia de los EE.UU en Venezuela durante la etapa de mayor crisis y «descomposición» democrática (1998-1999) que viene sufriendo este principal aliado petrolero y estratégico estadounidense en América Latina, otrora considerado además como el modelo de democracia en la región? . A pesar de la retórica sobre el tema, es esencial preguntarse ¿qué realmente ha hecho esa potencia, que se considera adalid de la democracia en el mundo entero, y qué impacto ha tenido la política que emprendió durante el primer año de la administración Chávez en cuanto a la defensa de la democracia venezolana?.

Cobra especial importancia la política del gobierno estadounidense frente a Hugo Chávez porque este nuevo gobierno venezolano no sólo ha servido para desmantelar el sistema político que con todos sus errorres e imperfecciones le dieron una base democrática a Venezuela por 40 años, sino para poner las bases de un nuevo sistema que, hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta si es realmente democrático, ya que de acuerdo a la mayoría de los analistas políticos nacionales e internacionales, el sistema democrático que propugna la administración Chávez es de fuertes rasgos autoritarios y militaristas.

I.

Para entender la política exterior de promoción de la democracia de EEUU hacia la administración Chávez, es necesario remontarnos a la difícil campaña electoral de 1998, cuando el gobierno estadounidense a pesar de señalar su preocupación por la democracia venezolana, emprendió una política de apoyo relativo hacia el futuro mandatario venezolano. En efecto, si bien en el mes de mayo se le negó la visa al entonces candidato presidencial Hugo Chávez por su pasado golpista, lo cual hizo prever en la opinión pública venezolana que EE.UU actuaría en contra de esta opción, la administración Clinton dejó claro que se mantendría neutral en el proceso y que reconocería al ganador de las elecciones, fuera quien fuera, sin ninguna preferencia. Así lo manifestó el Embajador Maisto en repetidas ocasiones y otros funcionarios estadounidenses, afirmándo categóricamente que «Estados Unidos respetaría la decisión del pueblo venezolano».

Desde entonces, y durante todo el primer gobierno del Presidente Chávez, la política de la Casa Blanca fue la de «esperar y ver» (C.Romero 1998) combinada con una política de «apaciguamiento» y acercamiento, como veremos más adelante. Y todo ello a pesar de que desde sus inicios la administración Chávez se enfrentó al gobierno estadounidense, provocando que las divergencias, tensiones y desacuerdos en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela fueran más y mayores que durante todos los 5 años del gobierno de Rafael Caldera.

Ciertamente, partiendo de una concepción de democracia «participativa y revolucionaria» — que ha provocado que en la comunidad internacional afloren fuertes dudas y temores en torno a la naturaleza del modelo democrático que se desarrolla en Venezuela— el Presidente Chávez y el Canciller José Vicente Rangel han emprendido una línea de actuación exterior autónoma y soberana, la cual parece tener, como bien lo han hecho ver diversos analistas venezolanos, el propósito fundamental de distanciarse y provocar conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. En la opinión del exCanciller Fernando Ochoa Antich esta actitud de constante confrontación y provocación frente a Washington forma parte del nuevo proyecto ideológico y geopolítico continental del actual gobierno venezolano, quien busca la creación de una suerte de «Gran Colombia» latinoamericana de carácter revolucionario. De allí, según Ochoa Antich, «el afán presidencial por distanciarse de Estados Unidos y de la OEA (el gobierno venezolano, por ejemplo, no firmó la resolución de la OEA condenando el golpe de Estado en Ecuador), de acercarse a Cuba, de apoyar a los movimientos insurgentes latinoamericanos, y de crear unas Fuerzas Armadas latinoamericanas» (1).

