Falso nacionalismo
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Lima (AIPE)- A fines del siglo XIX, Ernesto Renán definió a la nación como “un plebiscito cotidiano”, esto es, como una consulta que se hace, día tras día, a la población del país respecto de su voluntad de vivir juntos. A inicios del siglo XX, José Ortega y Gasset dijo que la nación es “un proyecto sugestivo de vida en común”.
Bajo ambas definiciones, la existencia de una nación depende de un elemento subjetivo: el entusiasmo que puede generar un país en la imaginación y en los corazones de sus pobladores. Teniendo esto claro, cabe preguntarse hasta qué punto ese entusiasmo puede ser forzado o impuesto desde el Estado.
Resulta primordial entender que el Estado puede inducir, pero no imponer el sentimiento de nación. De manera indirecta, estableciendo las bases institucionales para el progreso económico, el Estado sí puede terminar fortaleciendo el sentimiento de nación. No lo hará, sin embargo, si debilita dichas bases.
Comprendiendo el rol del progreso económico en el surgimiento del sentimiento de nación, Jorge Basadre indicaba que la promesa de la vida peruana era la de una “vida próspera”. El sentimiento de nación no se fortalece, pues, empobreciendo a los ciudadanos, persiguiendo a las empresas y ahuyentando al ahorro y a la inversión.
Comprensiblemente, los ciudadanos de países prósperos suelen estar orgullosos de pertenecer a ellos. Por el contrario, los ciudadanos de países pobres suelen no sentir tal orgullo; más bien, muchos buscan “votar con los pies”, yéndose a vivir a tierras más propicias. Por tanto, si un Estado quiere acrecentar el sentimiento de nación debe dedicarse a proteger los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. Donde el Estado vulnera estos derechos, inevitablemente se desemboca en corrupción, desconfianza, desmoralización y despilfarro de recursos.
Lamentablemente, un falso nacionalismo está prendiendo en la región. Parapetado en los petrodólares que le brinda la industrialización de la China, el presidente venezolano Hugo Chávez viene promoviendo el estatismo, es decir, la intromisión del Estado en lo que no le corresponde.
La panacea que receta el falso nacionalismo son las empresas públicas. No obstante, las experiencias vividas en el Perú en los años 70 y 80 nos enseñaron que la intromisión del Estado en la actividad empresarial no lleva a su fortalecimiento sino más bien a su debilitamiento.
En el Perú, el inicio de la espiral inflacionaria se remonta a 1973, cuando el presidente Juan Velasco decidió bajar el precio de la gasolina, en la ilusión de que la OPEP traería beneficios que nunca llegaron. Esa medida fue facilitada por el hecho de que los hidrocarburos estaban en manos de una empresa estatal.
La hiperinflación de 1988 a 1990, asimismo, derivó del hundimiento de las tarifas de servicios públicos, particularmente en telecomunicaciones y energía eléctrica. Igualmente, ello fue facilitado porque las empresas de ambos sectores eran entonces de propiedad del Estado.
Los peruanos aún cargamos con ese lastre. Basta recordar el destape de las pensiones exorbitantes de Petro-Perú, descubiertas durante el debate de la “cédula viva”, o el clamoroso déficit de servicios de saneamiento en Lima, derivado de la vulnerabilidad de Sedapal a las presiones electoreras del ministro del sector.
Resulta así un contrasentido pretender el fortalecimiento de la nación a través de la ampliación del rol empresarial del Estado. La Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos del presidente boliviano Evo Morales, por ejemplo, debe ser entendida sólo como un gesto, o sea según el diccionario, como una “contorsión burlesca del rostro”.
En realidad, el Perú y el resto de los países de la región lograrán tener un Estado fuerte, paradójicamente, sólo cuando éste sea pequeño. Es decir, cuando se concentre en las pocas pero indispensables funciones que le competen. No está entre ellas realizar actividades empresariales con nuestros impuestos o fondos de pensiones.
___* Director Ejecutivo de la Sociedad de Economía y Derecho UPC, Lima.
