Opinión Internacional

ETA, FARC, Cubillas, Isaías, Luisa y el Iluminado

Hoy, sin sorpresa, leímos en la prensa nacional la siguiente noticia relacionada con el caso del apoyo y complicidad del gobierno de Hugo Chávez con el grupo terrorista ETA:

Caracas.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que el Ministerio Público practicará todas las diligencias necesarias en el marco de la investigación que se le sigue a José Arturo Cubillas Fontán, por su presunta vinculación con el grupo terrorista vasco ETA y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Ortega Díaz dijo que harán comparecer a todos los posibles vinculados en la investigación, incluso a aquellas personas que se encuentren fuera del país, reseñó una nota de prensa. 
Asimismo, refirió que, a través de varios instrumentos jurídicos, entre ellos, la vía rogatoria y demás figuras contempladas en los acuerdos en materia penal entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, se buscará obtener información sobre las actuaciones y diligencias practicadas en esa nación ibérica por la autoridad judicial correspondiente.”

Es necesario comenzar por aclarar, que la supuesta «investigación» a la que se refiere la Fiscal no le fue solicitada por el gobierno español ni fue iniciada de oficio por la Fiscalía. Es el producto de una maniobra mediante la cual se puso a Cubillas mismo  a solicitar, con fundamento en el artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal, que se le investigara. El artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

Artículo 290. Imputación pública. Quien hubiere sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto.

Quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación cuando ésta no conduzca a algún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho.”

Es así como el 11 de octubre, Cubillas en escrito dirigido a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, expone que: “En fecha 7 de octubre el diario El Nacional publicó una nota de prensa mediante l cual expresa que mi persona impartió entrenamiento a miembros de la organización vasca ETA. Igualmente el periódico de circulación nacional Últimas Noticias…aunado a ello el referido diario hace mención que se me atribuye  la responsabilidad de coordinar las relaciones con el grupo guerrillero colombiano “ FARC”…han sido múltiples las notas de prensa mediante las cuales se me pretende atribuir haber participado en la comisión de hechos punibles lo cual ha generado un desprestigio continuo hacia mi persona y mi familia [sic] afectando de manera considerable mi dignidad y reputación” Todas estas lágrimas de cocodrilo no tienen otro objetivo que justificar su solicitud y preparar el terreno para la intervención de la agente encubridora de Miraflores, Luis Ortega Díaz y sostener ante España y la opinión internacional que Venezuela “coopera con la investigación española”.

Sorprende que el militante de ETA estime que el que se le vincule con esa organización terrorista le haya “generado un desprestigio continuo” a él y su familia y que esa vinculación haya “afectado de manera considerable su dignidad y reputación”.

Más adelante, Cubillas continua humilde y quejumbroso, sigue diciendo: “…Estas publicaciones afirman la participación de mi persona en hechos irregulares, situación ésta que me ha colocado en un estado de indefensión tal, que no he podido refutar hasta la presente fecha lo dicho en los artículo de prensa antes indicados…” , cuando lo que en realidad ha sucedido es que Cubillas no se ha presentado ante ningún medio de comunicación a defender su “inocencia” y su no participación en la comisión de ningún hecho punible. No ha dado la cara, porque cuenta con el apoyo y la defensa del Iluminado y sus subordinados, lo que queda claramente al descubierto cuando seguidamente declara en su escrito que ha “…estimado que el Órgano más idóneo, objetivo y transparente para investigar tales hechos es el Ministerio Público…”. La verdad es que Cubillas o es un gran jodedor que ni Laureano Márquez ni Claudio Nazoa le dan para el arranque o un gran cínico que ni José Vicente Rangel lo supera, que es mucho decir.

Y en el petitorio le abona el terreno a la complicidad oficialista con sus actividades delictivas y solicita que el objetivo, idóneo y transparente Ministerio Público de Luisa Ortega, perdón, del Iluminado:

1.       Designe un Fiscal del Ministerio Público… a objeto de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos imputados públicamente en medios nacionales y extranjeros…

En la redacción, Cubillas o sus abogados fueron traicionados por su subconsciente y pide que se determinen “las circunstancias en que ocurrieron los hechos imputados”. Dicho en otras palabras tales hechos si ocurrieron y por alguna extraña razón, quiere que se fijen las circunstancias en que tuvieron lugar (¿?).  A confesión de parte relevo de pruebas. Y acto seguido pasa al meollo del asunto y pide que:

2.       Se realicen todas las diligencias necesarias a objeto de verificar la veracidad de las supuestas declaraciones de dos ciudadanos vascos, a los que la prensa española atribuye haber estado en Venezuela y que hacen referencia a mi persona.

