Honduras merece respeto
La defenestración y subsecuente expatriación del presidente Zelaya por parte de los poderes constituidos de su país sigue generando situaciones más o menos tragicómicas. El último ardid ejecutado por el presidente Zelaya, con la evidente participación del gobierno venezolano, la indudable colaboración de algunos vecinos y la muy probable complicidad de otros insospechados actores que el tiempo se encargará de señalar, para regresar a Tegucigalpa y refugiarse en la Embajada de Brasil, le ha creado un problema de dimensiones imprevistas a éste último, pues Zelaya no se encuentra allí ni como refugiado ni como asilado, ya que no ha solicitado ni se le ha otorgado ninguno de los dos estatus; sin embargo, ha pretendido usar dicha Embajada, con la aparente anuencia de Brasil, como tribuna política desde la cual agitar el país y presionar para lograr su reinstalación en el poder, actividad contraria a la Convención de Ginebra sobre Relaciones Diplomáticas.
Pero, aparte de las consideraciones jurídicas que rodean tan particular situación, hay otros elementos mucho más importantes sobre los cuales vale la pena preguntarse lo siguiente. En primer lugar: ¿Qué puede buscar Manuel Zelaya al forzar su regreso a la presidencia de Honduras cuando sólo faltan pocas semanas para una elección presidencial, que en el mejor de los casos lo situaría como un gobernante con pies de barro, ante unos resultados que con toda seguridad le serán adversos a su tendencia política, como no sea tratar de insistir en sus propósitos? ¿Es que alguien en su sano juicio se puede tragar la rueda de molino de que Zelaya está regresando a Honduras para “restablecer” el orden democrático, cuando fue precisamente sacado de la presidencia por irrespetar a los demás poderes? Y, en todo caso: ¿De cual orden democrático estaríamos hablando? ¿Del orden democrático de un presidente que generó una crisis política monumental por empecinarse en violar la Constitución de su país en su obstinación por llevar a cabo una consulta inconstitucional con la intención de hacer saltar al país al vacío y perpetuarse así en el poder? ¿No deberíamos más bien hablar de fortalecer el orden constitucional que ha puesto en evidencia la inesperada independencia de unos poderes autónomos, los cuales hicieron posible salvaguardar la Constitución e impedir el despropósito de permitirle a Zelaya permanecer indefinidamente en su puesto? Por otra parte: ¿Como queda el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los demás países, cuando es evidente que la parodia en que ha convertido Zelaya su destino es obra directa de varios gobiernos extranjeros? ¿Dónde queda igualmente el principio de la autodeterminación de los pueblos, cuando el pueblo de Honduras se ha amalgamado alrededor de sus poderes establecidos, aguarda la oportunidad de acudir a unas elecciones presidenciales y no ha salido a reclamar el retorno de Zelaya? ¿Cómo es que el Secretario General de la OEA puede esperar todo el tiempo que sea necesario para que en Cuba se restablezca al menos la semblanza de un orden democrático, pero actúa prácticamente como si apagara un incendio al tratar de restablecer a un presidente que nadie parece querer de vuelta? ¿Porqué la OEA se precipita a expulsar de su seno a Honduras de buenas a primeras, pero no mueve un dedo para hacer prevalecer la democracia en otros países del hemisferio donde está en peligro o simplemente no existe? ¿Cómo explicar la posición de los EEUU que pretende supeditar la celebración de unas elecciones presidenciales –la solución más expedita a la crisis- a la reinstauración de Zelaya? ¿Se trata de una sincera preocupación por el acontecer democrático de una pequeña nación, de sentar un precedente utilizando a un pequeño país o más bien de una planificada expiación de los pecados del pasado?
Sobran interrogantes y escasean respuestas sinceras, porque hay demasiados intereses ocultos y contrapuestos en todo esto. El desarrollo de la crisis hondureña ha estado y sigue estando saturado de una muy alta dosis de hipocresía y doble discurso, en medio de una competencia de cinismo y doble moral, tanto por los países del hemisferio, incluyendo los EEUU, como por muchos países europeos, que han quebrado lanzas a favor del presidente defenestrado sin mucha reflexión sobre el trasfondo y el verdadero significado de la crisis política hondureña, lo que va más allá de determinar si hubo o no un golpe de Estado.
El presidente hondureño, hasta ayer hacendado de corte liberal y hoy prodigiosamente fanático del ALBA, que intentó dar un golpe de Estado desde el gobierno mediante el subterfugio de una reforma constitucional para su reelección, expresamente prohibida por la propia Constitución hondureña, fue destituido por los demás poderes del Estado por su terquedad en violar el orden jurídico constitucional y tratar de avasallar a los demás poderes del Estado. Frente al espectro de la propagación de la franquicia bolivariana, el país entero y sus instituciones reaccionaron para evitarlo. Sin embargo, el coro del ALBA -ahora sindicato de presidentes revolucionarios, según Evo- llama a eso un golpe de Estado y cataloga sistemática y curiosamente a las autoridades hondureñas actuales como un régimen militar, cuando todos los demás poderes del Estado se hallan intactos y no hay un solo militar en funciones de gobierno.
Viene siendo hora de que, por defender la democracia, se deje de tratar a Honduras como si fuese un balón de futbol que cada quien puede patear a su antojo. En nombre de esa misma democracia deberían exigirse muchas otras cosas de muchos otros países en este continente, donde no se respetan precisamente los principios más elementales de un sano ejercicio democrático. El hecho de ser uno de los países más pobres y pequeños del hemisferio y de no poseer petróleo no significa que deba ser tratado de esa forma. La igualdad de los Estados es otro principio fundamental del Derecho Internacional que está siendo vapuleado. Ha llegado el momento de dejar a los negociadores y diplomáticos hacer su trabajo sin interferencias ni presiones indebidas. Honduras merece el respeto de la comunidad internacional en este difícil momento de su vida política, circunstancia que también es crucial para el resto de la región.
Afortunadamente, la instalación en las últimas horas de una mesa de diálogo con el apoyo de una equilibrada misión de once países del continente, además de España, y la participación de la OEA y la ONU, constituye un buen paso para allanar el camino hacia la resolución del conflicto político hondureño de manera negociada entre las partes.
