La debilidad democrática en América Latina

La trayectoria democrática de América Latina está marcada por la inestabilidad. El panorama pareció cambiar a mediados de los ’80 y comienzos de los ’90 cuando la democracia se restableció en varios países. Sin embargo, al poco tiempo los escándalos de corrupción, las caídas de gobiernos antes de terminar su mandato, los autogolpes e intentos de derrocamientos se sucedieron en distintos puntos del continente.

En el ámbito económico, la implementación de profundas reformas estructurales generó una nueva ilusión de prosperidad y modernización. Pero pese a algunos logros importantes, el desarrollo económico y social de América Latina permanece estancado.

Hoy casi no hay país donde la situación actual o sus perspectivas futuras no sean preocupantes. Muchas democracias están sufriendo graves dificultades políticas, económicas y sociales. Existen muchas razones que explican esta realidad, pero creo que la principal es la debilidad de las instituciones producto de la excesiva personalización de la actividad política y la falta de confianza en ellas, lo que a la larga les resta legitimidad social.

De acuerdo con la última encuesta del Latinobarómetro, un 24% de los ciudadanos confía en su gobierno, un 20% en el Poder Judicial, un 17% en el Parlamento y apenas un 11% en los partidos políticos. Con estas cifras no es de extrañar que hoy Latinoamérica tenga la más baja tasa de participación electoral en todo el mundo.

Estos indicadores son un llamado de atención a los partidos y a la forma en que se hace política. El actual desempeño de los partidos no está a la altura de lo que las personas esperan de ellos y la actividad política produce un sentimiento de apatía. La gente percibe a los políticos lejanos a sus problemas y aspiraciones, con comportamientos erráticos y contradictorios, atraídos más por la farándula televisiva, por la denuncia irresponsable y la acumulación de poder, en vez del debate serio y el estudio de propuestas.

Uno de los grandes problemas de la clase política y de los partidos es que no han entendido el significado de las transformaciones que han experimentado nuestras sociedades. Hoy tenemos una ciudadanía más exigente e informada, que hace valer sus derechos y ejerce sus libertades, y una economía enfocada cada vez más en la acción de los privados. Por eso, los partidos y los políticos deben impulsar, promover y acoger nuevas modalidades de participación social, y buscar nuevas formas de vincularse con la gente para poder cumplir cabalmente su rol de mediador y canalizador de sus necesidades.

También los partidos deben revisar su relación con los gobiernos, especialmente cuando forman parte de él. Los gobiernos deben abocarse a cumplir el programa por el cual fueron elegidos y para ello requieren del respaldo de los partidos oficialistas. Sin embargo, muchas veces estos actúan como si pertenecieran a la oposición, planteando exigencias que los gobiernos no están en condiciones de cumplir o negando su apoyo a las iniciativas del Ejecutivo.

Cuando la actividad política y los partidos pierden credibilidad, comienzan a aparecer caudillos dotados de gran carisma y cuyo discurso consiste en destruir las instituciones esenciales del sistema democrático. Con ellos emergen escenarios neopopulistas que nada tienen que ver con la democracia. Más bien son una versión moderna del autoritarismo de décadas pasadas.

Del mismo modo, es necesario perfeccionar los sistemas electorales. Es dañino que sistemas políticos tan marcadamente presidencialistas como los nuestros permitan que lleguen al poder gobiernos de minoría. ¿Se puede gobernar con el apoyo de sólo el 20 ó 30 por ciento del electorado? ¿Se puede cumplir un programa de gobierno sin mayoría parlamentaria? Esto provoca que muchos gobernantes deban recurrir a la formación de coaliciones amplias, formadas por partidos o movimientos muy heterogéneos que se disuelven ante la primera dificultad.

Pero el desafío más importante es romper el círculo vicioso de la corrupción, uno de los males endémicos en Latinoamérica. Pocas cosas pueden ser más destructivas que una actividad política que no se mueve por la protección y el desarrollo del bienestar colectivo. Una democracia genera nefastas consecuencias si no está fundada en valores éticos que inspiren y orienten la convivencia colectiva.

En una democracia, el Estado debe permitir y estimular la organización y funcionamiento autónomo de la sociedad civil, de manera que ésta se transforme en un efectivo mecanismo de control social de la actividad política.

Las dificultades de gobernabilidad también tienen una variable económica. El último estudio de la Cepal es dramático. Para fines de 2003 se espera que el número de latinoamericanos que viva en la pobreza alcance el 43,9% de la población, es decir, 225 millones de personas, de las cuales 100 millones serán indigentes.

Latinoamérica siempre fue pródiga en ideas, pero vacilante a la hora de concretarlas. Hoy vuelve a ser valedero que en torno a la idea democrática se juega el destino completo de nuestros pueblos.

*Senador DC y ex Presidente de la República (Extracto de su discurso en la Asamblea de Líderes Democratas Cristianos del Mundo, realizada en octubre en Venezuela)

Publicado en el diario La Tercera, Chile