Fujimori consumó la farsa
«Elecciones justas, legales, libres y transparentes». Ninguno de los cuatro adjetivos empleados ayer por Alberto Fujimori se ajusta a la verdad: la segunda y definitiva vuelta para elegir presidente de Perú ha resultado sencillamente una farsa.
Las elecciones no han sido justas porque Fujimori no ha tenido contrincante tras la retirada de Alejandro Toledo, que decidió no concurrir a la ronda definitiva tras las evidencias de fraude en el recuento de la primera vuelta, en la que cosechó un prometedor 40% de los votos.
Las elecciones no han sido legales porque la Constitución peruana, aprobada en 1993, prohíbe taxativamente que una persona ocupe la presidencia durante más de dos mandatos seguidos. Fujimori está en el poder desde 1990 y éste será su tercer mandato.
Las elecciones no han sido libres porque Vladimiro Montesinos, el jefe de los servicios secretos y mano de derecha de Fujimori, ha utilizado el aparato de propaganda del Estado y los medios de comunicación afines para llevar a cabo una campaña llena de golpes bajos y descalificaciones hacia su adversario, al que se ha intentado desacreditar con rumores sobre su vida privada.
Y, por último, las elecciones no han sido transparentes porque los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Centro Carter y de la UE decidieron retirarse hace unos días ante la falta de garantías en la limpieza de los comicios. El recuento de la primera vuelta, que duró casi una semana, fue un modelo de irregularidades y de descontrol. En estas condiciones, la retirada de Toledo parece más que justificada.
Alberto Fujimori, eufórico por la reelección, se jactó ayer de la «alta participación» del electorado peruano. No tiene tampoco motivos para este triunfalismo, ya que el voto es obligatorio en Perú. La multa por no depositar la papeleta en las urnas es de 6.000 pesetas, una cantidad considerable para la gran mayoría de los 14 millones de peruanos con derecho a sufragio.
En estas condiciones, la victoria de Fujimori no sólo no servirá para resolver los graves problemas económicos y sociales del país sino que los va a empeorar. La farsa puede costar muy cara a los peruanos.