Entre las principales tensiones y provocaciones del gobierno Chávez hacia la administración estadounidense figuran: el pronunciamiento critico hacia la OTAN por sus ataques contra la provincia yugoslava de Kosovo; la votación venezolana en la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas a favor de China, Cuba e Irak y la denuncia de unas supuestas presiones por parte del Embajador estadounidense en Caracas para que Venezuela votara en contra de esos países en Ginebra; las declaraciones públicas con relación a la preocupación venezolana por la instalación de bases antidrogas en Aruba y Curazao; la petición directa al gobierno de Clinton de cesar el bloqueo a Cuba; la propuesta de una Confederación de Naciones Latinoamericanas (sin Estados Unidos, por supuesto); el apoyo a la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana y en general la relación de acercamiento y amistad mantenida con Cuba; la denuncia de una posible internacionalización del conflicto colombiano e incluso, de una posible injerencia unilateral de Washington en el mismo; las conversaciones mantenidas con los guerrilleros izquierdistas colombianos, la disposición del Presidente Chàvez de entrevistarse personalmente con el líder de uno de los grupos guerrilleros —considerados por Washington como una amenaza para la seguridad hemisférica— y las declaraciones sobre «neutralidad» hacia el conflicto colombiano, lo cual ha sido percibido no sólo por el gobierno estadounidense sino por el colombiano como un innecesario respaldo a las guerrillas colombianas; el acercamiento con la República de Irán, país al que Estados Unidos acusa de auspiciar el terrorismo mundial; la decisión venezolana de última hora de revocar la solicitud de ayuda formulada por el propio Ministro de la Defensa venezolano con relación al envío de dos buques militares estadounidenses que venían al país con maquinaria e ingenieros a fin de colaborar en la reconstrucción del Litoral Central afectado por la tragedia natural de diciembre de 1999; and last but not least el reiterado rechazo (y denuncias de presiones y de «intervencionismo militar») en torno a la petición estadounidense de sobrevuelo de aviones militares sobre territorio venezolano, lo cual ha conllevado a numerosos impasses entre Miraflores y la Casa Blanca.

Frente a estas provocaciones, el gobierno estadounidense ha respondido con una política de apaciguamiento y no agresión, tratando de minimizar los conflictos y evitando los enfrentamientos. Los EE.UU. ha actuado, ciertamente, «con mucha paciencia» como bien lo señaló —un tanto desesperado— el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos hemisféricos, Peter Romero, en unas controversiales declaraciones para el diario español ABC el pasado 30 de enero, las cuales provocaron una reacción airada por parte del Presidente Chávez y de su Canciller reiterando que «Venezuela no acepta consejos ni advertencias norteamericanas» (2), reacción que fue neutralizada nuevamente por la administración Clinton con una visita inmediata del Embajador John Maisto al Canciller Rangel y un comunicado oficial del Departamento de Estado explicando los alcances de las declaraciones de Peter Romero (3). Esta línea conciliadora del gobierno estadounidense ha ido acompañada de una política de acercamiento diplomático, de respaldo político y moderado apoyo económico.

El acercamiento de EE.UU. se inicia a los pocos días de ser electo Hugo Chávez Frías como Presidente de Venezuela, cuando el día 9 de diciembre de 1998 el Embajador Maisto visitó al nuevo mandatario para hacerle entrega personal del mensaje de felicitación del Presiente Clinton, el cual expresaba: «En nombre del pueblo de los Estados Unidos y el mío propio, por favor, acepte mis felicitaciones por su elección como Presidente de Venezuela. La alta votación y su impresionante margen de victoria son un testamento a la larga y fuerte convicción democrática, así como el deseo de cambio positivo que quiere Venezuela» (4). Una segunda visita de Maisto a Chávez (5) y la primera visita del Subsecreatario de Estado Peter Romero (6), ambas efectuadas durante ese mes de diciembre, sirvieron para ratificar la posición estadounidense de apoyar política y financieramente al nuevo gobierno y de mantener el buen entendimiento y la cooperación en las relaciones bilaterales, lo cual fue demostrado al concedérsele al Presidente Chávez la visa de entrada a los Estados Unidos.

Otros signos y mensajes de buena voluntad por parte de la administración Clinton se repitieron a todo lo largo de 1999, empezando con la visita en enero de Charles E. Wilhelm, Jefe del Comando Sur, quien ofreció la cooperación de las Fuerzas Armadas estadounidenses para el desarrollo de Venezuela (7), y finalizando con la cuantiosa ayuda humanitaria otorgada (la principal, de hecho, entre todas las proporcionadas por la comunidad internacional) por el gobierno Clinton a Venezuela a raíz del desastre natural ocasionado por las lluvias e inundaciones en el mes de diciembre. Durante las tres visitas que el Presidente Chávez realizó a Estados Unidos en 1999 (la primera el 24 de enero como presidente electo, la segunda en el mes de junio a Nueva York y Houston en búsqueda de inversiones, y la tercera del 21 al 24 de septiembre a Nueva y York y Washington a objeto de participar en la Asamblea General de la ONU y de continuar buscando inversiones para Venezuela) el gobierno norteamericano manifestó una buena disposición ante sus posiciones políticas (incluso en la visita de Chávez de septiembre que no tuvo carácter oficial, el Presidente Clinton lo recibió informalmente) e incluso —según fuentes de Washington— trató de ayudarlo con los inversionistas estadounidenses y con ciertos organismos multilaterales como el FMI, BM y el BID, aun cuando la falta de medidas económicas y jurídicas claras por parte de Venezuela ha provocado más bien una paralización de esas inversiones y préstamos multilaterales (8).

