Opinión Internacional

Haití: Lavalas, a siete años del retorno

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde aquella fecha del 15 de octubre de 1994, marcada por el regocijo popular que acogió al Presidente Jean Bertrand Aristide cuando regresó a Puerto Príncipe, luego de la intervención de las tropas norteamericanas. Así terminaron tres años de exilio del presidente constitucional, en Caracas y Washington, luego del sangriento golpe de Estado de septiembre 1991, que tuvo un saldo oficial de 5000 muertos. En las calles se decía que «el huevo retornó al nido de la gallina».

En los círculos cercanos al poder, se estima que el país ha realizado progresos en los campos político y económico. Se evoca principalmente la transmisión sin tropiezos del poder entre dos presidentes electos y avances en la construcción de infraestructura en el plano de las carreteras y el sector salud. Esta apreciación contrasta con las opiniones recogidas, por ejemplo, en Cité Soleil, el mayor barrio popular de Puerto Príncipe, bastión del presidente. El 15 de octubre 2001, por primera vez desde 1994, la muchedumbre enardecida gritó «Abajo Aristide». Pancartas con el imagen del presidente fueron quemadas en una manifestación de protesta contra la brutalidad policíaca. «No hemos votado por Lavalas (en 1990), resistido al Golpe de Estado, realizado lo del 1996 (toma de funciones del presidente René Preval) y lo del 2001 (regreso al poder de Aristide) para cosechar el
abandono y la muerte», declaró un joven.

Política: el pueblo entrampado

Durante los últimos siete años, la realidad política del país se ha modificado sustancialmente. Alianzas de ayer que habían llevado a Aristide al poder y contribuido al regreso al orden constitucional se han desarmado y reconstituido, tomando en cuenta los antiguos duvalieristas asimilados a la extrema derecha. Estos últimos se encuentran tanto en el campo de Fanmi Lavalas, el partido en el poder, como en el de la Convergencia Democrática, agrupación de 15 partidos de oposición, entre ellos las Organización del Pueblo en Lucha (OPL).

En lugar de contribuir a sanear la situación, las diferentes elecciones legislativas y locales organizadas en el país desde hace cinco años han reforzado, más bien, el bloqueo y la lucha acérrima para ocupar puestos de poder. Es el caso de las elecciones legislativas y locales del año 2000, hasta ahora cuestionadas. Quince misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití no han podido limar los antagonismos.

Al analizar la situación actual, el agrónomo Stephen Phelps, quien ha laborado durante los últimos 15 años para construir organizaciones campesinas y juveniles, no esconde su amargura. «El pueblo está entrampado entre la comunidad internacional y sus títeres locales», estima. Él no hace ninguna diferencia entre «los
populistas en el poder» y la Convergencia Democrática. Phelps critica la ausencia de visión, del un lado como del otro. Califica a toda la clase política de «verdaderamente inmoral». «Da vergüenza constatar que hay una constante entre la época del golpe de Estado y el período actual: siempre vienen los emisarios
extranjeros a Puerto Príncipe para pasar órdenes. Los nombres han cambiado, pero la relación con la comunidad internacional no ha cambiado».

En cuanto a la actitud específica de los detentores del poder, Stephen Phelps cree que éstos «se aprovechan» de la crisis. Tienen «el pretexto de la congelación de la ayuda internacional (500 millones de dólares) para explicar su inercia». De otra
manera, «el poder se vería obligado a poner en obra programas para mejorar las condiciones de vida de la población».

Situación catastrófica, corrupción y desperdicio

El marco político actual de hecho ha favorecido la inacción a nivel del poder en términos de satisfacción de las reivindicaciones populares en el plano socioeconómico. Los logros son pocos: algunas rutas, unas escuelas escasamente equipadas, un programa de reforma agraria que deja a los campesinos insatisfechos.

La Agrupación de Organizaciones Populares Autónomas, una plataforma de cinco organizaciones campesinas, obreras y juveniles, y la Unión Nacional de Normalistas Haitianos (UNNOH) constatan una aceleración del programa de ajuste estructural
desde el 15 de octubre de 1994. De acuerdo con estas organizaciones, «la venta de los bienes del Estado» (alusión a la privatización de varias empresas públicas) ha causado un crecimiento del desempleo (más del 60%), «mientras que el plan de la muerte aplicado por las autoridades, en beneficio de los grandes bancos imperialistas, aumenta la inflación». Sin hablar del aumento de la presión fiscal. De acuerdo con las cifras de septiembre, se estima la inflación en 16% anual.

