Opinión Internacional

Injerencia humana vs no intervención

En el umbral del nuevo siglo y nuevo milenio, ciertos acontecimientos internacionales dramáticos y ejemplarizantes obligan a todos los pueblos a reexaminar la noción tradicional de la soberanía absoluta del Estado nacional y el principio de la no intervención.

El ex-dictador chileno, Augusto Pinochet, acaba de ser puesto en libertad por supuestos trastornos seniles, pero regresa a su país como hombre derrotado, desacreditado y condenado por la opinión pública y jurídica del mundo. En la medida en que dichos actos afectaban no sólo a ciudadanos chilenos sino también a los de otros países, dejaban de ser de jurisdicción exclusivamente nacional y se convertían en temas supranacionales. Pero las nuevas corrientes del pensamiento jurídico y político van más lejos: aspiran a que, en el futuro, todo acto de inhumanidad cometido contra nacionales de cualquier Estado, pueda ser juzgado y castigado internacionalmente.

Otro indicio de transferencia de la soberanía del plano nacional al supranacional cuando de derechos se trata, lo constituye la decisión tomada hace poco por la Unión Europea, de aplicar sanciones a uno de sus Estados miembros -Austria- por haber permitido la participación en su gobierno de una fuerza política considerada como xenófoba y complaciente con el fascismo.

Por efecto de ciertos avances psicosociales ocurridos en el mundo, incluido el gran desarrollo de las comunicaciones globales, el tema de la defensa universal de los derechos humanos ha llegado a sobreponerse al afán antiintervencionista, a pesar de que éste también responde a justas preocupaciones por la dignidad de los pueblos.

Bajo la presión de la nueva conciencia humanitaria, la comunidad mundial -representada en primer lugar por las Naciones Unidas- ha venido dando pasos desde 1945 en adelante para dar rango supranacional o universal a la defensa de los derechos humanos y la condena de quienes los violan. El juicio de Nuremberg en 1946-1947, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones basadas en ella, la creación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la constante denuncia y discusión de casos vinculados a este tema, constituyeron importantes pasos iniciales en el sentido indicado. Ya en la década de los años noventa- la supranacionalización de la justicia penal en casos de derechos humanos recibió vigoroso impulso por la creación, bajo la autoridad de la ONU, del Tribunal para Crímenes de Guerra cometidos en la ex-Yugoslavia, y del tribunal para juzgar a los culpables del genocidio de Ruanda. En escala regional -América y Europa- se ha avanzado en el mismo sentido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma cartas en casos de derecho humanitario de cualquier país del hemisferio, sin que se admita la invocación del principio de la no intervención para impedir tales «injerencias».

Contra esa tendencia mundial a la «globalización» supranacional de la defensa de los derechos humanos se alzan las voces de los partidarios de la intervención estricta, tanto de derecha como de izquierda, defensores de la soberanía de los países débiles y en vías de desarrollo.

Señalan, con razón, que el principio de la injerencia en defensa de derechos humanos puede ser deformado tendenciosamente y manipulado por las potencias hegemónicas para fines de presión neocolonialista.

La correcta posición progresista parece ser la que, sin rechazar la globalización, lucha por someterla al control democrático de los pueblos, grandes y pequeños. Esto requiere la defensa y afirmación de la soberanía de los pequeños países, junto con la solidaridad entre el Tercer mundo y los elementos democráticos y progresistas del primero.

Admitir la conveniencia de la supranacionalidad en el enjuiciamiento de violadores de los derechos humanos, no significa renunciar a la soberanía nacional y al principio de la intervención en los demás ámbitos.

Aprobamos el hecho en sí, de que el caso Pinochet haya adquirido carácter supranacional, pero lamentamos que aún no exista la instancia adecuada para ejercer con absoluta legitimidad la justicia que la humanidad espera. En este sentido, debemos apoyar todo esfuerzo encaminado a lograr la pronta aprobación -incluso por los Estados Unidos que se muestran reacios- del acuerdo de Roma sobre la creación del Tribunal Internacional de Justicia Penal. Demetrio Boersner.

Demetrio Boersner Exembajador de Venezuela, doctor en ciencias políticas.

http://www.gumilla.org.ve/sic/Deme.htm

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