Opinión Internacional

La CDI no es para proteger gobernantes delincuentes

El Artículo 1º. de la Carta Democrática Interamericana (CDI) es tajante y meridiano: “Los pueblos tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Esto significa que la defensa de la democracia no admite ni medias tintas y mucho menos dobles morales. Esa obligación abarca tanto la defensa de la democracia contra golpes de estado que persiguen derrocar a un gobierno democrático como la defensa de la democracia contra jefes de estado que persiguen liquidarla.

Este doble papel de la CDI está claramente confirmado cuando en su Artículo 3º dice que uno de los elementos esenciales de la democracia es el ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho. Por lo tanto, para que un gobernante califique como demócrata no basta con que haya sido elegido sino que debe ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución y a las leyes.

La propia CDI enumera los elementos esenciales que debe reunir un gobierno para que pueda ser considerado democrático: respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, celebración de elecciones periódicas, libres justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular, régimen plural de partidos y organizaciones políticas y separación e independencia de los poderes públicos. También enumera los componentes fundamentales que integran la democracia: transparencia en las actividades gubernamentales, probidad, responsabilidad de los gobernantes, y respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Normalmente las constituciones nacionales contemplan normas, mecanismos y procedimientos para enjuiciar, y eventualmente destituir, a un gobernante que viola o desconoce el estado de derecho. Esto es posible cuando en el país de que se trate las instituciones funcionan normal y eficazmente.

Pero, ¿y si los abusos, las violaciones, los atropellos y las injusticias son cometidos precisamente por quienes deben ser los garantes de la legalidad? ¿Quién protege a los ciudadanos frente a los abusos del poder cuando los órganos que deben cumplir esa función han sido secuestrados por el gobernante? La “ruptura del orden democrático” en un país no solamente ocurre cuando se produce un golpe de estado contra un presidente electo. También se produce cuando un presidente electo atenta contra ese orden democrático. La elección no otorga a un gobernante una patente de corso para sojuzgar y tiranizar a un pueblo.

Esto es lo que ocurre en nuestro país. Tenemos una de las constituciones más modernas y progresistas del mundo, sobre todo en materia de derechos humanos y protección del ciudadano. Pero los órganos que tiene por función proteger al ciudadano y velar por el funcionamiento de la democracia se han convertido en instrumentos de acoso, persecución y violación de los más esenciales derechos individuales. Los ciudadanos nos encontramos en una situación de total indefensión frente al gobernante que mantiene avasallados, doblegados, a todos los demás poderes públicos convirtiéndolos en simples agentes e instrumentos suyos para imponer un régimen absolutamente opuesto a lo que contempla la Carta Magna.

La CDI no fue concebida para contemplar un solo lado de la moneda. Ese instrumento debe ser aplicado en todas las circunstancias en que la democracia se encuentra amenazada o liquidada ya sea como resultado de un golpe de estado contra un gobernante demócrata o de un autogolpe ejecutado por un gobernante electo que en su desempeño se desvió del camino de la democracia. Tampoco puede ser considerado democrático un gobernante que, como el teniente coronel presidente, lleva a cabo un autogolpe progresivo, “por cuotas”, despojando gradualmente a la democracia de esos elementos esenciales y componentes fundamentales de que habla la CDI. Tan golpista es aquel que valiéndose de la fuerza de las armas derroca a un gobernante legítimo como el gobernante que, valiéndose de la legitimidad de origen se dedica, durante el ejercicio del cargo que el pueblo le atribuyó, a liquidar gradualmente la democracia empleando los recurso y mecanismos que la propia democracia ha puesto en sus manos. Sobre todo si el interfecto es un golpista consumado y reincidente como es el caso de quien gobierna nuestro país.

La CDI tampoco fue concebida para cohonestar atropellos y violaciones a la democracia por parte de quien, no conforme con haber llevado a cabo un autogolpe progresivo para implantar una dictadura en su propio país, se dedica a promover el mismo esquema de desconocimiento del estado de derecho en otros países valiéndose de la complicidad de sus gobernantes, como ha ocurrido con Bolivia, Nicaragua y Ecuador. O como ha intentado hacerlo en Honduras donde, afortunadamente, las instituciones democráticas reaccionaron oportunamente y lograron impedir la entronización de un clon del auto – golpista venezolano.

Los pequeños países caribeños que inocentemente han caído en la red de ALBA –que ya dejó de ser “alternativa” para convertirse en “alianza”- deben mirarse en el espejo de Honduras, país que supo verse a tiempo en el espejo de Venezuela. También deben tener presente cómo PETROCARIBE está siendo utilizada como arma diplomática en el caso de Honduras para tratar de forzar la voluntad democrática de un pueblo.

Los demás países de la región incluidos los Estados Unidos deben desembarazarse a tiempo del chantaje verbal del teniente coronel presidente y desvincularse de las irracionales amenazas de intervención militar que profiere para proteger a sus títeres. Es la segunda vez que recurre a esos amagos que afortunadamente no han pasado de ser simples fanfarronadas. Pero tratándose de un personaje que no oculta su naturaleza colérica no puede descartarse que en algún momento ese talante atrabiliario lo lleve a envolver a nuestro país en una aventura militar de consecuencias nefastas.

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