En materia de asistencia democrática, la administración Clinton ha continuado la línea emprendida durante el quinquenio de Rafael Caldera de ayuda moderada. De tal forma, organizaciones como la Fundación nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) desembolsó en 1999 un total de $698,659 y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) -que no tiene oficina en Venezuela- empezó a trabajar informalmente en nuestro país aportando unos $1,000.000 para programas anti-narcóticos, entrenamiento militar y para la lucha por los derechos humanos. Luego, a propósito de las inundaciones y deslaves de finales del mes de diciembre, AID otorgó unos $3,000,000 extra en ayuda humanitaria. Por su parte, la Embajada estadounidense en Venezuela, mantuvo sus diversos programas de ayuda al fortalecimiento de la democracia y de intercambio cultural y académico aun cuando su presupuesto ha bajado en virtud de que USIS —desde octubre de 1999— pasó a formar parte del Departamento de Estado.

En el marco de esta política de acercamiento y apoyo, las criticas y presiones del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano han sido tímidas y puntuales. Ellas han estado dirigidas fundamentalmente a la falta de cooperación venezolana en la lucha antidrogas hemisférica y a la negativa de emprender una política de reformas y ajuste económico, y no tanto —como cabe esperar de una administración comprometida al menos retóricamente con el principio de la defensa y promoción de la democracia continental— a la forma y modelo de democracia que viene instaurándose en Venezuela. A decir verdad, uno de los pocos representantes de la administración estadounidense que ha criticado públicamente al gobierno de Chávez y su modelo democrático, ha sido el Subsecretario de Estado Peter Romero, quien ha señalado que «Nosotros estaremos con Chávez mientras él opere dentro de los parámetros constitucionales para reformar al país» (9) y cuando lo cuestionó abiertamente en las ya citadas declaraciones en el diario español el ABC que al preguntarle que opinión le merecía el gobierno de Chávez, respondió textualmente: «Incertidumbre, como a usted. Hemos tendido la mano a Chávez desde el comienzo, yo fui a Caracas a ofrecerle asistencia. Luego, lastimosamente, se ve una diplomacia de ruedas de prensa. Pero seguimos con las manos tendidas, esperamos que use los 15.000 millones de superávit por la venta de petróleo en diversificar la economía, generar empleo, reformar las instituciones… Pero no se ve un manejo de gobierno, sólo plebiscitos, referéndum, más elecciones, y sólo nos dicen ‘hay que esperar’, pero los gringos no somos conocidos por nuestra paciencia» (10).

Pero en general, la administración Clinton ha evitado el cuestionamiento a Chávez e incluso ha señalado, como lo afirmó el Subsecretario para Asuntos Políticos Thomas Pickering en su más reciente visita, que «respalda la forma cómo el gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso han consultado al pueblo venezolano a lo largo del proceso fundamental de grandes reformas políticas» (11), reconociendo que Venezuela «vive en una encrucijada importante de su historia» y por lo tanto desea lo mejor para la «concreción del proceso».

II.

¿A qué se debe esta línea de actuación estadounidense que sin duda contrasta con su posición principista en torno a la defensa y la promoción de la democracia, una de sus líneas estratégicas claves para la América Latina? Entre las interpretaciones que han sido dadas con respecto a la actitud de Estados Unidos considero especialmente relevantes las siguientes:

Por una parte, es obvio que hasta el momento el Presidente Chávez no ha amenazado realmente la seguridad e intereses nacionales de los Estados Unidos. Si lo hubiese hecho, otra sería la actitud. Ciertamente, con el actual gobierno Venezuela ha perdido el primer lugar como proveedor de petróleo extranjero a EE.UU y se ha venido abajo el proceso de apertura petrolero, pero nuestro país continúa siendo un proveedor seguro para su gran vecino del norte. A su vez, el gobierno de Chávez mantiene una fuerte retórica antinorteamericana e izquierdista, pero su actitud no ha puesto en peligro las vidas, bienes o compañías norteamericanas en suelo venezolano.

