Golpe de dados
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La gravedad de una ruptura definitiva del proceso de negociación con
los paramilitares pone en riesgo no sólo condiciones individuales de
quienes están involucrados con esta organización sino la relativa
estabilidad lograda durante estos últimos años en materia de
gobernabilidad. Y no deberíamos creer que las declaraciones de Báez o
los argumentos del gobierno para retener a los comandantes en Itagüí
sean resultado aleatorio de estados anímicos variables.
En toda negociación de conflictos de poder la primera línea a tomar en
cuenta es el cálculo estratégico, como lo ilustra Michael Walzer en
sus concisos análisis sobre la guerra. Que el gobierno ha incumplido
acuerdos es evidente; que los paramilitares en la Ceja dieron señales
de riesgo para comprometer el proceso también es de suponer. Sin
embargo, este proceso debería poder reconstruirse con fundamentos de
negociación política y plenas garantías entre las partes.
Los negociadores tienen diversas opciones para confrontar posibles
soluciones. Una opción con muy poca imaginación es dejar las cosas tal
y como están. Si las partes tienen interés genuino en resolver
diferencias existe una variedad de mecanismos alternativos de
respuesta a las crisis causadas por este dilema. Una primera salida
consiste en reconducir la esfera política del proceso, deteriorada
porque se sobredimensiono la judicialización de casos que han
involucrado a algunos políticos con el paramilitarismo.
El gobierno no debería asumir que la contraparte llegó a la
negociación rendida, o que los comandantes sean menores de edad. La
negociación debe poder reestablecer su alcance político. Y la esfera
política de la negociación debería estimar por sobretodo el respeto
riguroso de acuerdos, que tienen que ver parcialmente con las
condiciones materiales de estadía de la contraparte. De paso, es
necesario que el gobierno no confunda la negociación política con los
casos de judicialización paramilitar de políticos cercanos. Esta
confusión de la esfera judicial y la política en la negociación ha
sido perjudicial.
Lo anterior induce una segunda posibilidad del gobierno: resistir a la
contraparte por medio de maniobras de chantaje implícito como la
extradición. Una figura coactiva que, como lo subraya López, debería
emplearse únicamente bajo condiciones sui generis. Uribe se equivoca
cuando confunde a los comandantes con delincuencia común. Y si Báez
argumenta que la ruptura de diálogos con el gobierno no está
directamente relacionada con la amenaza de la extradición, sino con la
suma de factores de incumplimiento del gobierno y los juegos
coyunturales de la parapolítica, deberíamos escucharle.
Por esto la respuesta inmediata del gobierno, en el sentido de que el
proceso de negociación culminó, y lo que sigue son acciones de los
jueces y fiscales para procesar a cada paramilitar es una falacia. Las
nuevas condiciones de hecho sugieren tomar en serio el mantener los
diálogos con los comandantes paramilitares. Tanto por la seguridad e
integridad de estos y sus familias, como por los riesgos implícitos
que tenemos de una degradación violenta realizada por mandos medios y
asesinos que están en la retaguardia, como Vicente Castaño.
Es naturalmente deseable que las negociaciones y los diálogos permitan
una reestructuración de fondo sobre este proceso. Y el Estado como las
instituciones de Justicia debería poder obrar dentro de condiciones
normales. La sociedad debe contar también con las garantías para
conocer toda la verdad. Y el gobierno tiene la responsabilidad de
superar estos dilemas y estar por encima de juegos estratégicos
personales. Porque los riesgos son demasiado elevados. Que la salida
conduzca hacia una rampante y vergonzosa impunidad o que se desaten
los enemigos del Leviatán. Este si es un verdadero dilema.
