Hablemos de UNASUR
En la Cumbre Energética celebrada el pasado mes de abril en Margarita, comenzó a perfilarse la hoja de ruta que habrán de recorrer los gobiernos de los doce países Sudamericanos para la conformación de la Unión de Naciones de América del Sur. Los primeros pasos ya fueron dados con la designación del Ex Presidente ecuatoriano, Rodrigo Borjas, como Secretario Permanente; en tanto que pronto deberá ser convocado el Consejo de Representantes Gubernamentales, con el propósito de iniciar las negociaciones orientadas a la estructuración del Tratado de creación de UNASUR. Esa compleja tarea es, precisamente, lo que motiva este nuevo trabajo sobre esta materia, al igual que lo hiciera mi colega y amigo, Oscar Hernández.
La negociación de un Tratado, como es de suponerse, representa un gran desafío para las personas encargadas de desarrollarlas; ese desafío será aún mayor, en la medida en que sea necesario consensuar criterios en torno al tratamiento de problemas que son comunes y que exigen una respuesta conjunta por parte de doce países cuyas sociedades se caracterizan por una muy alta heterogeneidad, no solo de origen y costumbres, sino por su composición étnica, sus expresiones culturales –incluyendo las lingüísticas- y que cuentan con gobiernos, democráticos sí, pero con orientaciones políticas no necesariamente coincidentes entre si.
Reconocida esa condicionante de las negociaciones, aunque superable, igualmente, por la voluntad política que anima a los gobiernos, UNASUR deberá constituirse en un movimiento múltiple y flexible capaz de atender conjuntamente requerimientos de distinta naturaleza, para lo cual tendrá que dotarse a las instancias institucionales que se generen en su entorno, de un conjunto de instrumentos y mecanismos que les permitan dar respuestas oportunas a las exigencias de los países participantes. Ese movimiento, para tener viabilidad, deberá fundarse sobre la bases de varios principios, siendo el rector de ellos, la solidaridad acompañada de la equidad, la cooperación, la complementariedad, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.
La consideración de estos principios en el Tratado marcará la pauta para el diseño de los mecanismos e instrumentos que deberán ser puestos en práctica, de manera tal que los beneficios derivados de la Unión puedan permear a todos los estratos de las sociedades y no limitarse al reparto inequitativo de los subsidios tributarios y aduaneros a favor de las empresas transnacionales y las burguesías nacionales, como ha sucedido con los esquemas de integración ensayados hasta ahora. En consecuencia, el instrumental de UNASUR dependerá, fundamentalmente, de la solidez de la voluntad de los estados y de las sociedades involucradas de acometer un amplio esquema de cooperación en una diversidad de ámbitos que sienten las bases de una verdadera interrelación, a distintas velocidades, conforme a las capacidades de cada uno de los países participantes.
La multifuncionalidad derivada del desarrollo de acciones en diversos sectores, le concederá el carácter político inherente a todo proceso unitario. Contrario a lo sucedido en el pasado, en UNASUR los aspectos comerciales serán la fuerza resultante del esquema de cooperación que se establezca y no el elemento rector del proceso como se concibió tradicionalmente. A partir de esa concepción, queda develado el sendero hacia la adopción de los criterios para orientar el establecimiento de este nuevo esquema.
Un proceso entendido de esa forma, obliga a priorizar tres ámbitos de acción como ejes de su proyección en el mediano y largo plazo: El primero, y fundamental, es el social. Si efectivamente se pretende que la unidad regional contribuya eficazmente a potenciar los esfuerzos nacionales desplegados para promover la inclusión social, será necesario prever que el esquema de cooperación se caracterice por tener como sujeto y objeto de todo su desenvolvimiento al ser humano. Por tanto, la salud, la educación y la cultura tendrán que constituirse en las materias determinantes del movimiento unitario de la región.