Tampoco Chávez, a pesar de las airadas protestas que ha levantado por las presiones del gobierno de Clinton para que permita el sobrevuelo de aviones antidrogas sobre su espacio aéreo, ha dejado de cooperar con Washington en su lucha antinarcóticos (incluso hay rumores de una ayuda secreta) lo cual le valió una nueva certificación. En materia económica, si bien el gobierno mantiene una línea populista y estatista y no ha puesto en marcha un nuevo paquete de reformas macroeconómicas, ha anunciado ciertas medidas fiscales e impositivas que se corresponden con una senda modernizadora.

En suma, aun cuando en las relaciones bilaterales entre ambos países predominan más las discrepancias que las coincidencias, en general los roces y conflictos no han llegado a la categoría de gravedad. De tal forma, Washington prefiere continuar, para evitar costos políticos y económicos nacionales y regionales, en un contexto además de elecciones internas, con su política de «wait and see».

Por otra parte, según fuentes estadounidenses, el gobierno de Clinton se está cuidando de hacer de Hugo Chávez —un líder popular, populista y carismático—, una víctima en virtud del sentimiento antinortemericano existente en América Latina, y por tanto ha optado por darle piso político.. En otras palabras, los EE.UU. está evitando a toda costa convertirlo en un segundo Fidel Castro. Respetados analistas —como Andrés Openheimer, por ejemplo— han señalado que esta visión/posición es la que ha predominado en el Departamento de Estado aunque no exenta de fuertes cuestionamientos. Y la misma es la que ha venido poniendo en marcha el Embajador John Maisto; de allí que en unas recientes declaraciones el Canciller venezolano, José Vicente Rangel, expresara sin tapujos que «mi relación con el Embajador Maisto es excelente. El Embajador tiene magníficas relaciones con el Presidente Chávez y con el gobierno. Maisto nos ha ayudado mucho» (12). A esta posición se han sumado también algunos empresarios estadounidenses. Así, por ejemplo, según George Landau, Presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos para América Latina «hay que apoyarlo (a Chávez) para que tenga éxito porque sino Venezuela se hunde» (13); y según Michael Nylm, Presidente de la General Motors de Venezuela, es imprescindible «una actitud de ayuda, soporte y asistencia al gobierno de Chávez» (14).

No obstante, para otro grupo de políticos y analistas estadounidenses y venezolanos la política de Washinton frente al gobierno de Chávez es producto de una simple negligencia, indiferencia y hasta fastidio ante la reiterada política populista de los gobernantes latinoamericanos. En esta línea vale la pena citar la opinión del politólogo Aníbal Romero: «Washington ha decidido que lo importante es que Chávez acepte participar en elecciones, las realice y las gane. Lo demás: cómo las gana, qué limitaciones impone a sus adversarios, qué controles y mordazas aplica a la oposición, de qué manera asfixia a sus adversarios, qué calidad real tiene la famosa «democracia revolucionaria», son asuntos que obviamente tienen muy poca trascendencia a ojos de un Departamento de Estado posiblemente fastidiado y agotado a raíz de los incesantes vaivenes de la política latinoamericana. Además de la fachada democrática, Washington espera —por supuesto— que el petróleo venezolano continúe siendo embarcado hacia los puertos de Tejas y Nueva Inglaterra. El resto es música» (A. Romero, 2000).

El caso venezolano no es único y ciertamente, está línea de actuación es la que Estados Unidos ha llevado a cabo hacia otros gobiernos latinoamericanos con visibles conductas antidemocráticas pero que se legitiman a través de los votos y mantienen una nivel aceptable de modernización económica y cooperación con la lucha antidrogas de Washington. El caso de Fujimori en Perú es paradigmático aun cuando la actitud del gobierno Clinton tuvo que endurecerse recientemente tras el evidente fraude electoral que estaba preparando el fujimorismo en las elecciones del pasado 9 de abril. Pero en líneas generales, hacia ese régimen autoritario de fachada democrática, y no obstante su retórica en torno a una estrategia de defensa y promoción de la democracia continental, la administración Clinton se ha inclinado por políticas de neutralidad y apaciguamiento, anteponiendo así una concepción muy restringida de la democracia —la de la realización de elecciones— a la concepción integral que ese país ha promovido en su discurso internacional sobre defensa y promoción de la democracia.

III.

