Opinión Internacional

Fujimori en el banquillo

Lima (AIPE)- Desde que se fugó en el año 2000 y renunció a la presidencia del Perú mediante un fax, Alberto Fujimori hizo todo lo posible -hasta ser candidato al Senado japonés- para evadir la acción de la justicia peruana.

Fujimori cometió una grave equivocación cuando salió del Japón y viajó a Chile con el propósito de intentar participar en las elecciones generales del año 2006 en el Perú. De esa forma perdió la protección legal japonesa y permitió que jueces pudieran reclamarlo con mayores probabilidades de éxito.

La tarea, sin duda, no fue fácil. Desde que se inició el proceso de extradición hubo poco optimismo en lograr el objetivo. Luego de la sentencia del juez chileno Orlando Álvarez, que rechazó el pedido de extradición, se perdió la esperanza de que Fujimori fuese juzgado en el Perú.

Durante este largo proceso de reclamación judicial, el gobierno de Alan García mantuvo un gran silencio e inacción casi cómplice. Y es que García desde que fue elegido cuenta con el valioso apoyo del grupo parlamentario de Fujimori y tiene una cordial relación con varios personajes que colaboraron con el gobierno del dictador.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile resolvió a favor de la extradición de Fujimori. En histórico fallo resolvió que el dictador responda por dos casos de violación de derechos humanos (las matanzas de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro de un periodista y un empresario) y cinco acusaciones de corrupción (espionaje telefónico, desvío de fondos públicos, pago ilegal de quince millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos y compra de congresistas).

Se calcula que durante la dictadura de Fujimori se robaron aproximadamente más de dos mil millones de dólares, de los cuales poco más de doscientos millones han sido devueltos al Perú por jueces y fiscales extranjeros. La mayoría de estos fondos fueron repatriados de Suiza -gracias a la fiscal Cornelia Cova- y de los Estados Unidos.

Ahora Fujimori tiene que responder por los gravísimos cargos que se le imputan, por los cuales se pide que sea condenado a treinta años de prisión. El Estado peruano deberá garantizarle un debido proceso y su derecho de defensa. Es decir, igualdad ante la ley como cualquier ciudadano bajo un sistema democrático.

Nadie en su sano juicio desea que a Fujimori se le apliquen los métodos autoritarios que él y Vladimiro Montesinos utilizaron contra sus adversarios, pero tampoco se debería admitir en su favor una situación de privilegios penitenciarios, como los que el presidente Alan García le estaría otorgando.

Sin duda, la resolución del Poder Judicial chileno que permitirá el enjuiciamiento de Fujimori es importante para el Perú y para toda América Latina. Se trata de una importante lección en la lucha contra la corrupción y las dictaduras -como las de Fidel Castro y Hugo Chávez- que lamentablemente aún subsisten en nuestra región.

___* Abogado y consultor peruano.

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