¿Intensificar o terminar la guerra contra las drogas?
Con su nueva propuesta ante la legislatura, el gobernador republicano de Virginia, James Gilmore, quiere aplicar penas más fuertes a los consumidores y vendedores de drogas.
Ni el gobernador Gilmore ni nadie puede argumentar que la guerra contra las drogas, iniciada hace ya varias décadas, ha logrado sus objetivos. A menudo, las autoridades anuncian haber logrado decomisar el mayor cargamento de drogas a la fecha, lo cual parece comprobar que la guerra está muy lejos de lograr sus objetivos. Es exactamente porque ha fracasado que ha cada rato oímos propuestas de intensificarla.
El propósito de medidas como las del gobernador Gilmore es disminuir tanto la demanda como la oferta de drogas. Del lado de la demanda, se aspira que aumentando el castigo a los adictos, la demanda disminuya. Y por el del lado de la oferta, el análisis es similar. Se espera que se reducirán las ventas de drogas si los vendedores son amenazados con penas más duras.
Lamentablemente, la posibilidad de confrontar un mayor castigo no suele modificar el comportamiento de los adictos. Entre otras cosas porque no creen que les tocará a ellos ser apresados. Además, la adicción misma los empuja a seguir consumiendo por más que el precio y el riesgo aumenten. Se trata de lo que los economistas llaman “demanda inelástica” porque cambios de precio prácticamente no afectan la demanda.
Duras penalidades del lado de la oferta de drogas tampoco obtienen los resultados deseados porque el precio de las drogas y las ganancias por sus ventas aumentan cada vez que las autoridades logran reducir la oferta con mayor celo en hacer cumplir las leyes. Mayores ingresos inducen a más gente a meterse a narcotraficantes, lo cual logra nuevamente aumentar la oferta. Por eso es que vemos a gente normal y corriente, como empleados de aerolíneas y de los aeropuertos, metiéndose en el negocio ilegal de las drogas.
El aumento en la severidad de las autoridades también tiene una seria consecuencia negativa para la sociedad. Con el fin de conseguir una mayor cantidad de dinero para pagar por drogas, cuyos precios han aumentado artificialmente, el adicto se torna violento, asaltando, robando e hiriendo a personas inocentes. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó sobre algún borrachito atracando o matando a alguien para tomarse una botella de ron?
Entonces, ¿por qué los funcionarios gubernamentales siguen insistiendo en intensificar la guerra contra las drogas? Algunos tienen buenas intenciones. Creen honestamente que sus propuesta lograrán finalmente que gente deje de consumir substancias tan dañinas. Pero no es suficiente tener buenas intenciones, tras décadas de fracasos que han tenido tan negativas consecuencias para la sociedad.
Y hay otra explicación que tiene que ver con el interés personal de quienes proponen aumentar aún más la severidad de las leyes contra las drogas. Los que se benefician financieramente son los narcotraficantes, cuyas ganancias se disparan, y también los funcionarios del gobierno, cuyos presupuestos aumentan y, además, obtienen fortunas con el decomiso de propiedades.
Por ejemplo, el 1998, los fiscales de Chesapeake, Virginia cobraron más de 160.000 dólares en activos de diversa índole, incluyendo 80.000 dólares en efectivo. El botín fue dividido entre el estado, el departamento de policía y los fiscales. Los funcionarios estatales también se quedan con una parte cuando ayudan a la DEA o al FBI en redadas buscando drogas. Esto significó otros 100.000 dólares para Chesapeake.
En el condado de Prince George, Maryland, una investigación descubrió recientemente que el departamento de policía tenía 45.000 dólares escondidos desde hace siete años, con la esperanza de que la legislatura promulgara una ley que les permitiera quedarse con el dinero.
En una sociedad libre, la gente debe preguntarse por qué debe tener el estado el poder de castigar a alguien por conductas autodestructivas. La gente también debe preguntar por qué una larga y fracasada guerra que está corrompiendo a la sociedad debe ser intensificada.
Recientemente el gobernador republicano de Nuevo México, Gary Johnson, hizo un llamado para acabar con la guerra contra las drogas. ¿Cuál de los estados guiará a la nación tomando ese paso? ©
El autor es Presidente y fundador de Future of Freedom Foundation.
