La confirmación de un secuestro

El tema de la gobernabilidad ha sido una de las cuestiones fundamentales que se planteó a partir de la crisis de abril de 2000.

El proceso que se abrió en enero de 2006 buscaba, en palabras de García Linera, resolver nuestro “empate catastrófico” en función de un triunfo histórico que garantizase la gobernabilidad perdida. Se debía reconstituir el Estado a partir de desafíos que tenían dos puntas: el reconocimiento de los pueblos indígenas y su rol central en el corazón de la nación, y la necesidad de cerrar el ciclo del centralismo clásico con las nuevas autonomías. Pero el fallido gasolinazo ha puesto en evidencia la dimensión de la crisis en la que está Bolivia.

El empate no se ha superado. La ilusión era que este gobierno encarnaba el nuevo Estado a partir de personas elegidas del seno de “lo plebeyo”, lo que reconectaba la relación Estado-sociedad. Ambos pasaban a ser una y la misma cosa.

Pero la respuesta al gasolinazo puso en cuestión esa premisa. Algunos intelectuales obstinados pretenden que lo ocurrido el 30 de diciembre fue el triunfo de los movimientos sociales que, a pesar de los errores de un gobierno que se desvía de la ruta por la presión insufrible del mercado, mantienen la firmeza en la defensa del camino de transformación del país. La respuesta, me temo, es bastante más cruda.

La razón para esa protesta no fue ni la claridad ideológica del pueblo ni la supuesta conspiración de la derecha (el presidente y sus acólitos debieran revisar lo que alegaron los gobernantes en octubre de 2003 ante las movilizaciones sociales. Se sonrojarían al comprobar que los argumentos que ha esgrimido para acusar a los “extremistas”

son idénticos). La movilización se produjo porque el tamaño del gasolinazo era intolerable. Lo era no sólo por ser la medida más rabiosamente “neoliberal” que hayamos conocido, sino porque ningún bolsillo popular lo podía resistir.

Pero otra comprobación es más terrible todavía. Demuestra que la construcción de la gobernabilidad no se hizo. El Estado está en manos de los llamados “movimientos sociales”. No cabe aquí discutir si sus causas son justas o injustas, porque hemos comprobado en los últimos años que cualquier “causa” es buena para demostrar poder. El Estado –lo he escrito más de una vez- está secuestrado por esos movimientos que tienen condiciones para neutralizar o derribar gobiernos cuando así lo decidan.

Mi hipótesis era que el gobierno de Morales es el único que garantiza la gobernabilidad, una buena noticia para el presidente pero una mala noticia para los bolivianos. Sin embargo, la situación tras el 26 de diciembre es aún peor. Ni Morales es capaz de garantizar gobernabilidad. Esta se basa en el legítimo derecho del gobierno de administrar el país, conducirlo, tomar decisiones por y para las que ha sido elegido y, eventualmente, tomar alguna que pueda requerir de un sacrificio determinado en función de un bien mayor. No es ciertamente el caso del gasolinazo tal como se lo planteó, pero suponiendo que lo hubiera sido, la medida no se pudo sostener. Las fuerzas que la neutralizaron lo saben, han derrotado al gobierno más fuerte en el periodo democrático iniciado en 1982, producto e hijo de esas fuerzas. Esto obligó al presidente a reconocer que no es todopoderoso (lo que era deseable), que su poder está erosionado y que corre el riesgo de ser atrapado por las propias fuerzas de las que ha surgido, víctima de los métodos implacables que usó cuando era dirigente sindical y líder de la oposición. El circuito perverso continúa.

Me parecía evidente y preocupante a la vez que de darse por cualquier razón una sucesión constitucional, el vicepresidente no estaría en condiciones de garantizar la estabilidad y permanencia del gobierno, igual que un eventual  presidente elegido que no fuera Morales, peor aún si este fuese otra vez opositor. Pero ocurre que ya hoy, la gobernabilidad está en entredicho y nuevamente las calles se adueñan del poder. Es un gran error aplaudir tal cosa si se está en la oposición, o explicarla con argumentos infantiles si se está en el gobierno.

Un país que vive sin orden ni concierto, sin autoridad que se respete ni ley que se cumpla, con la certeza de que a la hora de la verdad lo único que cuenta, desde el gobierno y desde los “movimientos sociales”, es la fuerza bruta e irracional, sin otra justificación que la atrabiliaria subjetividad, prueba algo terrible. No sólo que el

2009 no construimos un nuevo pacto social, sino que el mal se ha vuelto crónico. No era cierto que de lo que se trataba era de derribar el “viejo y podrido sistema”, de lo que se trataba era de un ejercicio atrabiliario de un poder cuya esencia no es otra que el poder mismo al servicio de intereses concretos que pocas  veces representan el interés de las mayorías. El 30 de diciembre coincidió una cosa y la otra, pero fue una circunstancia. La verdad es menos romántica que la causa justa, es que el gobierno, éste incluido, es un simple rehén de un movimiento informe que se mueve en las calles y que hace muy improbable la construcción de una democracia transformadora con instituciones que garanticen lo esencial: igualdad, justicia y bienestar.