En el plano económico, la prioridad será la de acometer aquellas acciones que, progresivamente, conduzcan a reducir las heterogeneidades de las economías nacionales, para lo cual será fundamental el uso intensivo, extensivo y racional de los recursos naturales disponibles en la región. De esta manera se podrá promover una efectiva complementariedad entre las economías nacionales sustentable en el tiempo. Esa sustentabilidad deberá manifestarte en dos aspectos básico para el desarrollo de la región: la garantía de disponibilidad de esos recursos en condiciones de equidad para todos los países, por una parte; y la preservación y conservación del medio ambiente, por la otra.
El tercer ámbito radica en los mecanismos para establecer una efectiva cooperación política que, a su vez, deberá proyectarse en dos planos convergentes entre sí y que conjugados con los anteriores signen el perfil de la entidad suramericana como sujeto actuante en el contexto internacional. Esa cooperación política requerirá, en plano interno, la instrumentación de políticas tendentes a actualizar el concepto de seguridad y defensa de la región, así como para contribuir a superar, o postergar definitivamente, algunas hipótesis de conflictos aún latentes en la zona. Complementariamente, exige la previsión para adoptar una política exterior común, con la finalidad de orientar la acción externa conjunta.
Ahora bien, la viabilidad de todo ello podrá cristalizar en la medida que el Tratado prevea, por una parte, un adecuado tratamiento a las asimetrías de desarrollo que separan a los países. Para esos efectos será indispensable decidir, primero, en torno al ámbito geográfico que abarcará ese tratamiento; y, segundo, la forma que adoptará el esquema de cooperación para hacerlo efectivo. Sobre este último aspecto, no podría ignorarse la experiencia acumulada en el marco de los esfuerzos de integración llevados a cabo en la región. La consideración de las asimetrías no podrá limitarse al establecimiento de plazos diferenciales para el cumplimiento de compromisos, como tampoco podrá simplificarse a través de un programa de apoyo desarticulado de las políticas nacionales de desarrollo global o regional según corresponda.
Por otra parte, es requisito indispensable involucrar a la totalidad de los grupos sociales en el desarrollo del movimiento. Ya no se trataría de los tradicionales esquemas de participación empresarial y laboral que se han instrumentado en los acuerdos de integración conocidos hasta ahora, sino de vincular a las poblaciones, en sus diversos estamentos, en el debate, la ejecución y beneficios de los programas que se desarrollen, que verdaderamente se sean copartícipes del movimiento unitario. Ello implicará prever mecanismos no solo centralizados, sino que deberán preverse instrumentos que atiendan diversos requerimientos en zonas geográficas adecuadamente delimitadas.
No sería completo el análisis si no se consideran dos aspectos de vital importancia para asegurar el normal funcionamiento de UNASUR: El primero se refiere a la vinculación entre ella y los procesos de integración de carácter bilateral o subregional vigentes en la región, en especial, en lo relacionado con el intercambio de bienes y servicios, así como el libre tránsito de los factores de producción. Recurrentemente se han constatado los obstáculos que se enfrentan para multilateralizar esos procesos, lo cual parecería indicar la necesidad de mantener esos procesos hasta tanto y en cuanto sean absorbidos por la dinámica del nuevo movimiento; en tanto que éste podría, en forma progresiva, asumir el rol negociador para el establecimiento de compromisos en algunas materias, sobre todo, en aquellas vinculadas con las áreas sociales.
El otro tema que deberá ser considerado de manera especial es el de la vinculación de Guyana y Surinam con las demás naciones. Como lo mencionamos al comienzo, las sociedades sudamericanas se caracterizan por su heterogeneidad, lo cual cobra especial relevancia al incorporar en el análisis las sociedades de esos dos países que, adicionalmente, rigen su actividad económica bajo la normativa de la Comunidad del Caribe (CARICOM), proceso en el cual no participa ningún otro de la zona.
Como puede apreciarse, el Consejo de Representantes Gubernamentales tendrá ante sí un reto de gran envergadura, aunque el mayor desafío será el de responder a las expectativas que se han generado en las poblaciones con la creación de este movimiento unitario de Sudamérica. Para el cumplimiento de su cometido, deberán contar con el total respaldo y confianza de los Jefes de Estado para arribar a un consenso que atienda cabalmente las necesidades de las grandes mayorías
