Indulto católico y proceso paramilitar
Las distinciones que este gobierno establece entre la ley de justicia y paz y la nueva ley de indulto aparentemente permiten resolver vacíos de forma dentro del proceso de negociaciones. Pero la verdad es que crea mayores incertidumbres y un alto riesgo de impunidad. Porque tendríamos que partir de una presunción traída de los cabellos, a saber: que cada uno de los 5300 paramilitares que no están sujetos a la ley 975 de justicia y paz pertenece a un mundo sin maldad original, un mundo sin la carnicería hobessiana. Justamente contrario a la inhumanidad natural del criminal que cometió masacres como la del Salado o la de Peque.
Porque creer que la conducta guerrera del paramilitar es indultable sólo porque confiesa no haber cometido delitos de lesa humanidad o masacres durante el intervalo entre mediados del 2005 y el 2006. Y que consecuentemente no es responsable de actos de genocidio o masacres es darle demasiadas largas a la conciencia cristiana católica. La figura del indulto se orienta hacia condiciones judiciales y políticas muy precisas. Que en todos los casos concede que la sedición responde a causales completamente ajenas a una conducta criminal temeraria.
El indultado es contemplado parcialmente como un agente obligado por circunstancias superiores a su capacidad de resistir un estado de injusticia predominante. Y que forzado por estas condiciones toma las armas contra el Estado. Por esto mismo el indulto no puede desconocer todos y cada uno de los factores subyacentes a la conducta indultada. ¿Es razonable suponer entonces que la confesión paramilitar debería comprenderse como un acto de buena fe? Este es un problema central que nos deja ver un conejo en la ley 782.
El otro problema puede comprenderse como síntoma de evidentes vacíos de información. Lo justifica en una declaración el ministro Holguín al asegurar que frente a la inevitable carencia de pruebas o evidencias que comprometan judicialmente a una mayoría de paramilitares lo mejor es descongestionar los procesos, concediéndole a los «paramilitares buenos» la posibilidad de confesarse como almas de Dios. Cree el ministro de gobierno que los «paramilitares malos» no serían tan ingenuos de correr el riesgo de caer atrapados por sus mentiras al confesar «delitos blandos» cuando la verdad cometieron acciones criminales y ordenaron masacres.
Creen, tanto el comisionado como el ministro, que la fiscalía está preparada para afrontar semejante desafío. Los operadores judiciales contarán con una total claridad para diferenciar cada uno de los procesos y determinar en los 5.300 casos cuando la conducta del paramilitar corresponde a un delito de sedición. Sin embargo, tendremos que adoptar frente a ello un principio de realidad. La justicia no cuenta con los elementos de prueba ni la logística que le permita supervisar minuciosamente la información que cada paramilitar declare. Y aún en caso de conseguirlo será imposible valorar las pruebas y comparar declaraciones. Justamente por este tipo de motivos la ley 782 recibirá muchas demandas ante el Consejo de Estado.
A menos que contemplemos el indulto paramilitar como una procesión de confesiones religiosas. Un imaginario cristiano que puede explicarnos mejor cómo concibe este gobierno el proceso con los paramilitares. Una muestra adicional de la moral católica arraigada en nuestra conciencia cultural y política. Porque el comisionado Restrepo no tuvo reparo alguno en calificar la nueva ley de indulto como parte de «la mejor tradición católica ortodoxa». Y es mucho mejor apostar a comprender el proceso de este gobierno con los paramilitares dentro de la economía de los símbolos divinos y sagrados que como fenómeno criminal bajo el Estado de Derecho.
Podemos comprender mejor entonces los argumentos que sustentan una ley de punto final y aceptar que tienen sobradas razones quienes abogan por la aceptación sumisa de altas dosis de impunidad. Pero entonces habremos resignado todos los colombianos el convertirnos en una comunidad católica ortodoxa.