Las legislaturas sucesivas han ratificado un conjunto de leyes, entre ellas la del retiro anticipado en la administración pública y el nuevo código de inversiones, de manera que se pueda «facilitar la integración de Haití a la mundialización económica», subraya el agrónomo Phelps. Y a pesar del discurso sobre la reforma agraria, dice, Haití importa anualmente cien mil toneladas de arroz de EE.UU., lo cual le convierte en el tercer país consumidor de arroz norteamericano.

Más de la mitad de los productos consumidos en Haití son importados. La deceleración del crecimiento, de por sí muy débil, apenas 1,5%, contribuye a la caída desenfrenada de la Gourde (moneda nacional), que hoy se cambia a 26 por 1, una diferencia de 10 Gourdes con relación a 1994.

Las circunstancias atenuantes del poder Lavalas tienden a deshilacharse cuando las administraciones central y locales se encuentran gangrenadas por la corrupción, que alimenta disputas intestinas en el seno del partido de Aristide. Casi cada semana un nuevo escándalo: 1 millón 700 mil dólares para comprar una nueva residencia del jefe de gobierno, 1 millón 200 mil para ofrecer una casa al antiguo presidente Preval y desviaciones de varios millones de dólares, entre otros, en la Cámara de Diputados y la Alcaldía capitalina, entre los casos más difundidos en los medios comunicación.

Con ocasión de una ocupación a finales de septiembre, de la plaza Champ de Mars, principal plaza pública de la capital, la Coordinación Haitiana de la Marcha Mundial de Mujeres, que agrupa a 53 organizaciones de mujeres de los nueve departamentos del país, denuncia esta situación. «¡Qué bofetada más grande podemos recibir de la parte del gobierno!» – comenta la Coordinación-, cuando a pesar de las necesidades insatisfechas en materia de alimentación, de educación y de salud «se gastan millones de dólares americanos» en la compra de inmuebles, vehículos para las autoridades y electos de lavalas, como también en la remuneración para el cabildeo en EE.UU. a favor del gobierno de Haití.

Las cifras publicadas recientemente por el Departamento Norteamericano de Justicia registran más de 3 millones 271 mil dólares gastados por el gobierno haitiano durante el período 1997-2000 para servicios de cabildeo. El premio mayor, más de 2 millones 650 mil dólares, recae en el abogado de asuntos americanos, Ira Kurzban.

El reino de la impunidad

En tales condiciones, las organizaciones de mujeres dicen captar la razón por la cual ellas no pueden encontrar justicia, luego de las violaciones sistemáticas que han sufrido durante el período del Golpe de Estado. Persisten en reclamar la instalación de un tribunal especial para investigar estos centenares de casos de violaciones.

Globalmente, en lo que respecta a los derechos humanos, la Plataforma de los Organismos Haitianos de Defensa de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional revelan una degradación de la situación, contrariamente a lo que se observó inmediatamente luego del retorno al orden constitucional.

Numerosas víctimas del Golpe de Estado esperan todavía que se haga justicia, subrayan las organizaciones. Enfatizan en las debilidades crónicas del sistema judicial, sometido a constantes presiones políticas, al igual que la policía. Amnistía habla de «graves amenazas a las libertades fundamentales». Sospechas pesan sobre personas cercanas al poder en el caso de asesinatos recientes, como el del renombrado periodista Jean Dominique, en abril del 2000.

En los mismos medios, se considera como «un caso excepcional» la realización en abril del 2000 del juicio por el masacre de Raboteau, barrio popular de la ciudad de Gonaives, a 170 km al norte de Puerto Príncipe. Cincuenta y tres acusados fueron condenados, de los cuales 33 por contumacia, por el asesinato de varias decenas de personas en Raboteau, en abril de 1994. Se estima que el desarrollo de este juicio comprueba que si tuvieran la voluntad, las autoridades habrían podido llevar a buen término otros expedientes.

La situación general del país representa un reto enorme para lo que queda de los movimientos sociales haitianos, que no cesan de llamar a la «unidad de las fuerzas progresistas» en vista de una «alternativa consecuente» al poder lavalas y a los demás partidos tradicionales. Un trabajo que se hace aún más difícil, reconocen tanto la Agrupación de Organizaciones Populares Autónomas como la UNNOH, debido al desvío de una buena cantidad de organizaciones populares.

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