Esta actuación de Estados Unidos hacia Venezuela, me lleva a concluir que durante la fase aguda de la crisis de la democracia venezolana – desde finales de 1998 al presente- el gobierno estadounidense no han llevado a cabo una política «especial» de defensa y promoción de la democracia. Es cierto que Venezuela y su futuro democrático han sido causa de gran preocupación en Washington y por tanto se ha incrementado levemente la ayuda económica y producido un mayor acercamiento diplomático, mas ello no se ha traducido en una estrategia clara, activa ni coherente. Más bien se observa una falta de estrategia y una política reactiva (se actúa de acuerdo a los vaivenes de la actuación política venezolana) frente a los inesperados y rápidos cambios políticos que han transcurrido en su principal socio petrolero latinoamericano. Ha sido, además, una política más retórica que efectiva, supeditada a otros intereses nacionales y de seguridad estadounidenses, tales como la lucha antidrogas, la compra de petróleo, la expansión del libre comercio.

Aun cuando no se cuenta con evidencias suficientes para garantizarlo, el mecanismo de la asistencia democrática aún no es prioritario en virtud de que Venezuela continúa siendo percibida como un «país económica y petroleramente priviligiado» dentro del contexto regional y del Tercer Mundo, a pesar de la profunda recesión económica que padece. No por casualidad, la Agencia para el Desarrollo permanece sin abrir sus oficinas en Caracas.

Se observa, asimismo, que durante el primer año de gobierno de Hugo Chávez Frías esa línea de actuación diplomática de presión y critica no sólo ha disminuido sino que se ha venido combinando con una diplomacia de apaciguamiento y de apoyo político. Esta forma tímida y poco principista cómo el gobierno de EE.UU ha respondido ante la crisis y ruptura del modelo democrático venezolano, no parece —además— haber contribuido ni al mantenimiento y reforzamiento de una democracia representativa y moderna en el país, ni a neutralizar el triunfo de una «democracia revolucionaria». Esto es difícil de demostrar pero el desarrollo de los eventos venezolanos así lo indican.

De tal forma, no cabe duda que el caso venezolano parece haber significado (y significa aún más en la actualidad en vista de las próximas megaelecciones venezolanas del 28 de mayo) un complejo desafío para los Estados Unidos, para su concepción tradicional y formas de defensa y promoción de la democracia hacia sus vecinos hemisféricos.

Ante esto, ¿cómo debe proceder EEUU unilateral y multilateralmente ante el acelerado proceso de descomposición democrática que vive el país?… No es el propósito de este trabajo responder a esta interrogante; aunque sí subrayar y reiterar su importancia y urgencia. Porque si bien es cierto que los problemas venezolanos nos conciernen esencialmente a nosotros, y somos nosotros, los venezolanos, quienes debemos resolverlos, es indudable también que los EEUU pilar de la democracia hemisférica le corresponde influir activa, positiva y responsablemente en el proceso venezolano, lo cual no significa intervenir violando el derecho de autodeterminación que como Estado-Nación soberano nos corresponde.

Notas

1) «Política Exterior a contracorriente amenaza con aislar a Venezuela». El Nacional, 03.03.2000. Pag. A-2.

2) El Nacional, 02.02.2000, pag. A-2; El Universal, 02.02.2000, pag. 1-14.

3) El Universal. 04.02.2000, pag. 1-13.

4) El Nacional, 10.12.98 . Pag. D-2.

5) El Nacional, 15.12.98. Pag. A-2.

6) El Nacional, 31.12.98. Pag. A-2.

7) El Universal, 15.01.99. Pag. 1-2.

8) Según cifras de la Superintendncia de Inversiones Extranjeras (SIEX) las inversiones directas de los EE.UU en venezuela que en 1998 llegaron a un total de $122.151.805,90 bajaron en 1999 a $58.230.485,17.

9) El Nacional, 31.12.98. Pag. A-2.

10) http://www. abc.es. 30.01.2000.

11) El Nacional, 16.02.2000. Pag. A-2.

12) El Nacional, 07.02.2000, pag. A-2.

13) El Nacional, 19.06.99, pag. E-1.

14) El Globo, 08.08.99, pag. 23.

Bibliografía

Carothers, Thomas (1999). Aiding Democracy Abroad. The Learning Curve. Carnegie Endowment for International Peace. Washington, DC.

Romero, Anibal (2000) «La política de Washington ante Hugo Chávez» Venezuela Analítica, edición del mes de febrero.

Romero, Carlos (1998) «Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos durante la presidencia de Clinton: coincidencias estratégicas y diferencias tácticas» en Andrés Franco (ed) Estados Unidos y los países Andinos 1993-1997: poder y desintegración. Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá.

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