La primera observación es que no es “la prensa española” la que le atribuye a esos dos ciudadanos “vascos”, no españoles para Cubillas, el haber estado en Venezuela, son ellos los que afirman, libres de coacción y apremio, haber estado en Venezuela. Y son los tribunales de España los receptores de esas declaraciones, que involucran a Cubillas como el coordinador de las actividades del grupo terrorista  ETA en Venezuela y su enlace con las FARC.  Aquí comienza la maniobra para justificar las declaraciones del gobierno venezolano a través de su embajador en España, el inefable “lector de ojos” de testigos, Julián Isaías Rodríguez, especialista en testigos estrellas. Y el siguiente pedimento de Cubillas a la digna sucesora de Julián Isaías, le pone el tramojo al descubierto a la maniobra oficialista y solicita que:

3.       Se practiquen todas las diligencias necesarias a los fines establecer si estos ciudadanos de origen vasco fueron objeto de torturas o cualquier otro tipo de coacción en sus declaraciones.

Este terrorista pretende, junto con Luisa Ortega Díaz, que el Ministerio Público venezolano vaya a España a investigar las actuaciones de los diversas ramas del poder público español para determinar si estos ciudadanos, ya no vascos sino “de origen vasco”, fueron torturados o coaccionados para que declararan que él, Arturo Cubillas, organizó y dirigió conjuntamente con las FARC su entrenamiento en el manejo de armas y explosivos para atentar contra la vida y los bienes de ciudadanos españoles. Semejante dislate no cabe sino en las mentes desquiciadas por el abuso del poder de dos chavistas: Cubillas y Luisa Ortega Díaz.

Y  el hecho de que esta supuesta “investigación”  está preparada por el gobierno cómplice del Iluminado de Sabaneta, queda confirmada cuando la Fiscal, en concordancia con el petitorio de Cubillas, declara hoy que: “…harán comparecer a todos los posibles vinculados en la investigación, incluso a aquellas personas que se encuentren fuera del país…”. Tal “investigación”, no es sino una farsa para torpedear la actividad de la justicia española, tal vez en complicidad con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que tolera y se hace de la vista gorda frente a las actividades del gobierno del Iluminado para proteger los intereses monetarios que hay detrás de los millonarios contratos de empresas bélicas españolas con el gobierno venezolano.

Y el torpedeo de la investigación queda aún más claramente al descubierto cuando ante el anuncio de que el General González González ha sido llamado como testigo en el juicio a los etarras, la Fiscal Ortega Díaz, anuncia, luego de ocho años:

Caracas.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que se solicitó ante el Tribunal 19º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) el inicio del trámite para la extradición del general de división del Ejército, Néstor González González. Esta información la dio a conocer durante el programa «En Sintonía con el Ministerio Público», al tiempo que agregó que es un hecho público que el próximo 15 de noviembre, González González, estará en España. 
El pedimento se basa en lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, suscrito en Caracas el 4 de enero de 1990, vigente a la fecha. A González González se le sigue una investigación por la presunta comisión del delito de rebelión civil, a raíz de los sucesos de abril de 2002. 
La Fiscal General dejó claro que en virtud de que González González se encontrará en la fecha referida en el país europeo «nosotros como Institución garante de la legalidad y con fundamento en el convenio de extradición existente entre ambos países, solicitamos extraditen a este ciudadano, quien se encuentra requerido por la justicia venezolana», agregó. 
Finamente, dijo estar segura de que la solicitud será aceptada y que se realizarán todas las diligencias para la debida extradición, pues a decir de las últimas declaraciones de algunos representantes de la justicia española, que exigen se respeten los derechos y que se cumplan las leyes, la respuesta al pedimento del Estado venezolano será atendido. 

Esta declaración refleja tres cosas: 1. El temor del régimen ante lo que pueda revelar el General González González en las cortes españolas. 2. El deseo y la desesperación del régimen ante la inminencia del proceso en las cortes españolas y 3. La inmensa ignorancia de la Fiscal Ortega Díaz sobre el contenido del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela.

En efecto, ese Tratado excluye los delitos o supuestos delitos políticos y militares en sus artículos 6 y 7, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 6

1. No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará como un delito de tal carácter. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

a) El atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia.

b) Los delitos comprendidos en Tratados multilaterales que impongan a las Partes, en caso de no conceder la extradición, someter el asunto a sus propias autoridades judiciales, y

c) Los actos de terrorismo, entendiendo por tales:

Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional, incluidoslos agentes diplomáticos.

El rapto, la toma de rehenes o el secuestro arbitrario, y

La utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilización represente un peligro para las personas.

2. Tampoco se concederá la extradición si la parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquélla pueda ser agravada por estos motivos.        

ARTíCULO 7

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.

Al General Néstor González González,  el régimen le imputa los delitos de Conspiración, Rebelión Civil e Instigación a la Insurrección, todos delitos típicamente políticos, de manera, que si efectivamente se cumple con el proceso de aprobación de la solicitud de extradición por el TSJ, la misma fracasará pues el tratado prohíbe la extradición por delitos políticos o delitos conexos con esa materia y hasta donde sabemos en España hay Poder Judicial autónomo y respetuoso de la ley. Por otra parte, resultaría absurdo que la justicia española llame a estrados a un testigo extranjero y luego lo extradite y lo ponga en manos de sus perseguidores en razón de sus ideas y posiciones políticas.

De manera, que los esfuerzos gubernamentales por torpedear ese proceso y ocultar la complicidad del Iluminado con los más sanguinarios grupos terroristas fracasarán en esta oportunidad.

 

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